En un país con el consumo per cápita de bebidas azucaradas más alto del mundo y donde el 40% de jóvenes padece sobrepeso, saber qué tiene el alimento que estamos por comprar se vuelve esencial. Así lo pensaron los diferentes bloques del Senado que unificaron un proyecto de rotulado frontal de los productos alimenticios con el aval del gobierno, a pesar de las presiones del sector empresario.

“Este proyecto no es contra nadie sino a favor de los ciudadanos. Esta iniciativa es una oportunidad para que la industria pueda ofrecer mejores productos a la sociedad. En los países en donde se aplicaron regulaciones similares la industria logró reconvertirse y utilizar estrategias de venta para posicionarse. Es una ventana además para otros productos regionales que hoy no tienen visibilidad en las góndola”. Las palabras pertenecen a la senadora Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque del Frente de Todos, y una de las responsables de comandar la unificación de una decena de proyectos de los distintos bloques. El miércoles pasado, el texto tuvo dictamen de comisión, listo para ser tratado en el recinto.

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El artículo 1° habla de brindar “información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores”, y advertir al público sobre “los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías”. Se trata de un modelo similar al adoptado en Chile y México: la figura será la de un octógono negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas que alerten cuando el contenido supera los valores establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o por las autoridades sanitarias locales, con leyendas como “exceso en azúcares”, “exceso en sodio” y “exceso en calorías”; lo mismo para los casos de valores superiores en cafeína o en edulcorantes para enfatizar que no son recomendables en niños y adolescentes. El plazo de adecuación podrá ser de hasta doce meses, y las empresas no estarán obligadas a reetiquetar el stock actual.

El tamaño deberá ser mayor al 5% de la superficie de la cara principal del envase. Los productos que porten este etiquetado crítico no podrán complementar con otros carteles que destaquen cualidades positivas “a fin de no promover la confusión”; tampoco se les permitirá incluir personajes o prometer regalos o concursos, ni ser publicitados al sector infantil y adolescente. También tendrán negada la posibilidad de ser comercializados o promocionados en entornos escolares. A su vez, la ley exige al Consejo Federal de Educación que se incluyan contenidos sobre educación alimentaria nutricional en todos los niveles educativos.

A modo de radiografía sintética de cómo se alimentan los argentinos, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 concluye que cuatro de cada diez niños tienen exceso de peso, y en adultos supera el 60%. Y sólo un 30% de ellos lee la tabla de composición nutricional del envase de los productos. Hace unas semanas la obesidad fue declarada factor de riesgo para el Covid–19. El miércoles, el ministro de Salud Ginés González García definió en el Senado que el sobrepeso y la obesidad “constituyen una pandemia más silenciosa y menos estridente pero mucho más mortal”.

El proyecto fue apoyado por diferentes estamentos civiles, desde las 50 organizaciones que componen la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes hasta la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA), que difundió en los últimos días un video en el que aparecen reconocidos chefs como Germán Martitegui, Narda Lepes, Donato De Santis y Dolli Irigoyen hablando a favor del octógono negro. Soledad Barruti, periodista y autora de los libros Malcomidos y Mala Leche, celebró en sus redes el avance de la iniciativa: “Hoy en Argentina no podes saber ni cuánta azúcar tienen las cosas que te venden. Somos una sociedad cada vez más afectada por estas cosas que estamos comiendo. La ley de etiquetado es buena pero no la tiene fácil. Los azucareros, con Copal como paraguas de las marcas, y muchas sociedades ‘de nutrición’ sponsoreadas por la industria son quienes hacen lobby para que no salga. Por eso hay que militarla fuerte”.

Uno de los mayores ejemplos se ve en Tucumán, donde yacen 15 de los 21 ingenios azucareros del país. Es tal la presión de esa industria tanto en legisladores como en los medios, que el miércoles pasado La Gaceta, el diario más grande de esa región, tituló: “Tucumán votará por no demonizar el uso del azúcar”. Las dos senadoras de esa provincia, Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT) anticiparon que no apoyarán el proyecto. Reclamaron que se considere el azúcar “al mismo nivel que las grasas trans y el sodio”, se mostraron más a favor del sistema de Brasil “que usa una lupita que muestra la cantidad y componentes de cada alimento”, y completaron: “Además la obesidad tiene muchísimas causas y no sólo el exceso del azúcar”.

