La guía fue elaborada por la Fundación Red por la Infancia entre otras organizaciones. Sugerentes y un recursero para que el periodismo sea un agente de cambio.
Varias de esas preguntas se responden en la “Guía urgente para comunicar con perspectiva en niñez. Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes” que fue elaborada por la Fundación Red por la Infancia, en alianza con The Economist Intelligence Unit, New Venture Fund e Inspire. El trabajo se presentó el martes 29 de noviembre en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
De la presentación que también fue virtual, que participaron Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia; Juan José Ross, secretario de Medios de la Nación; Facundo Hernández, defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación; y Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil y especialista en abuso sexual.
De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso antes de cumplir 18 años. Esta tendencia se replica en Argentina, lo cual implica más de 2 millones de chicas y chicos en situación de riesgo. Se calcula, además, que, de cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena.
“Hay una gran preocupación a nivel global de cómo podemos visibilizar las violencias hacia los chicos”, expresó Wachter durante su intervención. Destacó que la guía “nos acerca a una problemática muy dolorosa, pero que nos da herramientas para actuar”.
En los tres capítulos que presenta la guía: “Informar sobre las violencias contra niñas, niños y adolescentes”, “Herramientas para la cobertura”, “Recursos para tener a mano Herramientas para la cobertura”, además de un recursero, se apunta a brindar herramientas que sirvan para contextualizar la información y dar recursos prácticos para visibilizar este tipo de violencias.
Entre las recomendaciones que se formularon durante la charla, se habló de trabajar con perspectiva de niñez, evitar determinado lenguaje como “menor”, “caricias” o “coito”. También sugiere cuestionar determinados argumentos como el del Síndrome de Alienación Parental (SAP).
“Los niños no pueden mentir con cosas con las que no han tenido contacto, no pueden fantasear un acto sexual de un adulto”, sostuvo la psiquiatra Silvia Ongini. La especialista en abuso sexual refutó al “síndrome de alienación parental” (SAP), que implicaría que un progenitor -generalmente la madre- induce a su hija o hijo a narrar un abuso sexual que nunca ocurrió.
“Es fácilmente detectable si algún menor dice la verdad o no porque no van a mentir sobre algo que no conocen ni saben, ejemplo un abuso”, afirmó Ongini. “Estas cosas son parte de esta mirada adultocéntrica que devalúa la palabra del niño y que no lo subjetiva”.
El SAP, sostiene la guía, “no tiene fundamento científico y fue rechazado por la OMS en las clasificaciones de salud mental”.
Sobre el abordaje mediático de abusos en la infancia y adolescencia, Hernández sostuvo que “basta prender la televisión y ver el mal tratamiento que le dan los medios de comunicación a estos temas”. En esta línea, recomendó “evitar el morbo” y el enfoque “policíaco”, mientras resaltó la necesidad de “ponerse en el lugar de los chicos”.
El defensor Adjunto de Niños, Niñas, y Adolescentes de la Nación de la Defensoría del Público de la Nación, Facundo Hernández, aseguró que en el organismo recibieron denuncias sobre el mal tratamiento que le dan muchos medios de comunicación a estos temas. “Las coberturas, se centran en la agresión, la violencia y se olvidan que hay un niño, una niña víctima”.
Entre otras sugerencias, la Guía recomienda trascender los casos particulares y mostrar la magnitud de la problemática, colocar la culpa “donde tiene que estar: los abusadores”, evitar la revictimización, no difundir datos sobre la identidad o imágenes de niños, niñas y adolescentes, conocer las nuevas legislaciones, buscar diversidad de fuentes y darle voz a las y los protagonistas.
Entre otras cosas, los especialistas elaboraron un cuadro con el vocabulario adecuado para estos casos y lo que se debería evitar: “abuso sexual infantil”, “escándalo sexual” o “sexo”. El sugerido es “abuso sexual contra niñes y adolescentes”, “violencia sexual” y “agresión sexual”.
La guía finaliza con un recursero para tener en cuenta a la hora de comunicar:
Línea 102: Brinda un espacio de escucha, contención y orientación general ante situaciones de vulneración de derechos. Tiene alcance nacional y es gratuita y confidencial.
Centros de Acceso a la Justicia (CAJ): Orientación jurídica primaria y gratuita. Cuentan con más de 250 puntos de acceso en todo el país.
Comisarías y fiscalías: Las denuncias se reciben en la Comisaría de la Mujer, las fiscalías penales o unidades fiscales especializadas, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños, del Ministerio Público Fiscal o la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (ambas de CABA); los juzgados penales y de familia; asesorías o la Defensoría de Menores que corresponda a la jurisdicción.
Patrocin.ar: Patrocinio jurídico gratuito para víctimas de abuso sexual dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tiene cobertura nacional.
Con respecto a las organizaciones especializadas en el tema, la Guía recomienda:
Red por la Infancia: www.redporlainfancia.org y info@redporlainfancia.org
UNICEF Argentina: www.unicef.org
Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI): www.cepasi.org y cepabusosexualinfantil@gmail.com
Grooming Argentina: www.groomingargentina.org y contacto@groomingargentina.org
Entre la información que se brindó desde la Fundación Redes por la Infancia durante la presentación, manifestaron que desde el caso de Thelma Fardin, las denuncias por violencia sexual crecieron en un 3000%.
Red por la Infancia nació hace diez años y se orienta a generar cambios sistémicos a través de la producción de conocimiento sobre la temática, el acompañamiento o integral a víctimas de violencia sexual y sus familiares, el monitoreo legislativo y la propuesta de políticas públicas en coordinación con los distintos niveles de Estado (nacional, provincial y municipal).
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