El funcionario de Larreta encargado de la Villa 31 es inversor del fondo BlackRock

Es el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, que debe ocuparse de la urbanización. Según su declaración jurada, son más de $ 2,5 millones en el fondo más duro en la puja por la deuda.
7 de junio de 2020

El secretario de Integración Urbana y Social del Gobierno de la Ciudad, Diego Fernández, posee títulos de deuda argentina y bonaerense y es inversor en el fondo BlackRock, el más duro de los que están negociando la deuda con el Estado nacional por estos días.

Según consta en su única declaración jurada en el cargo, del 28 de junio de 2019, desde que asumió en diciembre de 2015, el funcionario encargado de urbanizar la Villa 31 adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.

El 12 de abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.

El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.

El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.


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Quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.

Una nota de la agencia de noticias Ansol reveló que sus empleados denunciaban que, en febrero de 2019, tras una serie de cambios de nombres y firmas, los abandonó a su suerte sin pagarles indemnización, vacaciones ni los últimos dos sueldos. “Si quieren, tómenlo. Pónganse colchones. Hagan lo que quieran. A mí no me ven más”, les dijo Jorge Marengo, apoderado como gerente de Pikkei bajo todas las firmas. Desde entonces, el restaurante está gestionada por una cooperativa de trabajo.

Desde que Mauricio Macri volvió al Fondo Monetario Internacional en mayo de 2018, las organizaciones sociales señalan que la deuda es con el pueblo. Si no lo había dejado claro la emergencia social de 2016, ni la alimentaria en 2019, la pandemia lo muestra en números diariamente. La enfermedad no es exclusiva de los barrios populares, pero ahí se propagó como en ningún otra zona geográfica.


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Del otro lado del Estado, ya no como acreedor sino como funcionario público que debe garantizar condiciones de habitabilidad, Diego Fernández no fue tan efectivo como con sus inversiones. Desde su asunción afirmó que en 2019 la Villa 31 sería Barrio Carlos Gardel y estaría integrada a la Ciudad con todos los servicios funcionando. Falló aún cuando contaba con un presupuesto de $3.519.824.352 en 2018, el 58% del que cuenta el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se encarga de todas las demás villas.

A la nula presión de agua en las cañerías de diversas zonas se le suman, con la llegada del frío, los riesgos eléctricos por falta de gas natural. Ya comenzaron los incendios por sobreexigir con el uso de estufas eléctricas una red eléctrica no renovada.

También crece la presión para expulsarlos. “El proyecto principal es una transferencia de tierras fenomenal. Diego Fernández se puso entre ceja y ceja el sector del bajo autopista. Hacen demoliciones con la gente viviendo a los costados. Ya el martillo eléctrico lo vuelve inhabitable, pero además dejan el riesgo de derrumbe. Después, abandonan los escombros, por lo que se inunda y multiplica las posibilidades de dengue. Últimamente, además, han liberado el sector. Hay hechos de inseguridad muy graves y el miedo de vecinos y vecinas a abandonar sus casas para internarse permanece debido a las ocupaciones”, explicaron desde organizaciones sociales.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, les reconoció a las organizaciones que son ellas quienes llevan el 80% de las personas que se testean por el Detectar. “Somos quienes hacemos llegar la información, conocemos a los vecinos y les garantizamos algunas condiciones mientras están internados”, señalaron desde la Asamblea Feminista.

Además, alertaron que toda la población de riesgo en el barrio es una categoría universal. “Hay muchísimas personas con problemas respiratorios por las condiciones de habitabilidad. Hay muchísimas personas con problemas vinculados a la diabetes, por alimentación basada en harinas”, agregaron.

Luci Cavallero, integrante de Ni Una Menos e investigadora de la deuda en clave feminista, explicó: “Lo perverso en la urbanización de la 31 es que se ve todo el circuito de la deuda”.

Por un lado el Estado se endeudó con el Banco Interamericano de Desarrollo para urbanizar y no lo hizo realidad. Por otro, para acceder a la vivienda, el Estado propuso tomar deuda. “¿Es un derecho en tanto se accede a través de deuda?”, preguntó Cavallero.

“La escritura que firman por la asunción de la deuda dice que en el tercer mes de mora el Gobierno podría iniciar un desalojo. También toma en cuenta para esa mora a las deudas por servicios públicos, algo que no pasa en ningún lado: el gobierno dice que no se pueden atrasar en el pago de servicios públicos porque también sería incumplimiento del contrato de titularización de la vivienda”, especificó. La preocupación por la mora en servicios públicos se vuelve trascendental para una población que mayormente no tiene trabajo en relación de dependencia y enfrenta un gasto nuevo y dolarizado.

De fondo temen que nuevamente el endeudamiento implique un control poblacional y que el mercado cumpla la tarea que el Estado comenzó durante la última dictadura: terminar de desalojar el suelo más caro de la Ciudad para que en él empiecen a regir las normas de la deuda y el mercado.

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La emergencia habitacional, visibilizada en toda su crudeza por la pandemia, es uno de esos temas, que otras empresas informativas suelen narrar jerarquizando la posición del lobby inmobiliario. Consideramos que explorar los conflictos alrededor del techo y la tierra, y dar voz a los protagonistas de estos debates por el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, resulta imprescindible en el contexto de una crisis que obliga a reinterpretar los desafíos de la planificación urbana.

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