Que el derecho a decidir sea para todas las personas gestantes es una de las luchas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito y de las redes que la integran.

Una de ellas, la Red de Católicas por el Derecho a Decidir quien junto a la organización ARETEDE y la radio Comunitaria La voz indígena, elaboraron Cuerpos y libertades, una colección de materiales gráficos y sonoros que adaptan sociolingüísticamente los derechos sexuales y reproductivos a lenguas originarias. Hecha por y para mujeres y disidencias sexuales indígenas, la propuesta en idiomas wichí, guaraní, toba y chorote alienta la toma de decisiones informadas.

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 “Nos costó mucho este trabajo. La cartilla nos costó porque tenemos que buscar a quienes quieran hablar, porque antes nuestra intimidad quedaba guardada y ya no queremos que nos pase lo que les pasó a nuestras abuelas o madres; queremos que nuestros hijos y nietas vivan bien porque nuestro cuerpo es sagrado. En nuestra comunidad, las que más sufrimos somos las mujeres. Y todas las hermanas tenemos ese mismo problema. Y no somos diez, somos miles. Somos nosotras las que decidimos cuándo y cómo es el momento de cada cosa», expresó Felisa Mendoza (directora de ARETEDE) durante la presentación que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

De la presentación, coordinada por la periodista Ana Cacopardo, participaron Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la misma cartera; Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Coordinadora de relaciones políticas e institucionales; Pate Palero, directora ejecutiva de CDD; la socióloga feminista Dora Barrancos y Mónica Menini, coordinadora de cabildeo de CDD y de la Colección Cuerpos y Libertades.

Cuerpos y libertades es una herramienta fundamental para la igualdad de derechos y el acceso a la salud sexual y reproductiva. El trabajo comenzó a idearse y realizarse por la Red de Católicas ante la cantidad enorme de situaciones de vulnerabilidad y falta de acceso de las comunidades a la salud. Luego se aprobó la ley y tras el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de Salud pudieron convertirlo en realidad.  

-¿Cómo nace la inquietud?

– Salta es la provincia con la mayor diversidad étnicas de la Argentina, y la zona de Tartagal al norte, la zona que linda con Bolivia es donde hay la mayor cantidad de etnias, y las que participaron de esta herramienta vienen hace muchos años trabajando y trabajan especialmente con mujeres. Les pedimos que empecemos a trabajar en derechos sexuales y reproductivos. Todavía no teníamos ley, sólo la interrupción legal. Una vez que tuvimos ley, trabajamos específicamente en la adaptación lingüística de protocolos que tienen resolución del Ministerio de Salud de la Nación.

-¿De qué se trata Cuerpos y Libertades?

-No es una cartilla como cualquiera otra que habla de salud sexual y reproductiva. Se trata de una adaptación sociolingüística, no una traducción académica. No fue sentarse y traducir a lenguas nativas lo que está escrito en castellano. Este trabajo fue a partir de “ vamos a leer la ley 27610”, “vamos a leer el protocolo”. Ese es el trabajo que se hizo, además, fue llevar el debate dentro de las comunidades. Fue poder conversar sobre estos temas que son muy grandes, por un lado, la interrupción legal del embarazo y, por otro lado, el protocolo de las víctimas a violaciones.

-¿Cómo se realizó esa “bajada” en términos de salud?

-Hubo talleres, allí se trabajó mucho con las lideresas que hablan en sus idiomas nativos. También hubo un apoyo de médicas y de otros profesionales para dar esos talleres y explicar todo aquello que es muy difícil de entender cuando las palabras son técnicas. En lo que es la adaptación lingüística, también fue un esfuerzo porque hay palabras del castellano que no se pueden traducir tan directamente en otras lenguas.

Todo lo que está escrito en castellano en los protocolos, se resignifica con la cosmovisión de nuestras compañeras, con sus conocimientos de las medicinas ancestrales, con su mirada sobre estos temas. Entonces, el producto que tenemos en la mano que es bellísimo pero es mucho más importante el proceso previo para llegar a este material.

