Con la media sanción en Diputados de la Ley Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” comenzó en la Argentina un nuevo proceso que se enmarca fundamentalmente en la igualdad de derechos pero ante todo, el de reparar una deuda histórica con la comunidad travesti y trans.

“Muy distinto a lo que pasó en otras sesiones ahora se ve la renovación de la línea discursiva, estoy contenta, estamos felices porque hubo mucha altura estuvo muy bien”, dice a Tiempo Argentino, Alba Rueda una de las referentes en la militancia travesti trans y -desde el año pasado también subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad-, luego de la media sanción del jueves 10 de junio.

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-¿Qué sentiste al escuchar los debates esa noche?

– Era la primera vez que después de nueve años volvía a ese espacio a escuchar el debate. Y lo que se escuchaba, parte de esa síntesis era el reconocimiento de muchas diputadas y diputados de que en las bancas también se necesitan personas travestis y trans como voz propia, con las demandas de nuestra población. Fue una jornada histórica para nosotras. Había una presencia de las voces travestis trans imprescindibles como sujetos políticos, la presencia en las voces citadas, nombradas de nuestras compañeras, nuestras hermanas imprescindibles para el movimiento trans trava como claves para nuestro movimiento, Lohana Berkins, Diana Sacayan, por suerte estaba Marlene Wayar entre nosotras. Ya hemos atravesado muchos años de construcción colectiva con el matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la ley de cupo trans en el Congreso.

-¿Por qué es importante esta media sanción a pesar de que ya hay decreto?

-Durante el macrismo no hubo ninguna voluntad de trabajar sobre el cupo trans, nosotras sabemos que hubo muchas resistencias para pensarlo, y no queremos que esto se convierta en una agenda de gobierno sino más bien de Estado. Queremos que la participación LGBT sea parte de esa plataforma de derechos humanos pero que sea transversal como una práctica asentada en la protección de los derechos. Haber llegado a esta sanción es un compromiso y una voluntad de nuestro pueblo porque así lo muestran sus diputades, y queremos que efectivamente el marco normativo se asiente en todas las instituciones que representen la democracia.

-¿Cuál es la historia del proyecto?

-Este proyecto tiene una historia, basada en la demanada colectiva y social en especial de quien la impulsó, Amancay Diana Sacayan. Después se tradujo en un compromiso del gobierno con el decreto pero trabajamos muchísimo para que se triplique la base de trabajadoras y trabajadores trans en el sector público nacional, y nos queda el desafío que se constituya una ley en la democracia, una ley que habla de los derechos de lo que nuestro pueblo necesita. Sería la primera vez que existe una ley afirmativa para la población trans. Todas las descripciones que hemos tenido hasta ahora han dado cuenta de la enorme violencia y desigualdad en que vivimos y frente a eso no teníamos ningún marco normativo que pudiera cuidar o proteger la población trans. Ahora por primera vez en la historia el Congreso de la Nación vota una acción afirmativa para romper esa desigualdad estructural a través del trabajo para el progreso de nuestro pueblo y el acceso de a un empleo formal, justo con condiciones de igualdad. Y que ese trabajo se traduzca en el ingreso, aporte, obra social, integralidades de derechos fundamentales.

-¿Cuál es la situación actual del colectivo, luego de haber pasado un primer y difícil año de pandemia?

-La demanda de las personas trans del año pasado permitió crear nuevos instrumentos que trabajan con la población travesti trans de manera específica, la demanda permitió instalar determinadas estrategias para articular con los gobiernos provinciales. En la prepandemia la mayoría de las provincias no habían entregado ninguna asistencia a las personas trans, que vivimos en situación de mucha pobreza, que no es una pobreza heterocis es una pobreza que tiene que ver con las condiciones de vida de nuestras hermanas. La pandemia mostró esa gran desigualdad y permitió que las organizaciones sociales señalen dónde debíamos ocuparnos y en base a eso trabajamos con todas las organizaciones y con todos los gobiernos provinciales para generar respuestas provinciales a las demandas alimentarias. Ese fue uno de los grandes pasos que las personas travestis trans se encuentren hoy más contenidas en políticas sanitarias provinciales reconociendo su ciudadanía. Somos ciudadanas provinciales y municipales, no sólo ciudadanas argentinas.

-¿Qué respuestas pudo dar el Estado a las demandas del colectivo travesti trans?

-Por otro lado, hubo otro punto y tuvo que ver con el ingreso de las compañeras travestis y trans a las líneas de la economía social, en el programa Potenciar Trabajo donde más de 6000 personas trans se encuentran actualmente en este espacio y eso es fundamental para poder situar una respuesta. Ahí las mayores dificultades que tuvimos es que las personas trans no tenían documento de mayores de 16 o no tenían base de datos en Anses porque no tuvieron contacto con el Estado, ese es el nivel de invisibilización. Y luego fue el decreto 721 de cupo trans, porque a la falta de oportunidades estructurales, la respuesta es el trabajo, la oportunidad y preveé otras dos líneas, una es la formación en el empleo de las personas trans, otra es la finalidad educativa. Eso lo desarrollamos junto al Ministerio de Educación a través del Fines. También salió el programa de apoyo económico para personas trans de fortalecimiento de acceso a derechos donde recibimos un apoyo económico por única vez en el año de salarios mínimos vital y móvil. Son respuestas de compromiso que estamos trabajando con las provincias, lineamientos que criminalizan la prostitución y el travestismos sin descuidar el ámbito de la salud, uno de los ejes fundamentales en este trabajo.

-Con tantos años de militancia, ¿cómo vivís tu lugar hoy como funcionaria?

-Tengo el privilegio de la vida para testimoniar que las personas travestis trans mayores de 40 años hemos vivido un tipo de violencia inaceptable para cualquier democracia, para cualquier sociedad. Es absolutamente tremenda la cadena de violencia que vivimos, y vemos cómo se instaura en nuestras vidas y cómo se desarrolló, a través burlas, insultos, pero a través de la gran ausencia de defensores de nuestros derechos. Nuestras familias preferían un hijo chorro antes que un hijo puto y eso fue una marca de toda una serie de generaciones pasadas donde el Estado no tenía una respuesta sino más bien políticas de criminalización. Tenemos un recorrido largo de las violencias, hay que reconocer el espacio de construcción colectiva como lo significó para nosotras el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo en Buenos Aires. Es el inicio de un espacio de reparación histórica pero también de asumir nuestras agendas en las plataformas que corresponde. En esto, tengo el privilegio de estar en esta secretaría, pero se traduce en una gran responsabilidad histórica, el de estar haciendo cosas que te gustan para mejorar la respuesta del Estado hacia la población LGBT y en particular de las personas travestis trans. Es una gran responsabilidad que se rompa ese horizonte de desigualdad estructural que hay nuestras vidas, tienen que ver con las condiciones en las que desapareció Tehuel, buscando un empleo; también tiene que ver con el cuidado y protección de nuestras vidas para no morir a los 30 años cuyo factor determinante es la responsabilidad del Estado. El paso del cupo es una herramienta importante de un debate colectivo pero necesitamos modificar las lógicas del Estado, salir de esas miradas binarias, heterosexista, esas miradas que desigualan y cambiarlas estructuralmente.