La tarde del 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera de 20 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24, en la localidad de Ingeniero Budge. Mientras los jóvenes conversaban y tomaban una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, irrumpió una camioneta policial de donde bajaron el suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, el cabo primero Jorge Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Olivera recibió doce balazos y Aredes otros siete. Argañaraz fue herido en la pierna y subido a la camioneta; apareció luego, con un impacto de bala en la cabeza. La policía, plantó armas para simular un enfrentamiento, pero luego se comprobó que no servían.

Aredes, provenía de una familia del interior del país. Era el mayor de tres hermanos y rápidamente debió salir a trabajar para sumar unos “pesitos” a los ingresos de una madre que limpiaba oficinas en Capital y de un padre obrero de fábrica. Esa tarde de mayo acompañó a su hermano menor hasta el kiosco para comprar unos mapas. Sus amigos lo invitaron a compartir una cerveza en la esquina en la que luego lo fusilarían.

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Argañaraz o “Willy”, había nacido en Tucumán y junto a su abuelo trabajaba en la zafra desde muy pequeño. Su madre, empleada doméstica, decidió ir en busca de nuevas oportunidades y se instaló junto a su hijo en Budge. En Buenos Aires, Willy trabajaba en la construcción y alternaba con su deporte favorito: el fútbol.

Olivera, “El Negro”, proveniente de El Chaco, ancló junto a su familia en Budge. Allí levantaron una casa. Su padre, cargador que luego de un accidente cambió a sereno, solía salir a las 4:30 de la mañana y regresar a las 18. Esa tarde, su padre, cuando volvió del trabajo, encontró a su hijo tirado en la vereda. No le permitieron tocarlo.

Historia de una organización popular

La metodología de aniquilamiento que utilizaba la patota del suboficial Balmaceda venía de la época de los militares. En Budge, durante la Dictadura, la policía recorría el barrio en los autos, intimidando y fusilando, no sólo a los militantes populares y a los referentes sociales, también a los jóvenes a la salida de los bailes.

Dos años antes de la Masacre se había formado en Budge la Asamblea de Vecinos de la calle Baradero para reclamar desagües pluviales, la extensión de redes de agua potable y el asfalto. Contaban con delegados por cada cuadra y con un sistema de auto organización: piquetes y cacerolazos, novedosos por aquella época. El 7 de mayo de 1987, convocaron a una reunión en la Escuela Nº 82 para intentar solucionar el deplorable estado de los baños y la contaminación a causa del desborde del pozo ciego. Más de quinientas personas cortaron Camino Negro para visibilizar el problema. Al día siguiente, hicieron el balance de la actividad y se enteraron que la policía había reprimido en Figueredo y Guaminí.

El sábado 9 de mayo, nuevamente reunidos en la escuela y a sabiendas de lo ocurrido, decidieron entre padres y docentes enviar una comitiva para solidarizarse con los familiares de las víctimas. De inmediato se armó una comisión vecinal en el fondo de una casa a 40 metros de donde habían ocurrido los hechos. La comisión resolvió redactar una nota pidiendo el esclarecimiento de los crímenes, la cárcel para los asesinos y la convocatoria para la primera asamblea en la calle Guaminí y Figueredo a realizarse al lunes siguiente. Más de ciento cincuenta vecinos, amigos y familiares se abocaron a la tarea de reunir firmas para el petitorio y convocar a la primera asamblea vecinal por la Masacre de Budge. El lunes 11 de mayo participaron alrededor de 2000 vecinos. También se acercaron a esa esquina dirigentes políticos, legisladores municipales y provinciales de distintos espacios, desde Oscar Alende a Luis Zamora. Así, nació la CAV (Comisión de amigos y vecinos).

