Allanamientos violentos, detenciones de asambleístas antimineros, hostigamiento y persecución policial a los vecinos. En Andalgalá, Catamarca, la criminalización de la protesta parece más propia de un Estado paramilitar que de uno que se dice democrático. Desde la Asamblea El Algarrobo, con más de diez años de resistencia al avance extractivista, denuncian que estas detenciones buscan apartar la atención de lo que realmente importa: el comienzo de las perforaciones para la explotación del yacimiento minero Agua Rica, de las multinacionales Yamana Gold, Newmont y Glencore, dedicado a la extracción de oro, cobre, plata y molibdeno. “Mientras la población está encarcelada y fuertemente intimidada, las máquinas siguen perforando el cerro donde está la naciente del río Minas, que es uno de los principales afluentes del río Andalgalá, que es del que bebemos todos los andalgalenses”, se lamentan.
Durante la tarde y la noche del miércoles 14 de abril, la fiscal subrogante Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro ordenaron nuevos allanamientos y detenciones. Pero no fue lo único que debieron soportar los vecinos que defienden el agua y el territorio. Denunciaron además la presencia de vehículos sin patente merodeando las casas, drones sobrevolando la zona, policías de civil filmando actividades de los activistas como, por ejemplo, la junta de firmas para la liberación de los detenidos, entre otros modos de hostigamiento.
“Este es un pueblo que hace más de once años que viene peleando por sus derechos, es una población que está harta de que no se cumplan sus derechos, que siente que la democracia nunca llegó para ellos, ven cómo los están judicializando y criminalizando por defender el agua y su tierra. Es la instalación de un Estado policiaco”, se queja Mariana Katz, abogada de la Asamblea El Algarrobo.
Katz destaca que, aunque el gobierno provincial intenta mostrar que todo lo que está sucediendo en Andalgalá es resultado de los incidentes ocurridos el 10 de abril, cuando fueron incendiadas las oficinas de la empresa minera Agua Rica y se destrozó la sede del Frente de Todos, en realidad es el escarmiento por resistir jurídicamente, desde 2010, el avance de la megaminería, y haber logrado, en 2016, una ordenanza municipal que prohibió la explotación extractivista en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá (ordenanza que a fines del año pasado la Corte Suprema de Catamarca declaró “inconstitucional”, en un claro gesto a favor de los intereses mineros).
Al cierre de esta edición, once personas permanecían detenidas acusadas de violación de domicilio, daños, incendio y otros estragos y hurto calamitoso, de las cuales tres ya obtuvieron arresto domiciliario: Aldo Flores, por tener más de 70 años, y Sara Fernández y Ailen Saracho, porque el pueblo de Andalgalá no cuenta con comisarías para alojar a mujeres.
Una cama
Cada sábado, desde hace once años, la plaza 9 de Julio de Andalgalá es el lugar elegido para Las Caminatas por la Vida, ese modo de protesta pacífica que encontró el pueblo para defender el cordón montañoso Nevados del Aconquija del avance de la megaminería.
“El sábado de los incidentes pasaron cosas muy raras. Por ejemplo, el destacamento de bomberos está a una cuadra de las oficinas que se incendiaron, no se justifica todo el tiempo que demoraron en llegar. Dicen que fueron apedreados, nos están llenando de denuncias, al lado nuestro Sendero Luminoso queda como tibio. Está claro que todo lo que está pasando es una cama, están criminalizando a los símbolos de la protesta, pero vamos a seguir porque está en juego el río del que tomamos agua”, avisa Rosa Farías, integrante histórica de la Asamblea El Algarrobo.
Farías le dedica especial atención a la fiscal Rodríguez, quien antes de asumir en el Ministerio Público fue abogada de la empresa FMC Minera del Altiplano, dedicada a la producción de derivados de litio, y quien en su perfil de LinkedIn se presenta con amplia experiencia en “estrategias judiciales en zonas de conflictos mineros” y en “contratos mineros”. Además, viajó a un congreso sobre minería realizado en Toronto, Canadá, en representación de la Argentina.
“Nosotros decimos que la fiscal le está devolviendo a las mineras el favor de todos los viajes que hizo persiguiendo y deteniendo a los asambleístas”, concluye Farías. «
