Organizaciones ambientales y activistas plantearon la necesidad de trabajar en un proyecto de ley penal que condene el daño a la biodiversidad que producen los desmontes en las provincias. Las asociaciones que abordan la problemática se dieron cita esta semana en el ciclo Eco Charlas que organiza la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.

En la apertura, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión, advirtió que “no hay cuarentena para los desmontes y estamos ante una situación muy compleja porque los poderes económicos avanzan y se llevan puestos nuestros bosques”. Y agregó: “Arrasan con lo que esté en el camino, sin importar a las comunidades originarias ni la biodiversidad de la región”.

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Datos que alarman en un contexto de pobreza e indigencia. De las 2,2 millones de hectáreas que se desmontaron de 2010 a 2017, la mitad quedó inactiva, improductiva. “El uso de la tierra debe ser uno de los elementos más importantes para solucionar el grave problema de hambre que sufrimos en nuestro país”, afirmó el diputado.

En este sentido, también se debatió sobre la posibilidad de declarar la emergencia forestal y empezar a debatir proyectos de ley sobre condenas penales.

Por su parte, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, detalló que «Argentina está dentro de los 10 países que más bosques perdió a nivel mundial en las últimas tres décadas, con 8 millones de hectáreas». A su vez, el activista reconoció que “bajó la deforestación luego de la Ley de Bosques, producto de la protección y el ordenamiento territorial de bosques nativos».

Micaela Camino, doctora en Ciencias Biológicas e integrante de Somos Monte, explicó que «de las áreas donde se sacan árboles, se forestan menos del 1% y la consecuencia es muy grave porque nos quita oxígeno y liberan gases».

Ante ese escenario, la especialista sostuvo que «los desmontes no producen alimentos, sino commodities, productos de exportación» y enfatizó que «el desmonte hace que perdamos productores y seguridad alimentaria, y en las zonas de más avances es donde tenemos más pobreza y desnutrición».

Después, Silvana Santillán de CLOC-Vía Campesina denunció que «las familias de campesinos organizadas estamos en lucha durante esta cuarentena, donde nos defendimos sacando topadoras para defender los bosques».

Emiliano Ezcurra, del Banco de Bosques, analizó que «los bosques tienen una relación cultural con los pueblos» y pregonó por «buscar coincidencias con los representantes del agro, y en ese sentido es importante el rol del estado, porque para desafiar las fronteras agropecuarias, hay que pensar como producir de otra forma, darle de comer a la gente y producir empleo con el monte en pie».

En su momento, Octorina Zamora, del Espacio Plurinacional Indígena Kambá, detalló que «no sólo somos víctimas los seres humanos, sino también los animales autóctonos que son fundamentales en nuestras vidas».

La Ley de Bosques, promulgada en 2009, disminuyó la deforestación pero, según un estudio de la Fundación Vida Silvestre, entre 2016 y 2018 el desmonte volvió a crecer porque volvieron a priorizarse las variables del mercado por sobre lo que establece la ley.

Finalmente, Manuel Jaramillo, Ingeniero Forestal, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, afirmó que «proyectado a 2028 en la región chaqueña vamos a tener una pérdida del 60 % de bosques nativos».

La mayoría de los diputados y diputadas coincidieron con los expositores en modificar las penalidades en los delitos de desmonte porque las multas son insuficientes para detener las prácticas. En su totalidad, los participantes plantearon que es necesario trabajar en un proyecto de ley donde haya una sanción penal de prisión para quienes realicen o instiguen la deforestación.