Tras las denuncias por acoso sexual y laboral que realizaron mujeres del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en contra de sus jefes, cuatro de ellas fueron trasladadas a distintos dispositivos. Piden volver a la unidad 48 de José León Suárez para continuar con sus estudios en el espacio que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en esa cárcel.

Cuentan que esta fuerza de seguridad les respondió con más violencia y que intentan callarlas para que no denuncien lo que sufren a diario. Desde el Centro de Estudiantes de la sede (CUSAM) -ubicada en este penal- informaron que los y las estudiantes están padeciendo persecución y castigo “desde que se desató la situación de nuestras compañeras penitenciarias”.

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“Estuve bajo los amparos del artículo 175 -que estipula las licencias por distintos motivos- porque así lo dispuso la Dirección de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”, explicó una de las oficiales del SPB que denunció a los directivos de la unidad 48 por violencia machista, acoso sexual y laboral, a Tiempo. La entrevista se realizó “por medio de una videollamada”, agregó.

Durante la charla decidieron “pasarme al artículo 226 inciso H del Decreto 342/81, en concordancia y haciendo uso de la licencia establecida en el artículo 1 de la Ley 14.893” que estipula licencias laborales para “mujeres víctimas de violencias”. La misma está destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, de la Provincia de Buenos Aires cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan.

“Así me extendieron la licencia 15 días más. Tengo que esperar la resolución que ellos tomen desde el Ministerio de Justicia y DDHH”, contó la oficial. Continuó enfatizando “pido quedarme en la unidad 48, quiero seguir estudiando en la universidad y conservar mi trabajo. Todo ello teniendo en cuenta lo contradictorio y violento que significa ser trasladada”, remarcó.

“Fui atendida por dos psicólogas del Departamento de Género y Masculinidades” aseguró la víctima a este diario. “Somos un grupo de mujeres oficiales y suboficiales que lo único que pedimos es poder estudiar y trabajar en paz. No queremos que nos sigan humillando y denigrando, queremos mantener nuestra dignidad, laboral, emocional y por sobre todas las cosas como seres humanos que somos” expresó.

“Estamos cansadas de sentir miedo al hablar, queremos libertad de expresión. Sabemos que no podemos reclamar grupalmente ni formar sindicatos porque pertenecemos a una fuerza de seguridad militarizada” reconoció la oficial. Con mucha convicción explica que apuestan a que las cárceles “se transformen con la universidad, el yoga, el deporte, las organizaciones religiosas y las distintas militancias. Porque lo real es que en los penales la convivencia es como era en el siglo XVIII. Sabemos que todo esto se trata de un problema estructural, pero queremos trabajar para que algo mejore”, repasó la estudiante universitaria y miembro del SPB.

“El destrato es con todes, mujeres, hombres y con las personas detenidas” señaló. Solo piden paz para poder “trabajar y estudiar tranquilas”. Saben en forma clara y precisa que el sistema penitenciario “no debe ser así, pero lo han convertido en esto que padecemos hoy. Pero estamos convencidas que la verdadera misión es otra: transformar las vidas de las personas para el bien común”, subrayó la oficial universitaria.

La situación con la universidad

Cabe destacar que en diciembre de 2020 el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, acompañado por el intendente de San Martín Fernando Moreira, firmó un convenio de colaboración institucional con el rector de la UNSAM, Carlos Greco. El mismo tiene como objetivo “ampliar el acceso a estudios universitarios a internos alojados en unidades del Complejo Penitenciario Conurbano Norte, como así también a los agentes penitenciarios que trabajan en esos penales”.

“En los últimos días tuvimos una reunión con el rector de la UNSAM -Carlos Greco- por la situación del Complejo Penitenciario de San Martín”, contó Marcos Perearnau, director académico de la sede universitaria CUSAM dependiente de esta Casa de Altos Estudios. “Así surgió la idea de crear una oficina de integración, que sea coordinada por la universidad y el servicio penitenciario articulando todo el tiempo con la Secretaría de Educación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”, explicó a este diario.