El accionar de la CAV fue tratar de estructurar el reclamo, armando comisiones para hablar con las personas que habían sido testigos, ofreciéndoles garantías a través de la unidad y la organización. Se acordó formar guardias con varias carpas en las esquinas y acompañar a los testigos hasta la parada del colectivo en Puente La Noria. Los mismos jóvenes del barrio participaron en esta tarea. Muchos estudiaban y en ese lapso, por el tema de las guardias, dejaron de cursar, para no abandonar la vigilancia. Se había acordado utilizar un método de alarmas por si la policía “apretaba” a los testigos. Sabían que si sonaban pitos o había cacerolazos debían convocarse todos en Guaminí y Figueredo. Uno de los casos más resonantes fue cuando la policía realizó un “apriete” en la casa de un testigo, en las calles Campana y Espronceda. Rápidamente se movilizaron todos los vecinos a las dos de la mañana. Del mismo modo, hubo amenazas de los policías durante el inicio de la organización barrial.

La CAV fue una estructura barrial que después se abrió a las organizaciones sociales, partidos políticos, estudiantes universitarios. Jugó un papel importante en el caso de Budge porque siguió durante mucho tiempo organizando la autodefensa del barrio y el acompañamiento a familiares y testigos. Las reuniones no tenían un día fijo. Todas las tareas a encarar eran discutidas; desde sacar un folleto para informar a los vecinos a recurrir a la prensa para romper el cerco informativo. También se organizaron para pedir la solidaridad ante organismos sociales, políticos nacionales e internacionales y planificar las movilizaciones a los juzgados, Plaza de Mayo o al Municipio.

Una trama de encubrimiento

Durante la presión ejercida por los vecinos para que se logre encarcelar a los culpables, se consiguió que la Provincia otorgue una recompensa para determinar el paradero de los asesinos. Sin embargo, quedó al descubierto las complicidades, no sólo de la misma policía que los encubrió, sino también de los médicos forenses, de los fiscales y los jueces. Se trataba de una trama que la organización del barrio logró deshilvanar para encontrar a los culpables y visibilizar la feroz realidad de un barrio.

En un principio, la causa fue caratulada como “exceso en legítima defensa” gracias a que la policía intentó hacer pasar el hecho como un enfrentamiento con supuestos delincuentes. Recién en 1994, Balmaceda, Miño y Romero fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple y en 1998 se ordenó la detención de los tres. Romero fue el primero que cayó preso al año siguiente. En el 2006 fueron detenidos Miño y Balmaceda.

Durante sus años de prófugo, Balmaceda estuvo escondido en una casa de Mármol, a dos cuadras de la comisaría, evidenciando la protección policial. La organización de los vecinos logró llegar a él a través de la información de un familiar. Hicieron un trabajo de inteligencia: localizaron el domicilio y destinaron a tres vecinos para que se hicieran pasar por vendedores ambulantes. Armaron un canasto y recorrieron Mármol ofreciendo pan casero.

Lo hicieron durante varios días, en distintos horarios para no despertar sospechas. Otros días vendían rejillas o toallas. A pesar del esfuerzo, Balmaceda no aparecía. Luego se enteraron de que el prófugo había viajado a Paraguay con total impunidad, a pesar de que la CAV había pegado afiches con su cara por todo Lomas de Zamora, incluso, difundieron su imagen en los medios de comunicación.

La Masacre de Budge significó la primera experiencia de organización vecinal que desarmó y visibilizó el entramado judicial, político y policial. Ese hecho como el de Walter Bulacio, en 1991, fueron los ejes fundacionales de un movimiento antirrepresivo que, a su vez, daría origen a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Masacre de Budge fue posible por la participación de los vecinos como sujeto colectivo, junto a al accionar de Sergio “Cherko” Smietniansky, Ciro Annicchiarico y Toto Zimerman, abogados de la causa. Este último fue quien conceptualizó y reformuló la expresión “gatillo fácil” para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad del Estado, junto a tantos otros referentes y militantes sociales que lograron marcar un camino en la historia de los Derechos Humanos.