No hay vuelta atrás. La emoción en el pecho todavía se siente: el aborto es ley en la Argentina. Es una conquista de derechos sin precedentes en la historia de nuestro país, que tardó muchos años en llegar y que inaugura un nuevo paso en la senda de la democracia.

La militancia y la articulación deberán ahora poner su atención en la reglamentación de la ley y en su implementación.

“Si esta ley sale vamos a declararla inconstitucional”, amenazó durante su desvelado discurso en el Senado la legisladora Silvia Elías de Pérez. Respecto de estos intentos, la abogada tucumana Soledad Deza refiere: “Los antiderechos o el conservadurismo religioso o los neo conservadurismos políticos tienen una larga trayectoria y experiencia en el arte de judicializar derechos. Recurrir al Poder Judicial para desarticular la legitimidad de un reclamo es un comportamiento reñido con la democracia y el sistema republicano”.

Desde Salta, la periodista feminista Marta César destaca: “La sanción de la Ley 27.610 fue vivida por el movimiento feminista como un enorme triunfo. Sin embargo, en una provincia de matriz reaccionaria y conservadora son muchos los desafíos que se nos presentan. Uno de ellos es desarticular esas viejas prácticas de la derecha, que pretende judicializar las leyes aprobadas democráticamente en el Congreso de la Nación, cuando no les son favorables”.

La abogada especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, analizó en una entrevista a Télam el camino que sigue tras la aprobación reciente de la Ley de IVE: “Se intentará judicializar la ley para obstaculizar su aplicación y, por eso, estamos escribiendo la primera obra jurídica que pretende ser un análisis exegético de ambas leyes -IVE y el programa mil días- desde la triple visión constitucional, civil y penal”. En el mismo sentido, la activista por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Fernanda Fernández, afirma. “Son intentos, siempre hay una amenaza con respecto a la inconstitucionalidad de las leyes que marcan una ampliación de derechos. Pero sabemos también que nuestra Constitución abraza tratados internacionales que bregan por estos derechos”.

También la abogada Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), considera que “la ley que se aprobó es un piso mínimo; a partir de allí hay que garantizar que todas las provincias tengan acceso a los derechos que contempla la norma”, resalta.

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(Foto: Emilio Rappetti/Télam)

El estigma de una ley

Luego de la legalización del aborto, el municipio tucumano de Yerba Buena, que dirige el intendente de Juntos por el Cambio Mariano Campero, puso las bandera argentina a media asta, y seguirá así hasta el lunes 4 de enero. “Es en señal de duelo por los bebés que no van a nacer”, explicó el encargado de relaciones institucionales de Yerba Buena, Javier Jantus.

“El estigma que se genera alrededor de la legalización es sobre todo por el desconocimiento que hay de la ley”, dice Fernández. “Una tarea va a ser poder informarle a la población de qué se trata, para que entiendan que el proyecto no obliga a nadie y que amplía derechos”.

Adriana Enriori, del Colectivo Feminista de Monte Caseros, Corrientes, entiende que se vienen varios desafíos, sobre todo en un provincia también declarada antiderechos. “Tendríamos que tener preparado y capacitado al personal hospitalario para que respete la voluntad de la mujer. El otro desafío es que se implemente tanto la ESI como la ILE. Esta ley es un paraguas protector y nos ayuda a salir de la clandestinidad y hace que nuestra vida sea más segura y plena de derecho”.

Por su parte, Silvina Ramírez, integrante de Socorristas en Red de Corrientes, expresa: “Se necesita un cambio cultural en esta provincia para que la ley no quede en la nada, como fue el protocolo de interrupción legal del embarazo que jamás se aplicó en Corrientes. Durante la pandemia acompañamos 250 abortos. Siempre dijimos: resistimos hasta que sea ley. Ya es ley, pero creo que vamos a tener que seguir resistiendo”, argumenta.

Esta situación se repite en varias provincias del NOA y del NEA. Formosa tiene la mayor tasa de embarazos de niñas entre 10 y 14 años, mientras que el 70% de embarazos adolescentes no son intencionales. “Muchos de esos embarazos precoces, de niñas madres o embarazos adolescentes son productos de abusos sexuales”, explica Beatriz Cravero, activista feminista de Formosa. “Uno de los grandes desafíos es que se cumpla. Por ejemplo, en Formosa no tenemos adhesión al protocolo ILE”, apunta Daniela Carrizo, comunicadora y militante feminista. “La ley salió del Ejecutivo, de un gobierno peronista, por lo que el gobierno provincial no puede hacerse el distraído. Se tiene que implementar y se necesita para eso una campaña informativa fuerte y Educación Sexual Integral”.

Jujuy también es otro desafío para la militancia feminista y para el Estado nacional que deberá garantizar que la ley se cumpla en forma efectiva. “En esta provincia, en enero de 2019 hemos tenido a una niña que la forzaron a ser madre con un rol muy activo del gobernador y el ministro de Salud”, comenta Mariana Vargas, quien hace años representó el emblemático caso de Romina Tejerina, desde Jujuy.

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(Foto: Adrián Lugones/Télam)

Saltando barreras en la salud

Si bien la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir realiza hace cinco años un gran trabajo en los hospitales y espacios de salud, en muchas provincias, las campañas de médicos que anticiparon hacer caso omiso a la ley encendieron una alerta. “Lo primero que debiera hacer el Estado es lograr que en cada centro de atención (de primero, segundo o tercer nivel) esté el misoprostol, que es lo que va a garantizar la realización ambulatoria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En segundo lugar, creo que hay que capacitar al personal de la salud y hacer un relevamiento de que tanto las obras sociales como las clínicas y los sanatorios privados estén en condiciones de brindar esa prestación”, opina Deza.

Vargas afirma: “Vamos a tener el desafío de luchar contra la objeción de conciencia. De todos modos, creo que hay muchas y muchos profesionales que vienen garantizando abortos en Jujuy. El problema que tenemos en la obstaculización en realidad es cuando tenemos niñas, por eso creo que se puede agilizar porque se amplía el acceso dentro de las 14 semanas”.

“Bregamos por ser parte del proceso de creación del decreto reglamentario de la ley, creo que es nuestro gran desafío 2021”, dice Fernanda Fernández. “A nivel nacional hay profesionales comprometidos pero no saben cómo realizar la práctica. Otro tema es la violencia obstétrica, se deben atender todas las amenazas públicas de médicas y médicos que se oponen a la ley. El abordaje debe ser integral”, finaliza la referente de la Campaña. «

La celebración verde

La Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito celebró la aprobación de la Ley que la tuvo como protagonista, luego de 15 años de lucha permanente y la presentación de nueve proyectos ante el Congreso. “Estamos viviendo el momento histórico en que esta lucha se convierte en Ley”, afirman. “Quisiéramos haber pronunciado estas palabras mucho antes: muchas vidas de mujeres y de otras personas con posibilidad de abortar se hubieran salvado. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene a resolver una injusticia: la de los embarazos forzados, la de las niñas obligadas a parir, la de la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos”, expresan.
“Ahí donde había una injusticia hubo organización feminista”, destacan. “Este avance de los feminismos de nuestro país resuena en el mundo como un augurio de libertad y de emancipación. Estamos viviendo la conquista de un derecho y reafirmamos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. La pelea que dimos es por la vida, por la dignidad humana, por la salud, por la justicia social y por los Derechos Humanos”, finalizan.