José Luis salió de su casa en el barrio Libertador, de San Martín, la mañana del 2 de febrero de 2022. Era miércoles y se fue a dar una vuelta a ver si encontraba alguna cosa para vender. Sobre todo carnada para la pesca. Así se la había rebuscado durante el último tiempo. “Ahora vuelvo y le traigo un juguete a la nena”, le prometió a una de sus hijas. Y salió.

José Luis era un abuelo de 49 años. En la puerta se encontró con un amigo. Caminó cien metros y de pronto cayó fundido al costado del arroyo Morón, a la altura del partido de Tres de Febrero. Su amigo volvió corriendo a la casa para avisarle a su familia. Lo socorrieron algunos vecinos. No existió ni la mínima posibilidad. José Luis Roa murió en el lugar donde se desplomó.

A lo largo de ese día las guardias de los hospitales de la zona fueron colapsando por el caudal de pacientes que necesitaron ser atendidos de urgencia. Todos con los mismos síntomas: dificultad respiratoria, somnolencia, alteración del nivel de la conciencia. Todos –se sabría después– habían tomado cocaína mezclada con carfentanilo despachada desde un puesto en Puerta 8, un asentamiento ubicado a pocas cuadras de la casa de José Luis. Como consecuencia de eso murieron al menos 24 personas y más de 80 tuvieron que ser internadas. Un año después, todo sigue igual.

Escena de aquella noche mientras secuestraban la droga adulterada.
Foto: Eliana Obregón / Télam

Zombis

Flavia es una de las hijas de José Luis. Trabaja en una organización social y transcurre sus días con su mamá en Pablo Nogués. Sus hermanas vivían en la casa de su padre cuando se descompensó ese miércoles de febrero. Ellas le avisaron a Flavia por teléfono. Cuando llegó, su padre ya había fallecido. Hace poco tiempo sufrió otra muerte, la de su hermano. En ningún momento la llamaron desde la provincia de Buenos Aires, ni del Municipio, ni de la fiscalía ni del juzgado. Sólo se acercaron de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La ayudaron con los trámites del velorio y el entierro. Esa fue su única contención de un final que nunca previó, a pesar de ser consciente del consumo de su padre. Cuenta Flavia a Tiempo. “Nadie me ofreció ayuda. Nosotras sabíamos que mi papá consumía. De toda la vida, desde siempre. Pero nunca nos imaginamos que podía terminar así. Yo me enteré por la tele de lo que estaba pasando y cuando me llamaron por teléfono no lo podía creer”.

Las muertes comenzaron a sucederse la noche anterior, poco después del triunfo de la Selección Argentina por 1 a 0 contra Colombia. Desde la madrugada de ese martes 1 de febrero a la mañana del miércoles 2, decenas de personas se fueron apelmazando a una velocidad de guerra en las guardias; principalmente en el Hospital Interzonal General de Agudos «Eva Perón» –todavía conocido como Castex–, en el Hospital Carlos Bocalandro –el más cercano a la zona crítica de Puerta 8– y en el Hospital Municipal Diego Thompson de San Martín.

En los hospitales se vivió una catástrofe sanitaria y social.
Foto: Emiliano Lasalvia / AFP

Una médica del Castex, que prefiere el anonimato, cuenta a este diario que estaba de guardia la mañana del 2 de febrero. “Al principio decían que venían de una fiesta. El pase de pacientes duró mucho más. Los doctores que se iban a las siete de la mañana se quedaban más tiempo. Y a medida que pasaban las horas aparecían más ambulancias. Muchos venían con dificultad respiratoria, y de todas las edades: adolescentes, personas mayores, algunos con pésimo estado general, otras que estaban más conscientes y otras solo por precaución”.

A media mañana, ya era noticia: «cocaína envenenada en San Martín». En rigor, la zona afectada estaba comprendida por el circuito de influencia del Clan Villalba, que incluía también a Tres de Febrero. Allí está ubicado Puerta 8, si bien muchas víctimas vivían en el partido vecino, cruzando la avenida Triunvirato.

Todo se sabría días después. Miguel Ángel Mameluco Villalba comandaba la organización narco que vendía en distintos puestos de expendio en la zona. Mameluco ya estaba en la mira de la Justicia Federal. Uno de los búnkers de venta estaba en el barrio Puerta 8, un asentamiento de más de cincuenta años donde viven unas 500 familias. Aunque algunos sobrevivientes dijeron luego que habían comprado la droga en la 18 de Septiembre –el barrio de Mameluco–, la gran mayoría señaló a Puerta 8 como el origen de la compra. La Policía Bonaerense confiscó al menos 500 dosis de cocaína adulterada los días siguientes.

Mientras tanto, los médicos de guardia no sabían cómo reaccionar. “Vienen como zombis”, graficó un jefe de servicio del hospital de San Martín. Al mediodía era difícil caminar por los pasillos y salas del Castex. Los pacientes descansaban como podían: sentados en el piso, en sillas, en camillas.

La desesperación de los familiares y el desconcierto inicial de los médicos generó una escena de catástrofe. Cuando detectaron que los pacientes reaccionaban bien a la naloxona –un antídoto de los opiáceos– lanzaron la primera conjetura: la droga estaba cortada con fentanilo. Recién a las semanas se detectó el corte real. Otro opiáceo, el carfentanilo. Una droga para dormir elefantes que en Estados Unidos causa la muerte de entre 120 y 150 mil personas al año.

