El Estado argentino suscribió el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia de género, en el marco de un acto público en el que además reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas, Ivana Rosales y sus hijas Abril y Maika.

“Creo que es parte de lo mínimo que podemos hacer como Estado, reparar eso que el Estado argentino no vio a pesar de que era una situación tan clara. Estas cosas suceden y quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales no pueden seguir estando en esos lugares si no entienden que esto sucede”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

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Del acto realizado en la ex Esma, en el barrio porteño de Núñez, participaron también la demandante Abril Rosales, el ministro de Justicia, Martín Soria; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el titular de la Senaf, Gabriel Lerner; la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén Soledad Gennari y la comisionada Julissa Mantilla Falcón, entre otros.

Como el tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos, Ivana presentó en 2005 una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS que recién 16 años después tiene respuesta.

En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén que hoy concluyó con la firma de este acuerdo con el que se da por finalizada la demanda y cuyo cumplimiento supervisará la CIDH.

“Con este acto finaliza una demasiado larga etapa de lucha por justicia y reparación que inició Ivana”, expresó la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. “Las prácticas de violencia institucional y de género perpetradas contra Ivana y sus hijas no fueron casuales si no que inscriben en prácticas generalizadas de exclusión y violencia por motivos de género, acompañadas y en gran medida habilitadas por una falta de respuesta estatal sistémica”, agregó. “En este sentido, el caso ilustra con claridad el accionar de un sistema de administración de justicia que ha demostrado ser ineficaz para atender y dar respuestas oportunas. Más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia la intervención judicial ha funcionado en general como un engranaje del sistema patriarcal, como un partícipe necesario de sus estrategias de inclusión”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, directora ejecutiva expresó, “este acuerdo es una reivindicación de la lucha y el recorrido de Ivana que siempre pidió por políticas con una convicción sobre lo que era necesario para que el Estado modifique sus prácticas”, recordó. “No puede seguir pasando que el Estado tarde todos estos años en pedir disculpas públicas”.

Ivana Rosales murió en 2017 por un ataque de epilepsia, unas de las secuelas que le quedaron por los golpes de Garoglio.

La historia

“Mi nombre es Ivana Rosales el 18 de abril de 2002 hubo un intento de femicidio en tres oportunidades en la misma noche. Mi exmarido Mario Edgardo Garoglio intentó ahorcarme con un alambre, después me golpeó con piedras en la cabeza y me encerró en el baúl del auto creyendo que estaba muerta para enterrarme”, dice Ivana desde un video que se proyectó durante la transmisión.

Esa noche un vecino vio lo que pasaba y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, se encontraron con un charco de sangre y buscaron hasta que dieron con el auto, donde estaba Ivana todavía viva. El violento ataque mantuvo a Ivana durante 45 días en terapia.

“Ella se lo buscó”, le dijo el fiscal Eduardo Velazco Copello durante el juicio donde se juzgaba a Mario Edgado Gargolio por haber intentado asesinar a su expareja, Ivana Rosales. “No fue una buena madre ni una buena esposa”, agregó y el tribunal integrado por Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano tomó el atenuante del fiscal y dictó cinco años en prisión que Gargoglio no cumplió: se fugó antes. Al regresar abusó de sus dos hijas, Mayka que luego se suicidó y Abril quien en ese momento tenía 13 años. Ella es quien hoy tomó la lucha de su madre, quien murió en 2017.

El Acuerdo incluye garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, como el compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia y medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a las víctimas.

También políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención, capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática, implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia y efectiva implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.