-¿Cuáles fueron los debates que surgieron dentro de las comunidades respecto al aborto?

-Lo mismo que en todas las otras comunidades. El tema es un debate en nuestra sociedad, hemos logrado la ley y es muy interesante encontrarse con compañeras que dicen “para mí no quiero, no lo haría sin embargo entiendo que es un derecho en nuestra sociedad”. Y que todo aquello que quiera tomar ese derecho o acceder a esta práctica porque es su decisión tiene que tener garantías de salud, que siempre son un gran tema para las comunidades originarias que tienen bastante vulneradas esas garantías. Y esta, que es una más de las posibilidades de garantizar salud que fue muy aceptada. Si se hizo fue porque no lo hicieron blancas profesionales, lo hicieron mujeres indígenas, lideresas en su comunidad. Lo que trae también una experiencia de lo que llamamos los feminismos, cómo el propio movimiento se revisa, mira hacia adentro, incluye otras voces, otros debates dentro del feminismo y los pone en práctica. Todo lo que definimos dentro del feminismo como interseccionalidad la entendemos y la ponemos en práctica.

-¿Cómo fue el encuentro con esta herramienta ya lista después de todo este proceso?

– En esto que le llamamos colección, porque también tiene audios, tiene los consentimientos informados también en audios en wichi, guaraní, toba y chorote hasta ahora y queremos avanzar con otras lenguas. Destaco lo del consentimiento informado que es sustancial para llevar adelante la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo que debe constar de la historia clínica. El consentimiento informado también para la anticoncepción quirúrgica, la ligadura tubaria. Eso está en audios, se explica cómo es la práctica, está en códigos QR y entonces los profesionales pueden con su celular tomar el código QR y hacer escuchar a la persona que habla en lengua y hacer escuchar el audio a la persona que está atendiendo, para que dé su consentimiento tome la decisión sobre la práctica. En otros países en Latinoamérica, como Perú o Bolivia que tuvieron grandes problemas de anticoncepción quirúrgica sin consentimiento.

-¿Cómo efectúan el trabajo con los médicos y profesionales de la salud?

-Uno de los obstáculos, que son parte de esta intersección, además de todos los obstáculos que hay en prácticas como las del aborto, es el racismo. Otra gran influencia del feminismo es que empezamos a hablar de la identidad marrón, de nuestras compañeras originarias que en el Congreso de la Nación pudieron decir que a ellas no son atendidas en los centros de salud, no nos atienden. Llegan y nadie las atiende, nadie les pregunta siquiera algo. O no las quieren tocar o las tratan de sucias, o no respetan sus prácticas médicas ancestrales. Tratan con discriminación a personas que no hablan español. Faltan esas intérpretes dentro del hospital como esas lideresas que bien podrían estar con una mirada intercultural. Falta un montón. Faltan médicos y médicas que tengan una capacitación y una sensibilidad especial. Cuando eso sucede, como en el caso de Miranda Ruiz termina perseguida por el sistema.

-¿Cómo se trabaja la problemática con respecto a las violaciones a niñas?

-El protocolo es interesante en ese sentido porque tiene una visión integral de cómo se tratan estos temas, en las escuelas, los sistemas de protección de infancias son importantes, además del sistema de salud y por supuesto el judicial. Nosotros hemos tenido un caso testigo de violación grupal, que es el del caso Juana (una violación grupal en 2016) donde hubo una sentencia que fue aleccionadora, con una pena de 17 años para esos violadores. Sin embargo, en el primer momento, Juana que vive en Santa Victoria, lejísimos de una ciudad como Tartagal, no lograba tener acceso a la justicia porque el juez decía que no podía tomarle declaración porque no hablaba castellano. A una niña wichi de doce años con discapacidad le pedía que sea bilingüe. El juez dejó libre a los violadores porque no le podía tomar declaración a la niña. Eso se pudo revertir, pero ese juez es el mismo juez de garantías en el caso de Miranda Ruiz. Pedimos jury de enjuiciamiento y no prosperó por todo un lobby que hubo, pero hoy es quien no quiere sobreseer a Miranda.