Hace cinco años, Paula Martínez sintió que su vida se había apagado. Fue después de una violación grupal en una fiesta de cumpleaños en el partido de Florencia Varela, donde vivía junto a sus padres. Después de cinco años esperando un juicio que tenía fecha para 2022, este fin de semana la encontraron muerta en su casa.

Para la justicia se trata de un suicidio, pero la familia no está convencida de esa hipótesis y piden que se profundice en la investigación.

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“Las dudas se basan en la escena del crimen, la posición en donde se encontraba, no había distancia como para que se pudiera suicidar”, dijo a Tiempo Argentino, Daniel Giaquinta, abogado de la familia y quien llevaba adelante la causa.

Con respecto a la causa, afirmó, “la justicia fue lenta para el caso y casi no puede llegar a juicio. Lamentablemente fue una de las tantas víctimas de estas situaciones. Nosotros hicimos todo lo posible, esta situación nos toma de sorpresa a todos, no estaba en cálculos de nadie, si bien ella tuvo episodios de suicidio, pero ya estaba controlada”, afirma el abogado.

Giaquinta cuenta también que estuvo con ella hace poco tiempo y que ella tenía muchas ganas de llegar al juicio.

Una de las dudas respecto a la muerte de la joven tiene que ver con que frente a su casa, vivía uno de los abusadores que había sido denunciado por Paula. “Esa casa tiene una cámara de modo tal que estaba monitoreándose permanentemente los movimientos de Paula y su familia”, describe.

El cuerpo de Paula Martínez fue hallado por uno de sus tíos. En el lugar, personal policial se entrevistó con el hombre quien les indicó a los oficiales que su sobrina había sido víctima de abuso sexual y estaba esperando su juicio lo cual “la tenía muy depresiva”.

“En el caso de Paula, uno puede pensar cualquier cosa son muy amplias las hipótesis de investigación, hay que buscar elementos y presentar las pruebas”, detalla el abogado.

La causa está caratulada como “Averiguación de causal de muerte” a cargo de Federico Pagliuca, de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIyJ) Nro. 5.

“Me arruinaron la vida, yo no pude volver a trabajar porque tenía ataques de pánico y no quería salir, estuve un año sin salir de mi casa”, relató la víctima en una entrevista realizada en 2019. “Recibimos amenazas de ellos (los acusados) y de sus familiares”, aseveró.

El hecho ocurrido en 2016, está caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado con privación de libertad”, con injerencia de la UFI N.º 10 descentralizada de Florencio Varela y que a la fecha tiene cinco detenidos y un prófugo, con fecha del juicio oral prevista para el mes de marzo del año 2022, según indica el parte oficial.

El desamparo de la víctima

El lunes por la tarde, un día después de la muerte de Paula, el representante de la familia recibió la notificación de la audiencia preliminar para febrero.

“Desde un primer momento, la Justicia hizo caso omiso a las denuncias de Paula, no la tomó en cuenta, y al año empezaron a aportar elementos, se reavivó la causa, empezó a tomar cuerpo y después vinieron las detenciones y una serie de compromisos que el Poder Judicial asumió tardíamente”.

La joven en varias ocasiones manifestaba su hartazgo con la justicia y con las irregularidades que se manifestaron desde que puso la denuncia, en diciembre de 2016. “El de Paula fue un caso emblemático dentro del Conurbano. Lamentablemente tenemos hoy la desaparición física de Paula, que me también me duele como abogado y amigo de la familia. Es una situación trágica”, afirma Giaquinta.

“El Estado tiene que seguir perfeccionándose, tiene que cambiar muchas cuestiones. Tiene que hacer una reforma en el Congreso también que debe legislar el tiempo de los plazos”, añade el abogado. “Por eso es que este caso es emblemático porque fijate cómo ella como víctima, con su martirio le sigue mostrando a la sociedad que tiene que cambiar”.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia emitió este mes una oferta de recompensa para dar con el paradero de Mauro Nair Goncalves, quien es actualmente el único prófugo imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Los otros acusados en la causa son Gustavo David Carbonel, Diego Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval, Guillermo Chávez y están actualmente detenidos.