Un Tribunal de la ciudad fueguina de Ushuaia condenó a prisión perpetua a una mujer de 25 años que mató a puñaladas a su expareja cuando éste la estaba agrediendo con un cuchillo.

El pronunciamiento del Tribunal fue mucho más severo que el requerimiento del fiscal de juicio, Eduardo Urquiza, quien había pedido que la acusada Gina Eliana Cárdenas fuera condenada a 8 años de prisión. Se trataba del mínimo previsto para el delito de homicidio, porque consideraba que, si bien no hubo legítima defensa, existieron circunstancias extraordinarias de atenuación debido a la violencia -no física- que su expareja, Alejandro Ramón Báez, ejercía sobre ella.

El veredicto condenatorio fue dictado a primera hora de la tarde del viernes por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

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Durante los alegatos, el fiscal Urquiza consideró que durante las audiencias quedó probado que Cárdenas apuñaló y mató a Báez durante una discusión. Por eso pidió que sea condenada por “homicidio agravado por el vínculo”.

Desechó el reclamo de la defensa de Cárdenas, acerca de que el crimen se cometió en el marco de una “legítima defensa”, aunque admitió que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”, en este caso vinculadas a la violencia de género que sufría.

“El fiscal en un alegato sumamente contradictorio pidió ocho años porque planteó como atenuante la violencia de género que sufría Gina, pero dice que no está acreditada la violencia física, sí el hostigamiento”, dice a Tiempo, Lucía de la Vega, coordinadora jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde la defensa de la mujer se esperaba una absolución. El jefe de Defensores Públicos de la provincia, Gustavo Ariznabarreta, insistió en su alegato que Cárdenas actuó en el marco de la “legítima defensa” de ella y de su hijo por nacer, ya que estaba embarazada al momento del hecho.

Urquiza entendió que la situación de “control” a la que era sometida la mujer por parte de su pareja, así como la “celopatía”, el “control de su disponibilidad de dinero e incluso de sus relaciones afectivas” eran suficientes para configurar el estado de «violencia de género que justifica la atenuación extraordinaria de la pena”.

El caso Gina Cárdenas

Durante su declaración ante el tribunal del juicio en lo criminal de Ushuaia, Gina Cárdenas relató durante 50 minutos lo que sucedió esa noche del 13 de noviembre de 2021, en que Alejandro Ramón Báez la atacó y terminó asesinado.

“No sé qué pasó. Me agarró del cuello y me di cuenta que ya no le importaba ni su vida ni la mía ni la del bebé. Lo empecé a golpear. Me estaba defendiendo y defendía a mi bebé. No sabía lo que iba a pasar”, dijo la mujer ante los jueces.

La mujer también explicó detalles de su infancia conflictiva, con internación en hogares de menores, situaciones de violencia y consumo de alcohol y drogas, hasta la relación con Báez que se tornó problemática debido a sus celos y los episodios de agresión verbal y física.

La madrugada del hecho la pareja de Cárdenas le revisó su celular y, cuando encontró que le llegaban mensajes, comenzaron a discutir. Báez ya estaba enojado porque la mujer se resistía a beber cerveza, dado que estaba embarazada.

“Me cansé. Le dije que no tenía por qué seguir viviendo así, y que me iba. Él no quería así que cuando salió de la habitación cerré con llave y empecé a armar una mochila con mis cosas. El volvió, pateó la puerta, quiso abrir con otra llave. Yo le pedía que me dejara irme”, describió la mujer entre sollozos. Después señaló que, con la mediación de la dueña de la casa, a quien despertaron los gritos, le abrió la puerta a Báez, quien “se me tiró encima en la cama. Traía un cuchillo y repetía que me podía ir, pero antes tenía que matarlo”, indicó.

También mencionó que ella le reclamaba su billetera, porque ese día había cobrado el sueldo y él se la había sacado y le decía que “seguro esa plata no la ganaste en el trabajo, sino acostándote con otros hombres”.

“Puso el cuchillo en mi mano. Yo le decía que no quería lastimarlo, pero empezó a hacer presión sobre mi cuello. No sé qué pasó”, insistió la imputada, quien si bien fue detenida el mismo día del hecho y permaneció unos meses en prisión a pesar de estar embarazada, llegó a juicio con arresto domiciliario.

La versión fue acreditada por los vecinos quienes confirmaron que ella le pedía a su agresor que se fuera y se negaba a abrirle la puerta. La dueña de la casa, quién medió para que Gina abriera la puerta porque temía que el agresor rompa la casa, no declaró porque se sentía mal físicamente.

