Un año y una semana antes del caso de Palermo que acaparó la atención mediática, otra joven era víctima de una violación grupal. Fue en Burruyacú, al noreste de la provincia de Tucumán. Según la denuncia de la víctima, el 7 de marzo de 2021 fue abusada sexualmente por Rafael Padilla, David Aranda –miembros de una familia del poder político local- y Hugo Décima. Tras un año de amenazas y agresiones a la sobreviviente y su entorno, este viernes debía comenzar el juicio contra los acusados. Menos de 24 horas antes y por un planteo de la defensa, el proceso se suspendió hasta nuevo aviso.

“Lo tomamos como una estrategia de ellos para dilatar”, sostuvo Érika Rojas, mamá de la denunciante, apenas supo de la cancelación de la audiencia inicial del juicio. La suspensión, según le informaron, tuvo que ver con la enfermedad de uno de los letrados defensores. “Pretenden ganar tiempo, pensando que así van a quedar en libertad”, planteó el representante legal de la querella, Gustavo Morales, quien este viernes hará el pedido de la prórroga de la prisión preventiva de los tres denunciados por violar a la joven de 23 años. Padilla, Aranda y Décima están acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La jueza Isolina Apas Pérez De Nucci, del Centro Judicial Capital, está a cargo del tribunal que debía comenzar a juzgarlos este viernes.

En un pueblo donde todas las familias se conocen, la víctima denunció haber sido violada por los tres jóvenes en una fiesta en casa de un vecino, cuando entraron a una habitación donde ella dormía. A los pocos días hubo una gran marcha de repudio: la primera y única manifestación para pedir justicia por Andrea. El amedrentamiento, en cambio, nunca cesó.

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“Desde que hicimos la denuncia comenzaron las agresiones”, contó a Tiempo la mamá de la joven. Y describió: “A mi hija le sacaban fotos, las publicaban en redes, se burlaban de ella. Decían ‘ahí está la supuesta violada’ o ‘no parece violada’”. El hostigamiento durante este año de búsqueda de justicia incluyó denuncias y medidas perimetrales impuestas contra la víctima a pedido de familiares de los imputados, así como ataques físicos a parientes de la joven.

“Con esa perimetral mi hija no podía llevar a mi nieta a la escuela. El juez le dice que tiene muchos hermanos que pueden llevarla, que se quede en casa. Y no suspendió la perimetral. Mi hija tuvo tres perimetrales, mi familia fue agredida y tiene 15 perimetrales en total, por parte de la familia de Padilla y Aranda, por supuestas agresiones que nunca pudieron probar –relató Rojas- A mi hijo más chico lo amenazaron con violarlo igual que a la hermana. La denuncia quedó en la nada. En una cena de egresados lo golpearon adentro de la fiesta y afuera. Fue el tío de dos de los acusados, que es policía en actividad. Hice la denuncia, creo que ni llegó a fiscalía. Nos ofrecieron un pacto de no violencia que mi hijo tenía que firmar, pero mi hijo es víctima. Como no aceptó firmar ni recibir resarcimiento económico, archivaron la causa”.

Angustiada tras la suspensión del juicio, la madre de la denunciante alertó que “las agresiones no paran. El último fin de semana el mismo chico que viene agrediendo, primo de dos acusados, golpeó a un sobrino mío y casi le quiebra la nariz. Ya ni quiere hacer la denuncia. Mi hija está con los nervios de punta. Nos estábamos preparando para viajar, porque vivimos a 70 kilómetros de la capital, cuando nos avisaron (desde la Oficina de Gestión de Audiencias judiciales) que se suspendía. Ahora estamos con una incertidumbre total”. Además de esperar una nueva fecha, Andrea y su familia aguardan ahora que se extienda la prisión preventiva sobre los acusados, a punto de vencerse. “Están con preventivas de 30-40 días que son un sufrimiento, con el riesgo de que en una audiencia queden en libertad”.

Burruyacú y Palermo

La joven que denunció la violación grupal y su familia viven a tres cuadras del centro de Burruyacú, donde están los denunciados. “En el pueblo es una locura. Salís a la esquina y te encontrás con familiares de ellos. Acá hay apoyo también, pero no es visible. Porque como son una familia con poder hay miedo a represalias, a quedarse sin trabajo”, lamentó Rojas. Y cuestionó el rol de los medios: “Como el padre y tío de dos acusados es político –fue intendente y legislador y es actual coordinador de comunas rurales- los medios se ven medio restringidos para hacernos notas. Nos acompañan los medios digitales que no dependen de nadie. Ellos sí”.

La madre de la sobreviviente hizo el comentario sobre la cobertura mediática del caso horas después que la víctima de la violación grupal de Palermo pusiera en circulación una carta abierta a los medios de comunicación, alertando sobre el hostigamiento y la exposición a los que fue y es sometida desde que sufrió el abuso grupal, el 28 de febrero último, a plena luz del día.

“Cuando pasó lo de mi hija, no entraba en mi cabeza decir ‘una violación en manada’. Mi hija sufrió eso, pero yo decía ‘no puede ser que nos esté pasando esto’. Ahora digo ‘sí, es lo mismo que se está diciendo con el caso de Palermo’. Y los animales no hacen esto. Son humanos con una maldad tremenda para hacer semejante calamidad”.