El Área Metropolitana de Buenos Aires registró unos de los peores apagones de los últimos tiempos cuando casi dos millones y medio de usuarios de la región se quedaron sin electricidad entre el 11 y el 15 de enero. Desde entonces, Edenor y Edesur están en el centro del debate. Por un lado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) adelantó que tomará medidas contra ambas empresas; mientras que dirigentes políticos advirtieron que era momento de privatizarlas.

Hace unos días, el ENRE emitió un comunicado en el que informó que le impuso una multa de 20 millones de pesos a Edenor. Mediante la Resolución Nº 07/2022, el organismo formuló los cargos tras haber verificado «incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata las afectaciones del servicio en su área de concesión». Además, desde el ENRE especificaron que se había resuelto iniciar un sumario administrativo por el corte del 11 de enero (una caída del suministro de unos 1800 MW y la afectación de unos 700 mil usuarios).

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Al respecto, Edenor informó que a la fecha el servicio ha sido restablecido con normalidad y “los cortes en su gran mayoría han sido ocasionados por causales ajenos a la empresa. Una ola de calor que fue récord histórico e incidentes generados mayormente por terceros”, lo cual se “confirmará en los procedimientos administrativos correspondientes”, señaló la distribuidora eléctrica en un comunicado.

Entre otros puntos, la empresa destacó que “no ha sido sancionada con ninguna multa, como erróneamente informa el ENRE en su comunicado del día 18 de enero” y que “cualquier sanción requiere de un procedimiento administrativo previo y la posibilidad de ejercer el derecho a defensa. Las causas que los originaron han sido ajenas a la compañía y entre otros motivos se basa en la usurpación de tierras debajo de las líneas de alta tensión en donde está terminantemente prohibido edificar, ya que poseen por ley lo que se denomina servidumbre de electroducto”.

En ese aspecto, Edenor insistió en apuntar al Municipio de San Martín: “El barrio Costa Esperanza se asienta en terrenos usurpados desde hace años. Allí una antena de WIFI, instalada en una vivienda ubicada irregularmente en un espacio restringido al electroducto, produjo una descarga en una línea de alta tensión que puso fuera de servicio el sistema eléctrico de manera masiva”.

La prestataria enumeró que entre 2013 y 2017 presentó cuatro denuncias municipales. En tanto, desde 2019 tramita una causa penal en los Tribunales de Morón que fue archivada por usurpación y otro expediente en el fuero Contencioso de San Martín en el que se solicitaba la suspensión y demolición de ciertas obras en Barrio Esperanza: “El juez interviniente rechazó la demanda el 26/02/2019, fundamentado que el tema pertenecía a la órbita del Municipio, que era quien tenía el poder de policía sobre el tema”, se quejaron desde Edenor.

Por último, la empresa mencionó las denuncias ante el ente regulador: “Todas estas denuncias administrativas, judiciales y penales por construcciones sobre las líneas de alta tensión han sido comunicadas en cada ocasión al ENRE sin que dicho organismo de “control” haya tomado medida alguna para proteger la vida de los ciudadanos y el servicio a los usuarios”.