La violencia no solo no disminuyó sino que en el último año aumentó.
Foto: Diego Diaz

Raro

Alrededor de las 14, el Castex no tenía lugar para más nada. Las puertas de los consultorios estaban forradas de papeles impresos con los nombres de los internados. La médica de guardia, con casi 10 años de experiencia en el mismo hospital, cuenta: “Había cuatro veces más pacientes de los que suelen ir. No paraba de entrar gente desesperada porque no sabía dónde estaban sus familiares. Si estaban internados o en otro hospital. A la tarde ya no había lugar para poner a nadie más”.

La situación fue tan insólita que desde el Estado provincial tomaron la primera medida pública de reducción de daños. Salvo una persona de 49 años, el resto de los 24 muertos tenía entre 20 y 33 años. Todos habitantes de las villas miserias del noroeste bonaerense. Fue la primera vez que el Estado aconsejó públicamente sobre el consumo de cocaína y, en función de que sea menos dañino, recomendó que la gente que haya comprado cocaína en las últimas 24 horas la tire a la basura. “Que la descarten”, pidió el secretario de seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

El padre Adolfo es responsable de una capilla católica dentro de Puerta 8 desde hace 15 años. En la práctica funciona como espacio para la atención infantil y para apoyo escolar, además de las actividades vinculadas al credo como misas y comuniones. “Se ensañaron con Puerta 8, la demonizaron. Es un barrio de laburantes, buena gente, con mucha vida, muchos chicos, la mayoría provenientes del litoral, de Chaco y Corrientes”.

Está convencido de que “se naturalizan cosas que no deberían ser naturales, dos meses después hubo muchos muertos por violencia entre pibes que compran y venden, vinculados a la droga; es raro, llamó la atención a todo el mundo que se murieran por la cocaína adulterada pero cuando se mueren todos los días no sucede lo mismo”.

Adolfo recorre los pasillos del barrio cotidianamente. Recuerda que durante los días de exposición mediática el barrio se volvió más tranquilo. Aunque la serenidad duró muy poco. “Fue una tranquilidad aparente. Hoy está como siempre”.

Padre Adolfo en una misa del barrio.
Foto: Emiliano Lasalvia / AFP
El horario, el origen de la droga y cuánto se mezcló: claves de la causa judicial

El Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, avanza con la investigación del Clan Villalba, dividido en dos expedientes: el 33.109 por el delito de narcotráfico, previo a la masacre de la cocaína adulterada y con 27 detenidos. Y el 5818 por el delito de homicidio generado a partir de la droga vendida en Puerta 8, una de las bocas de expendio del Clan. Por el delito de narcotráfico están presos, entre otros, el líder de la banda, Miguel Ángel ‘Mameluco’ Villalba, y su hijo Iván ‘El Salvaje’. El 25 de octubre pasado, la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para los únicos cinco procesados en la causa de Puerta 8. Sin embargo siguen presos por la causa anterior, la 33.109. Los jueces Alberto Lugones, Marcos Morán, y Néstor Barral consideraron que uno de los cinco procesados no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso penal. Mientras que en relación a los cuatro restantes señalaron que durante la instrucción –realizada por la justicia ordinaria– no se pudo determinar con exactitud si los cinco procesados fueron los responsables del despacho de la droga adulterada. La Cámara ordenó una serie de medidas al juzgado de Vence para reconstruir la trazabilidad. La franja horaria en la que se realizó la venta es un punto clave a esclarecer. Hasta el momento no está claro quiénes estaban de guardia en cada turno cuando se despachó la cocaína con carfentanilo. La resolución judicial destaca «la existencia de tres turnos de faena en los puntos de venta de droga, al término de los cuales –a las 3, 11 y 19 horas– se emiten vales de cierre de la actividad”. El juzgado de Vence, por su parte, acaba de enviar muestras de carfentanilo a la DEA para esclarecer el origen de la droga y la cantidad de mezcla. La investigación de Puerta 8 había sido liderada en un principio por el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 3 de San Martín, que hizo los cuatro procesamientos, pero en mayo de 2022 fue girado al fuero federal. Fuentes judiciales calculan que en abril o mayo de este año se podrían elevar ambas causas a juicio oral y público.

Vecinas y vecinos denuncian que ya no existe la presencia policial que hubo en esos días.
Foto: Télam
La violencia no fue derribada

En agosto de 2022, derribaron el búnker de Puerta 8 de donde salió la droga adulterada. «Es el cierre de una etapa para el barrio», afirmó el intendente Diego Valenzuela. Aunque la gente del lugar sostiene que todo sigue igual, y que la violencia incluso aumentó. En diciembre murieron dos hermanos en condiciones que se investigan. «Como Municipalidad no tenemos todas las competencias en materia de seguridad, especialmente en causas federales», admitió Valenzuela. Desde el Municipio de San Martín comentaron a Tiempo que tras los hechos pusieron en marcha «un acompañamiento integral a estas personas y sus familias. En simultáneo, desde Espacio Abierto (un dispositivo que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades) iniciamos una campaña de reducción de daños y signos de alerta temprana frente a síntomas de intoxicación. En conjunto con Sedronar realizamos visitas y llevamos a cabo una formación para acompañantes comunitarios y estrategias de cuidado en los barrios y zonas cercanas a los domicilios de las personas afectadas. De esta formación participaron más de 100 personas, referentes de instituciones comunitarias y organizaciones. Espacio Abierto realizó entrevistas y seguimiento ambulatorio a 20 personas de las que fueron afectadas. Y añadimos acompañamiento, asesoría y orientación a otras 50 personas de manera telefónica y anónima que se comunicaron por alguna inquietud en relación al tema. Como medida extraordinaria, habilitamos una línea telefónica de consulta de horario extendido».