El 8 de octubre se cumplieron cinco años del brutal crimen de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años por quien días después se realizó el primer Paro Nacional de Mujeres. El doloroso proceso judicial para la familia de Lucía se cerró con un vergonzoso fallo que este mes cumple tres años y por el que este martes 23 de noviembre enfrentarán un jury de enjuiciamiento dos de los tres jueces que en ese momento fallaron sin perspectiva de género, revictimizaron a Lucía y justificaron el comportamiento de sus femicidas.

Durante la audiencia prevista para las 11 de la mañana se determinará la inocencia o la culpabilidad de Juan Facundo Urso y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense, quienes fueron investigados por el fallo de noviembre del 2018 en el que absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62), los femicidas de Lucía. Ambos jueces están acusados de los delitos de “negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta”.

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La acusación a los jueces se concretó tras ser revertidas esas absoluciones en agosto de 2020 por el Tribunal de Casación bonaerense, esos dos jueces (el tercero, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse) fueron denunciados y se constituyó un Jury de Enjuiciamiento.

Si el jury considera culpabilidad en el mal desempeño de los jueces, el juicio sigue adelante, sino, pasa a archivo. Eso significará un cambio sustancial a la hora de enfrentar los juicios a femicidas.

Durante la audiencia, diferentes organizaciones junto a los familiares de Lucía estarán en la puerta de tribunales para exigir justicia. “Tengo las mejores expectativas”, dice a Tiempo Argentino, Marta Montero, mamá de Lucía. “Esto es sembrar conciencia en la gente. A estos jueces se los va a juzgar por una sentencia que ellos mismos hicieron, que es una sentencia a una menor y mujer. Este jury va a sentar una jurisprudencia porque ellos han actuado mal desde la propia justicia”, expresa Marta, a través del teléfono.

Desde el femicidio de su hija, Marta Montero no dejó un segundo las calles. Este martes le tocará nuevamente enfrentar una audiencia judicial, esta vez con más ánimo, pero con la misma pena. “Es muy difícil, creo que solamente nosotras las que pasamos por esto, sabemos lo difícil que es. Hace tres años, desde que fue la condena, que veníamos pidiendo este jury y lo teníamos que salir a pedir nosotros. No es justo que una familia después de la muerte de su hija tenga que pasar por todo esto, que haya que enjuiciar a los que deberían dar justicia como corresponde. Sólo nosotros como familia sabemos todo lo que sentimos, pero a veces decimos ‘esto es para Lucía’, pero también es para todas las mujeres porque es un cambio que tenemos que generar en la sociedad. Es crear conciencia”, afirma Marta.

Desde aquel octubre de 2016, Marta acompañó a muchas madres de víctimas de femicidios y fue parte de marchas y manifestaciones contra la violencia de género. “Como ciudadanos somos artífices. El fallo de la justicia, esa sentencia fue un disciplinamiento a las mujeres, no fue casual, fue hecha para las mujeres y nosotros como personas civiles no podemos permitirlo”.

Las luchas y todo lo que falta

El mal desempeño del juez Francisco Pisa que luego impactó de lleno en el femicidio de Paola Tacacho le valió al magistrado su destitución, también en un jury de enjuiciamiento que finalizó el 18 de noviembre.

“Hubo cambios, pero no es un cambio casual dentro de la justicia. Es una lucha de cinco años al menos que venimos llevando las mujeres, falta muchísimo pero hacia ahí vamos”.

El nombre de Lucía Pérez es una de las grandes banderas de lucha en el feminismo. Su sonrisa en ese rostro de niña acompaña cada pedido de justicia de centenares de mujeres que hoy sufren violencia de género. “Lucía es una lucha de todos y me lleva a no bajar los brazos por ninguna chica, a no claudicar por nada y a tener la cabeza en condiciones poder pensar bien. Es una lucha muy larga, esto pasó hace cinco años, tres que venimos con el jury, tenemos una vida, un trabajo, una vida que ya no es. Como familia estar en este lugar es dificilísimo. Sin embargo, seguimos porque queremos que esto se revierta, que uno por ser mujer no deba tener miedo. No podemos permitir que en democracia llevemos más de 3000 mujeres muertas y sin embargo no pasa nada”.

