Hace once años, Octavio Romero estaba a punto de convertirse en el primer prefecto gay en casarse tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Pero su cuerpo apareció desnudo en el Río de la Plata, a la altura de Vicente López, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Octavio era hostigado dentro de esa fuerza por su orientación sexual. Su pareja durante 12 años, Gabriel Gersbach, siempre denunció que se trató de un crimen de odio y, ante la falta de avances en la búsqueda de justicia, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Finalmente, el Estado argentino reconoce su responsabilidad “por la falta de adecuación de la investigación a los estándares internacionales” y este miércoles se firma un Acuerdo de Solución Amistosa que incluirá compromisos de reparación ante el novio de Octavio.

Octavio Romero era suboficial primero de la Prefectura. Tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010, pidió autorización en esa fuerza –algo que era obligatorio- para casarse con su pareja desde hacía doce años, Gabriel. Planeaban concretarlo en diciembre de 2011. Pero el 11 de junio de ese año Romero desapareció. Su cuerpo fue encontrado seis días más tarde en la costa de Vicente López. Nunca se supo dónde estuvo entre el 11 y el 17 de junio.

Tras la presentación del caso ante la CIDH por parte de Gersbasch, en noviembre de 2018 fue admitido y a comienzos de 2021 se inició un proceso de diálogo con el Estado Nacional, coordinado por la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participaron representantes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Canal Encuentro y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, así como de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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“Luego de más de un año de trabajo, las partes llegaron a un acuerdo de solución amistosa en el que Estado reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación a los estándares internacionales (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer) y por el impacto que la situación generó sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach (art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El acuerdo que se firmará el próximo 7 de septiembre contempla diversas medidas de satisfacción; de reparación simbólica; de reparación económica y garantías de no repetición a las que se compromete el Estado para reparar las vulneraciones reconocidas”, informó la Secretaría de Derechos Humanos ante el acto de esta tarde.

Un hecho histórico

“La firma de un acuerdo de solución amistosa en el caso de Octavio y Gabriel es un hecho histórico, creemos que es un punto de llegada luego de una búsqueda incesante de verdad y justicia que viene impulsando Gabriel hace muchos años para saber qué fue lo que pasó con Octavio y que venimos acompañando desde la Fundación Igualdad y desde ACIJ. Es un punto de llegada porque el Estado reconoce que no ha investigado diligentemente la muerte de Octavio. Reconoce que la investigación no se ajustó a los estándares internacionales aplicables en materia de género”, remarcó Celeste Fernández, abogada y directora adjunta programática de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en diálogo con Tiempo.

La abogada consideró que “al mismo tiempo, es un punto de partida porque el Estado también se compromete a adoptar medidas para evitar la reiteración de hechos como estos en el futuro”. Entre esas medidas, enumeró el dictado por parte del Ministerio de Seguridad de un protocolo para denunciar casos de discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género, el desarrollo de instancias de formación para cadetes y aspirantes que busquen ingresar a las fuerzas de seguridad federales, la difusión de un cuadernillo sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de ciertos cuerpos especializados en garantizar el acceso a la Justicia a las personas LGTBQ+, la confección de lineamientos generales para el abordaje de crímenes de odio por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la adaptación de un protocolo que hoy tiene el Ministerio Público Fiscal para la investigación y litigio de casos de muertes violentas en mujeres, para incluir ahí la perspectiva de la diversidad y las especificidades de la investigación de los crímenes basados en la orientación sexual y la identidad de género. “Esperamos que este acuerdo pueda ser respetado por el Estado nacional y nos comprometemos a monitorear su ejecución en los próximos meses”, planteó la letrada.

Un crimen de odio

El año pasado, al cumplirse una década desde el asesinato de Octavio, su compañero decía a este diario: “Yo siempre me preguntaba cómo puede ser que tenga tanto alcohol en sangre: fue por una tortura. Para sacarle información, porque él trabajaba en control de gestión. Puede ser crimen un homofóbico, pero también trabajaba en una oficina con mucho poder, que movía mucho dinero, para dar permiso de entrada y salida de buques. Y lo desnudaron como un mensaje: acá no se casa nadie homosexual”. Durante mucho tiempo y ante la falta de avances concretos por parte de la Justicia, Gersbach esperaba que alguien se ‘quebrara’ y hablara. “Yo siempre decía ‘alguien de adentro va a hablar’. No pueden ser tan crueles, con un tipo que era tan bueno con todo el mundo, durante tantos años que trabajó ahí”.

“Octavio sufría múltiples hostigamientos y amenazas en su ámbito laboral vinculados a su orientación sexual, los cuales se intensificaron tras la solicitud a su superior -por aquel entonces obligatoria- para contraer matrimonio con su pareja”, recordó en aquel aniversario la ACIJ, que representa legalmente a Gersbach.

Desde esa entidad, junto con Fundación Igualdad, expresaron por entonces su “preocupación por el tiempo transcurrido y la falta de justicia” y denunciaron que la investigación se dio “en el marco de un procedimiento plagado de vicios y prejuicios discriminatorios”. Al respecto, acusaron que “el Estado argentino no investigó con la debida diligencia que la causa requiere y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. No hubo detenidos, ni imputados en la causa penal. Gabriel, pareja durante 12 años y futuro cónyuge de Octavio, fue investigado durante años sin imputación alguna, habiéndole negado el Poder Judicial de manera infundada durante mucho tiempo la posibilidad de participar como querellante en la causa”.

Por eso recurrieron a la CIDH, “con el objetivo de que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, la violación de las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y por la protección judicial respecto de Gabriel Gersbach”. Tras este recorrido, señalan la firma del acuerdo de este miércoles como un hecho “histórico”.