El ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación hizo una presentación ante las autoridades judiciales de La Rioja, en una de las causas seguidas contra Delfina Zarranz, mamá de Arcoíris, por presunta “Desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto de hijos menores con sus padres”.

Arcoíris es la niña de 6 años que relató haber sido abusada por su abuelo paterno durante los días en que corresponden las visitas a la casa de su padre.

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En un texto presentado a la titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral Nro. 2, el ministerio pide que se respeten las obligaciones internacionales comprometidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y que las actuaciones que se realicen en el marco de la causa incorporen la perspectiva de género.

La justicia riojana determinó la revinculación de la nena con su papá. Ante la negativa de Zarranz, la mamá de la nena, emitió una orden de búsqueda y detención que fue desactivada. En ese contexto, el Juzgado Civil 103 del Poder Judicial nacional prohibió el acercamiento del padre a la nena y a su mamá. La justicia de La Rioja desconoció esa medida.

Un caso que mantiene atentos a los riojanos

El caso de la niña Arcoiris convulsionó a La Rioja. También el comportamiento de la justicia que, a pesar de las pruebas, insiste en obligar a la nena a visitar la casa donde accede libremente su agresor.

En el marco de la causa, la semana pasada la justicia allanó la casa de la periodista, documentalista y activista feminista Manuela Calvo, quien cubría el caso.

“En el procedimiento hubo muchas irregularidades porque nunca quisieron anotar qué tenía en la computadora. Y para mí que vivo del contenido que tenía en esa computadora. Yo tengo veinte años de trabajo ahí. Hay un montón de cosas que también tienen que ver con el activismo feminista”, dice la periodista Manuela Calvo a Tiempo Argentino.

La orden de allanamiento fue emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, bajo la carátula “desobediencia a la autoridad”. En el escrito, la jueza autorizó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”.

No fue el primer hecho hostil por parte de la justicia, que le tocó vivir a Manuela. En febrero, la jueza María Paiaro impuso una medida para evitar el estreno de un corto elaborado por la periodista sobre abusos infantiles. También le prohibieron mencionar el caso Arcoíris. “Tuve que borrar todas las publicaciones de mis redes sociales, muchas eran flyers que compartía, donde se pedí justicia por la niña”, agrega Calvo.

El corto que elaboró Manuela Calvo era una animación que abordaba el tema de los sobrevivientes de abuso sexual y la revinculación forzada con su agresor. “Llego a ese corto luego del trabajo de investigación que hice para un documental donde sí toco caso Arcoíris, pero no era ningún caso en particular”, expresa.

Cinco días después del allanamiento, Manuela recuperó sus elementos de trabajo por orden de la jueza de Instrucción, María Eugenia Torres.

Un apriete a la comunicación feminista

El allanamiento a la periodista despertó una gran indignación y repudio en diferentes organizaciones y personalidades.

“El único sector que no se pronunció repudiando el hecho fueron los órganos del gobierno con excepción de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Desde la universidad hasta organizaciones gremiales, organizaciones vinculadas a la comunicación, organizaciones feministas, han repudiado”, expresa Romina Gómez integrante de la Red de Comunicadoras Feministas de La Rioja.

“La cobertura es amplia. Es un caso que tiene varios años y en general se ha cubierto bastante, pero hace un mes esto se ha profundizado y en la última semana ha sido parte de las agendas diarias. Pero en general las voces que se han escuchado en esas coberturas, han sido principalmente de la familia acusada y del abogado de la familia paterna.”

Según Gómez, “no es habitual un apriete a comunicadores o comunicadoras, tenemos sí situaciones como la difamación de colegas comunicadoras que producen algunos medios. Incluso tenemos un caso que salió a favor de dos colegas comunicadoras tres años atrás respecto a la difamación que un medio realizó contra ella. No tenemos casos recientes que tengan que ver con aprietes de esta magnitud a la prensa”.

El acompañamiento

El caso Arcoíris tiene el acompañamiento de personalidades vinculadas a los derechos humanos, militantes y organizaciones como la colectiva Actrices Argentinas.

El pedido del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad es parte del acompañamiento que el organismo realiza junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde el año pasado, la familia – a mamá y la abuela de Arcoiris- fue asistida en el marco del programa “Acercar Derechos”, a través del cual se les ofreció apoyo psicosocioal y asesoramiento legal por parte del equipo interdisciplinario de La Rioja.

El 3 de junio la ministra Elizabeth Gómez Alcorta recibió a Delfina Zarranz ante quien se comprometió a trabajar en medidas e intervenciones que garanticen el respeto pleno de los derechos de su hija.

En el caso de la periodista Manuela Calvo, también hubo un compromiso de acompañarla a través de Acercar Derechos y solicitó al Juzgado de manera formal tener acceso al expediente a los fines de evaluar futuras intervenciones en el marco de sus competencias.