“Lo haremos para poder trabajar con todos los proyectos que tiene la universidad en las cárceles y en todo el territorio sanmartinense”, dijo el director. Continuó remarcando que la única salida al problema es la “articulación institucional, para que todos puedan entender con claridad los objetivos de los proyectos universitarios y acompañarlos como corresponde”, recomendó Perearnau.

“Pero nuestro primer objetivo es: que reintegren a la unidad 48 a las cuatro mujeres penitenciarias que son estudiantes de esta universidad a la brevedad posible, quienes tras las denuncias que hubo fueron trasladadas a distintas unidades”, se quejó el académico. Aseguró que de este modo “pretendemos cuidar las trayectorias educativas de las y los trabajadores del SPB que es lo que está estipulado en el Convenio que nuestra universidad firmó con el Ministerio de Justicia y DDHH pero que en estos últimos tiempos no se estuvo cumpliendo”, cerró Perearnau.

Persecuciones y maltratos

Desde el Centro de Estudiantes de la sede CUSAM ubicada en la unidad 48, Rodrigo Cachamani explicó a este diario la situación que vive la comunidad universitaria en su conjunto desde que las mujeres penitenciarias denunciaron acoso sexual y laboral. “Estamos sufriendo persecuciones y malos tratos”, denunció.

“Filmé un video y lo hice público cuando me atacaron a mí. Estoy en el programa ‘Casas por Cáceles’ que se conoce como el régimen abierto, y cuando intenté ingresar a la 48 para realizar mis tareas académicas, como lo hago habitualmente, fui interceptado por un grupo de penitenciarios que me obstaculizaron el acceso a la educación”, detalló Cachamani.

“De este modo imponen el terror”, puntualizó. “Los penitenciarios están violando el Convenio que la UNSAM firmó con el Ministerio de Justicia y DDHH. El director de la 48, Cristian Aristegui, me mandó a llamar cuando me negaron la entrada a la sede universitaria y, entre unos cuantos uniformados, me llevaron al pabellón de castigo”, reconstruyó el estudiante.

“Firmé una sanción injusta, lo hice para que no me golpeen, pero también hice un descargo en el mismo” se quejó Cachamani. “En ese papel los hechos que ocurrieron estaban contados de otra manera, decía que yo fui a la guardia y agredí verbalmente e insulté al personal en forma amenazante” explicó el estudiante.

Es por todo esto que “denuncié lo que sucedió ante la jueza que tiene mi tutela, María del Carmen Rodríguez Melluso, titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Martín y también lo hice ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aseveró Cachamani.

“Grabé con mi celular todo el episodio en el que me niegan el ingreso a la sede universitaria, ahora las autoridades están resolviendo, en ningún momento les falté el respeto”, aseguró. También contó que los penitenciarios “trataron muy mal a una de nuestras profesoras cuando vino a dictar una clase, ella entró a la sede universitaria y nos contó lo que le había pasado porque se sentía mal, y esto les está pasando a muchos de nuestros docentes” denunció.

Reformas hasta el momento

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada designó a cuatro mujeres para ponerlas en cargos que ocupaban hombres que terminaron sus trayectorias en la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ahora quedó integrada por Javier Raúl Cáceres subjefe, Ricardo Roberto Méndez director general de Seguridad, Norma Raquel Díaz directora general de Asistencia y Tratamiento, Andrea Fernández directora general de Recursos Humanos, y ahora se suma a Cristina Alejandra Córdoba directora general de Coordinación y María Luján Arbe directora general de Institutos de Formación y Capacitación.

Los nuevos nombramientos fueron dispuestos por el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso y el jefe del SPB Xavier Areses.

Sin embargo, hasta el momento muchas de las denunciantes se quejan de que el director de la unidad 48 de San Martín, Cristian Aristegui -quien fue denunciado por varias de las víctimas por acoso sexual y laboral- sigue cumpliendo sus funciones en el mismo penal. Además de haber interrumpido las trayectorias académicas del personal de la misma fuerza a la que él pertenece y de toda la comunidad universitaria en su conjunto.