No era la primera vez que Tifani O’Neill tenía que defenderse de los golpes y forcejeos a las que la sometía Jesús Ibarra, quien fue su pareja y que luego de la separación no cesó de hostigarla y perseguirla durante tres años.

En las primeras horas de la tarde del 9 de diciembre, Ibarra llegó a la casa de la joven, en Villa Lugano insultándola y amenazándola. Rompió las puertas del edificio y hasta sacó el matafuegos del lugar.

Tifani llamó al 911 para pedir ayudar, pero el patrullero tardó media hora en llegar. Mientras tanto, él forcejeó la puerta y ella trató de sacarlo de su casa. Para defenderse tomó un puñal. Él la tomó del cuello y en el forcejeo ella lo hirió.

Ibarra salió sangrando de la casa de Tifani. En el camino, se encontró con el patrullero. A él lo llevaron al hospital y a ella a la Comisaría Comunal 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires donde continúa detenida, acusada de tentativa de homicidio.

Este miércoles, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) y la organización Marea Feminismo Popular se manifestaron en la esquina de Lavalle y Libertad, para pedir al juez Fernando Caunedo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de instrucción N° 39, que libere a la joven.

“Su situación procesal es bastante complicada. El lunes el juez dictó el procesamiento de prisión preventiva y embargo por 300 mil pesos. Para él, Tifani es culpable del delito de tentativa de homicidio y no acepta que esto fue en legítima defensa”, explica a Tiempo Argentino la abogada Samanta Pedrozo, defensora de la joven e integrante de la CADH.

La abogada desde la defensa ya interpuso dos apelaciones por la excarcelación y el procesamiento del juez y está a la espera que se resuelva.

Mientras tanto, desde Marea Feminismo Popular preparan una serie de manifestaciones para pedir justicia por la joven. “Estamos esperando que nos den alguna respuesta”, dice Fátima Delgado, promotora de Género y Diversidad de Marea y referente feminista de Soldati.

En su resolución, el juez Caunedo argumentó: “Considero que existe grave sospecha de que, en caso de recuperar su libertad, la imputada intente influir negativamente sobre los vecinos de su barrio que deban declarar en la instrucción y en el eventual debate, y de ese modo entorpecer la investigación”.

Los antecedentes de la violencia

En la comisaría de Villa Lugano hay tres denuncias que interpuso Tifani contra Ibarra por la serie de situaciones violentas que vivía. “Una de ellas fue en julio de este año, en una situación similar, en el que durante una discusión ella lo golpeó, lo tiró al piso y ella se defendió”, cuenta la abogada.

Las otras denuncias también fueron porque la golpeaba y la perseguía. Incluso se dictó una restricción perimetral para que no se acercara a la joven.

Para la abogada, lo único que explica que sobre Tifani recaiga una acusación de esta dimensión es un machismo en la mirada del juez. “No encuentro otra explicación”, dice Pedrozo. “Desde el Ministerio Público Fiscal, la fiscala Mónica Cuñarro desde el primer momento alegó lo mismo, que era legítima defensa porque Ibarra quería entrar al domicilio de Tifani para pegarle y el juez de instrucción hizo caso omiso a la fiscal y la imputó. Entonces no tiene otro justificativo que no sea un criterio machista”, agregó la abogada.

La defensa presentó en la apelación una serie de pruebas que dan por sentado el recorrido de violencia que sufría Tifani. “Las apelaciones van a la Sala 7 de la Cámara de Apelaciones, los jueces deberán resolver, espero que la evaluación del caso se buena”, afirmó Pedrozo.

Entre las pruebas que tienen, hay conversaciones y amenazas por WhatsApp, fotos y un video donde se lo ve a Ibarra pateando la puerta de la casa. También se pidió una protección para la familia de Tifani luego de las amenazas por parte de la familia de Ibarra.

El riesgo para las mujeres

Tifani estaba en riesgo constante. La forma desesperada en la que se defendió muestra que la situación de violencia por la que atravesaba era grave. “Podría haber sido una víctima de femicidio. Ahora el tema es que este tipo está libre y si ella sale en libertad, sigue en riesgo”, indica la abogada.

“Es una persona peligrosa. Ibarra tiene antecedentes por robo a mano armada, él circula con armas. Ella va a estar en peligro siempre”, agregó.

Por su parte, Delgado afirma, “la Justicia nunca hizo nada en este caso. Le entregó un papel con las denuncias, nunca le dieron un botón antipánico, sólo un papel con la constancia de la denuncia. De hecho, ella llamó al 911 para que la protejan pero lo ayudan a él y terminan llevándola detenida”.

También cuenta que Emilia, la mamá de Tifani está angustiada, triste y con miedo. “Ellos quieren que esté libre, aunque esté procesada. Su mamá muchas veces le pidió a Ibarra que la deje en paz que no la amenace ni la hostigue” cuenta.

La justicia y la falta de perspectiva de género

El Poder Judicial demuestra constantemente cuánto necesita incluir la perspectiva de género en su caso. “Cómo puede ser que un hombre mate a golpes a una mujer o la violente permanentemente y esté en libertad y una mujer se defienda y vaya inmediatamente presa”, manifiesta Fátima Delgado.

Por su parte, la abogada cree que hay un problema cultural y generacional. “Es gente que tiene un criterio bastante conservador. Un juez hombre de más de 50 muy difícilmente entienda que tiene que aplicar una perspectiva de género a la hora de analizar un caso. Lo mismo con las mujeres, hay juezas muy machistas, se ve en muchos casos de familia. Para mí hay un problema generacional y cultural, esto es lo que exigimos cuando reclamamos reforma judicial”, afirma.

La ley Micaela, para la abogada no es suficiente. “Se lee la ley pero nadie le hace entender a la gente la problemática real, hay muchos problemas. Uno de ellos es la ausencia del Estado y de políticas que incentive otra perspectiva en el poder Judicial”.

En agosto de este año, luego de que la causa pasara a la Corte, la Justicia tucumana absolvió a Jesica Vanessa Osores. La mujer que sufrió años de violencia sostenida por parte de su pareja, lo apuñaló durante un forcejeo mientras evitaba que él abuse sexualmente de ella. El hombre murió y Jesica estuvo once meses presa. Finalmente, quedó en libertad en agosto cuando el tribunal determinó que no existían dudas de que la la mujer había sido víctima de violencia de género y había actuado en defensa propia.

Diversas agrupaciones exigieron además reforma judicial.

El apoyo político

De la convocatoria para pedir justicia por Tifani también se sumaron las legisladoras del Frente de Todos, Maru Belli y Laura Velasco.

“Exigimos la inmediata liberación de Tifany, quien actuó en defensa propia, luego de haber llamado al 911 y de haber denunciado en varias oportunidades a su agresor”, dijo Velasco. “Necesitamos que se avance de manera urgente en una reforma judicial profunda y con perspectiva de género y en la aplicación de la Ley Micaela en todos los distritos y los estamentos del Estado y las fuerzas de seguridad, para terminar de una vez por todas con estas injusticias, donde una mujer tiene que dejar que la maten porque no tiene derecho a defenderse; porque si no termina muerta, termina presa”, expresó Velasco.