La falta de perspectiva de género

Los fundamentos del tribunal estarán disponibles recién el 30 de septiembre. Desde las organizaciones que acompañaron a Gina hubo una gran sorpresa pues se esperaba la absolución de la mujer.

“Plantear como atenuante la violencia y decir que se requiere violencia física… El agresor estaba con un cuchillo, ¿qué estaba haciendo él? Nos encontramos con un fallo aberrante porque no sé los fundamentos. Esperábamos absolución porque no hay mucha vuelta. El artículo 34 inciso sexto del Código Penal ‘repeler una lesión ilegítima, la proporcionalidad del medio en el que ella se defiende, un tironeo en el que el Tramontina le ingresa a él”, dice De la Vega.

“Esto es no entender el contexto de violencia porque hay testimonios que acreditan que ella estaba golpeada. No sé qué se pretendían, que ella esté muerta. Porque había hostigamiento, violencia económica, había situaciones en que no la dejaba salir de la habitación. Sin embargo, se planteó todo eso como un atenuante y no plantearlo como que se estuvo defendiendo en ese marco de la misma relación violenta, no sabemos aún los fundamentos una condena perpetua. Y una condena perpetua a una mujer que se defendió de una situación de violencia”, resaltó.

Respecto al transcurso del juicio, De la Vega dijo. “Este mismo tribunal es el que estando Gina con 38 semanas de embarazo no le daban la domiciliara. Es el mismo que la quería pariendo en la cárcel. Ella ahora está con su niñito muy pequeño y su hija de seis años, pero ese el mismo tribunal que le negó domiciliaria”.

“Estamos absortas ante un fallo tan legítimamente injusto, el Estado estuvo ausente y cuando aparece lo hace para criminalizarlo”, destacó De la Vega y agregó, “hay un desconocimiento total del fenómeno de la violencia, de los contextos y aplican de forma ficticia lo que son los tratados de derechos humanos y las normas”.

“Esta condena ¿qué mensaje quiere dar? ¿Que las mujeres no tienen que defenderse?”, se pregunta la abogada.

«La justicia tiene que aggionarse»

La organización La hoguera feminista acompañó a Gina durante este proceso. “Venimos acompañando a Gina para que este juicio se diera con perspectiva de género. Estamos todas con mucha bronca, esto explica por qué exigimos reforma judicial feminista. La justicia tiene una mirada patriarcal, sigue estigmatizando a las mujeres y eso se tradujo en forma clara en esta cadena perpetua”, manifestó a Tiempo Ayelén Martínez, integrante de la organización.

«La defensa de Gina y organizaciones feministas y organismos de derechos humanos acompañaron este juicio y estaban planteando esta situación de violencia de género y la legítima defensa de Gina», agrega la mujer. «Es indignante pensar que no hay una perspectiva, hay una condena perpetua por sus antecedentes también que fueron de robo. Falta perspectiva y falta entender que la violencia de género existe y no son sólo los golpes, si no mucho más», agrega.

«Es toda la situación de vulnerabilidad que estaba atravesando Gina no sólo con su pareja actual, sino en su recorrido de vida, signada por la violencia y signada por las ausencias del Estado», afirma Martínez y agrega que la relación era violenta, de control, de manipulación, de violencia económica, enmarcadas en la ley 26485.

«La justicia tiene que aggionarse, los tiempos han cambiado. La perspectiva de género tiene que traducirse en la justicia y sus fallos. Veo un tribunal con tres varones condenando a una mujer de 25 años a cadena perpetua. Hay que pensar si con los varones tendrían la misma vara. Hay tantas situaciones de casos de violencias, hasta de femicidios, donde se plantean atenuantes».

La activista también recordó que este tribunal compuesto por tres varones quiso llevar adelante el juicio cuando Gina estaba cursado en meses avanzados su embarazo.

El caso fue seguido de cerca por organizaciones feministas y de derechos humanos que apoyan la posición de Cárdenas, entre ellas la Asociación Pensamiento Penal, cuya representante, la abogada Indiana Guereño, sostuvo que “Gina se defendió de su agresor, que la agredió no sólo ese día sino días anteriores”.

Al juicio asistieron representantes del movimiento Ni una menos, como la dirigente del sindicato docente Florencia Villarreal y hasta la exgobernadora fueguina Fabiana Ríos. Cárdenas, detenida el mismo día del crimen, llegó a juicio con el beneficio de prisión domiciliaria otorgada por el tribunal porque cursaba un embarazo y dio a luz a una niña.