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Desde la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) también mostraron desconfianza. Su presidenta, Mónica Katz, afirmó a este diario que coinciden en que el actual etiquetado “es complejo, chiquitito, más para un experto que para la mayoría de la gente”, pero no están de acuerdo con el sistema de etiquetado frontal “porque no hay evidencia de que haya logrado impacto sanitario donde se instaló. De hecho sólo funciona así en Latinoamérica. En Europa se adoptó un modelo de semáforo con varios colores que nos parece mejor, para educar a la ciudadanía en lo no tan bueno, y en lo muy beneficioso que tenga un alimento. Hay algunos que tienen sodio o grasas pero no son malos en sí mismos, y necesitamos que se sigan consumiendo”. Katz reclamó que “no se tiene en cuenta al producto suelto, como la manteca o el azúcar, y pidió que se declare a la obesidad como enfermedad y no sólo como factor de riesgo; y que se establezca una política nutricional transversal con la tarjeta Alimentar y el programa Precios Cuidados, donde están presentes bebidas azucaradas: “Si realmente queremos un cambio en serio debe ser una política de Estado, que priorice fomentar ciertos alimentos en estos programas, que se ayude a cambiar hábitos, sobre todo teniendo en cuenta que los argentinos comemos 170 gramos diarios de frutas y verduras cuando la recomendación mínima es de 400 gramos, sólo el 10% de los productos harinados son con harina integral, y apenas consumimos 6 kilos de pescado per cápita en un país que tiene la mitad de su geografía lindante con el mar”.

El cruce principal se centra en qué figura colocar en los paquetes. La SAN y empresarios del sector abogan por el semáforo o la lupa, como en Brasil. “El sistema más efectivo es el de advertencias con el formato de sellos negros porque brinda la información de la manera más clara y fácil de comprender”, apuntó presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Andrea Graciano. Y acotó que “existe evidencia científica que muestra que este sistema tiene los mejores resultados, sobre todo en niños y población de menores recursos económicos y nivel educativo”.

Por el lado empresarial habló Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal): “No estoy de acuerdo en que el modelo chileno sea el mejor. Nos parece oportuno que Brasil haya tomado ritmo en esto y que Uruguay haya dejado una cláusula ventana para adecuarse a la legislación del Mercosur cuando esté. Tenemos voluntad política. No nos oponemos al etiquetado si no tiene fines de demonización de los alimentos”.

Desde el gobierno explicaron en la reunión de comisiones del Senado que el etiquetado octogonal es más efectivo que el semáforo, que suele confundir a los consumidores. “Mucha información mata información. Hay que ser inteligentes en qué información se pone en el frente. Y siempre va a estar la opción cuando uno da vuelta el paquete para aquel que se quiera informar más. Buscamos alertar y no demonizar. A nadie se le escapa que un hexágono tiene mayor capacidad de advertencia que una lupa”, subrayó Paula Español, secretaria de Comercio Interior. En el mismo sentido se expresó Sebastián Laspiur, de la OPS: “El que ha demostrado cambiar el perfil de compra y de consumo es el octogonal”.

Si la Argentina ya tenía malos hábitos alimenticios, con la pandemia éstos se agudizaron. Un trabajo de las investigadoras del Conicet Emilce Sudriá, Marta Andreatta y Daniela Defagó, publicado en la revista científica Diaeta, remarca que dos de cada diez encuestados pasaron más tiempo en la cocina que antes de la cuarentena. Pero cantidad no siempre significa calidad. Una de cada cuatro personas también incrementó el consumo de masas de tartas, empanadas, golosinas y postres en detrimento de frutas y verduras. Aumentó la presencia de gaseosas y snacks, y un 27% recayó en más bebidas con alcohol que antes de marzo. La respuesta más repetida: “Lo hice para sentirme mejor”. 

México y Chile, a la vanguardia

El modelo argentino se basa en el mexicano y el chileno, donde el 80% de la población pasó a prestarle atención a las etiquetas al momento de comprar, y se redujo un 25% el consumo de gaseosas. El país azteca también discute una suba del impuesto a las bebidas azucaradas. A los beneficios fiscales se suma el sanitario: la OMS recomienda gravarlas para reducir su consumo, logrando bajar índices de obesidad y diabetes. Las muertes atribuibles a altos niveles de glucosa en la sangre aumentaron en Latinoamérica un 8% entre 2010 y 2019. España también anunció para 2021 una suba del IVA del 10 al 21% en las gaseosas.

El derecho a saber qué consumimos

A la par del Congreso nacional, la Legislatura porteña también cuenta con proyectos en el mismo sentido. “Etiquetado frontal de alerta en alimentos procesados, ultraprocesados y modificados genéticamente, y normativa de publicidad”, se titula el expediente 1536 presentado en agosto por la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos), que busca disminuir los niveles de ingesta de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados que provoquen algún tipo de riesgo para la salud de los consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un etiquetado frontal octogonal de alerta en los paquetes, informando los niveles de azúcar, grasas, sodio u otros componentes potencialmente nocivos. El cartel no podrá ser menor al 25% del tamaño de los envases, que además deberán indicar en otra etiqueta si contienen productos transgénicos. La imagen de alerta también debería estar visible en las publicidades de ese alimento. El proyecto obliga al Ministerio de Salud a crear un informe mensual de seguimiento de cada caso, monitoreando los alcances y resultados del etiquetado. 

Para Velasco, que integra la comisión de Salud, “es una deuda pendiente en materia de políticas públicas que permitan garantizar no sólo el derecho a la salud sino también a la información. Tenemos derecho a saber qué es lo que estamos consumiendo”.