Este lunes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata anunció la salida del abogado César Civo quien hace un tiempo asumió la defensa de Juan Pablo Offidani, uno de los femicidas de Lucía.

“Soy miembro de la APDH y como tal dije basta porque hay mucha gente que en nombre de los derechos humanos decide como quiere. Y esto es otra cosa que hago por Lucía y por otras mujeres. Si no fuera la madre de Lucía también hubiera pensado que no tiene que estar en este espacio. Debemos ser serias y coherentes cuando decimos basta. Para mí lo que le pasa a cualquier mujer es como si me pasara a mí. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos de todas las mujeres que mueren de la peor manera, como murió Lucía. Si ese abogado dice defender casos de a los derechos humanos no puede estar del otro lado. Es su derecho defender y también la otra persona tiene derecho a ser defendido, pero no puede ser miembro de la APDH”.

La familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos convocaron a una movilización para este martes 23 a las 10.30. “Esto es un pedido no sólo por Lucía, lo es también para todas las chicas”.

En qué se basa el jury de enjuiciamiento

En la acusación de la Bicameral se indica que “la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes”.

“Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”, señalaron los acusadores.

De acuerdo a lo que indica la agencia Télam, se considera también que “se advierte que no existió justificación alguna para negar que en el suceso se hubiera producido un abuso sexual respecto de la menor, con los agravantes ya enunciados. Por ello, la falta de establecer la consecuente responsabilidad de los acusados, aun reconociendo que Lucía murió en la casa, ello ocurrió mientras mantenía relaciones sexuales, debido a la asfixia tóxica producida por el consumo de cocaína que le proporcionaron y por la posesión por la que fueron condenados”.

Para la Bicameral, “debió contemplarse que la dependencia le impedía a la niña dirigir su voluntad” y recordó que “se consignó en la sentencia que hasta cambiaba droga por sexo, que no podía ser fácilmente sometida y que no existió una relación de subordinación por mantener relaciones no consentidas”.

Según la acusación, los jueces “negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que fuera cosificada para satisfacer sus deseos”. En el informe se cuestionó, además, que el TOC 1 se enfocó en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

“Hicieron hincapié en la muerte tóxica que los peritos dieron como la causa más probable del deceso y la ausencia de lesiones, de un coito brusco o impetuoso. Para los enjuiciados fue todo normal y natural, querido y consentido, citando el paradigma de la mujer honesta”, añadieron.

Farías, Offidani y Maciel fueron absueltos el 26 de noviembre de 2018 porque para los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas no había elementos para probar la acusación del abuso sexual y el femicidio.

Pero los jueces, condenaron a Farías y Offidani a ocho años de prisión como coautores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en inmediaciones de la escuela a la que asistía Lucía.

Las absoluciones dispuestas en ese fallo por el femicidio fueron revocadas en agosto de 2020 por la Cámara de Casación Penal bonaerense, que aseguró que ambos debían enfrentar un nuevo juicio con perspectiva de género, resolución que fue ratificada en dos ocasiones -en mayo y agosto de 2021- por la Suprema Corte de Justicia provincial.

Los miembros del máximo tribunal bonaerense rechazaron por “inadmisibles” una serie de recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Farías y Offidani (Maciel falleció meses después de la absolución), que pretendían llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la intención de evitar un nuevo debate oral.

A partir de esta definición, quedó allanado el camino para el nuevo proceso, que estará a cargo de otros tres magistrados que subrogarán el TOC 1: Alexis Leonel Simaz, Roberto Falcone, Gustavo Raúl Fissore.

La movilización por Lucíaes este martes a las 9 en las calles 7 entre 51 y 53, La Plata. Quienes no pueden asistir, se invita a acompañar a través de las redes sociales con el hashtag #SomosLucia