Sin justicia social no hay igualdad de género y sin igualdad de género no hay justicia social. En la construcción para unir ambos caminos, las mujeres trabajadoras son parte ineludible.

En la Argentina existe un movimiento feminismo popular, potente y masivo, que reúne una nutrida agenda de temas que hacen a la vida cotidiana de las mujeres, que plantea reconocer y combatir las desigualdades sociales como eje articulador.

Es un feminismo al que abrazamos y que muchas veces no se reconoció como tal. Pero está compuesto de mujeres de a pie y de líderes, que lograron y logran perforar acciones que impactan positivamente para reducir las brechas de desigualdad.

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Frente a las políticas neoliberales que se impulsaron durante la gestión de JxC en el 2015/19 hubo una gran resistencia del movimiento de mujeres y de los feminismos que irrumpieron en las calles con enorme potencia. Estas demandas del movimiento popular se transformaron, con el cambio de gobierno, en institucionalidad democrática. Un desafío que los gobiernos populares han asumido a lo largo de nuestra historia. Llevar a los planos del Estado y la gestión pública las demandas del movimiento popular. Así nace el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la Provincia de Buenos Aires.

Afín con ese origen nos hemos planteamos una fuerte articulación con las trabajadoras organizadas. Entendiendo que con ellas podíamos darles cada vez más densidad y fuerza a los temas del trabajo y los cuidados.

Desde esta perspectiva participamos en la creación de la primera Escuela Sindical de Género (ESIGEN), junto a la Asociación Bancaria, el CONICET y la Facultad de Humanidades de la UNLP, dónde se han formado solo en un año más de 400 delegadas/os sindicales. La escuela apunta a fortalecer los liderazgos de las mujeres y la diversidad sexual en las organizaciones gremiales, así como profundizar los temas de las condiciones de trabajo de mujeres en la agenda reivindicativa sindical.

Junto a los sindicatos estatales el gobernador Axel Kicillof firmó un convenio para trabajadores/as de la administración pública que contempla un nuevo régimen de licencias parentales. Que aumenta las licencias a los padres y pareja no gestante, así como incluye el acompañamiento en la adaptación de hijxs en la escuela, entre otras iniciativas. Un cambio de paradigma que reconoce la relación trabajo/familia y la necesidad de cuidados compartidos. El presidente de la Nación, en la apertura de sesiones este año anunció impulsar una iniciativa similar para el sector privado.

Nuestro país ha ratificado el Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso, que acaba de entrar en vigencia, como otra herramienta para construir mecanismos específicos que garantizar desarrollar un trabajo de calidad, que obviamente es posible con derechos y sin violencias. A la par tanto en Provincia como en Nación se están impulsando gran cantidad de iniciativas para lograr mayor registración en el trabajo de mujeres, el cupo laboral travesti-trans, la inserción laboral en oficios que trasciendan estereotipos de género.

Quien piense que esa agenda que trae el feminismo está dividida de las principales necesidades de nuestra población, se equivoca. La agenda feminista es de justicia social, claramente. Y el impacto de la mejora laboral de calidad de vida para las mujeres es inmediato en las familias y comunidades, por el papel central que se sigue teniendo en los cuidados y la reproducción de la vida.

Cuantos más derechos hay en una comunidad, mejora la calidad de vida de todas y todos. Se trata de una sociedad que amplía derechos. Algo que es posible con Estado presente. No es el trabajo, la vivienda, y, por otro lado, los derechos de lo que algunos quieren tratar como temas de minorías, cuando en verdad es más de la mitad de la población. No hay antagonismo real. Todos estos temas son necesarios para recorrer el camino en pos de la igualdad.