La situación de las personas bajo encierro estuvo en la lupa durante toda la cuarentena. Por un lado, se sabe que el coronavirus hizo estragos en los geriátricos, donde muchos ancianos, por ser el grupo etario de mayor riesgo, perdieron la vida; por otra parte, en torno a los detenidos se generó un gran debate público cuando se instaló la idea de la liberación masiva de presos. Ambos, tanto los presos como los abuelos, están atravesados por la misma problemática: la rotación de personal que los cuida o los vigila, según el caso, quienes se convirtieron en los vectores del ingreso del virus a los establecimientos.

Tras analizar la evolución de la situación sanitaria en los lugares de encierro en la Argentina, el Comité Nacional para la prevención de la Tortura elaboró un pormenorizado informe en el que puntualizó que, desde el 18 de marzo al 23 de agosto, murieron 185 adultos mayores y 20 presos por coronavirus. Además, durante todo este tiempo se registró un total de 1755 contagios.

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La información se desprende del séptimo reporte del Comité que monitorea «esta situación excepcional» con el objetivo de “contribuir a la implementación de medidas tendientes a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad y, por consiguiente, la de la población en general”.

De los 1755 casos que dieron positivos, 451 tuvieron lugar en unidades penitenciarias, 209 en dependencias policiales o comisarías, 87 en instituciones de salud mental, 123 en espacios de Niñez y Adolescencia y 885 en geriátricos.

Respecto a los 451 presos infectados en unidades penitenciarias, 308 ya se recuperaron y 20 fallecieron: de los cuales 10 se registraron en unidades del Servicio Penitenciario Federal, 8 a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense y los dos restantes en unidades del Servicio Penitenciario de Jujuy; además, tres murieron en dependencias policiales de la Bonaerense; y otros dos casos fatales se registraron en instituciones de salud mental: en el Hospital Moyano y en el Hospital Dr. Korn de Melchor Romero.

El informe destaca que la tasa de letalidad en las cárceles es sensiblemente mayor a la tasa que se registra extramuros: Si se calcula que hay 94.883 presos en todas las cárceles del país, de acuerdo a los números de 2018, “se obtiene una tasa de contagio comparativamente inferior a la detectada en la población argentina en general, pero una tasa de fallecimiento sensiblemente mayor (de 21,08 fallecimientos c/100.000 hab. en unidades penitenciarias, contra una tasa de 15,60 fallecimientos c/100.000 hab. registrada en la población argentina en general)”. En ese sentido, se destaca que la tasa de letalidad también es superior en la población carcelaria (4,4%) respecto a la registrada en la población argentina general (2,1%).

El trabajo del Comité también abordó los conflictos que hubo en los diferentes penales federales y provinciales en el contexto de la cuarentena en donde llegó a haber situaciones muy violentas: de este relevamiento surge que hubo 11 «protestas» en la provincia de Buenos Aires, 6 en Mendoza, 4 en Río Negro y San Fe, 3 en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, 2 en Jujuy y Neuquén, y una en Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Sobre la situación de los geriátricos, la Comisión resume que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más casos positivos percibió: 446; seguido por la Ciudad de Buenos Aires con 320; Córdoba con 35; Mendoza con 33; Jujuy con 20; Salta con 19; Chaco con 9; Santa Fe con 2; y Río Negro con 1.

Los datos del informe provienen de todos los casos reportados al Comité a través de denuncias, incidentes, información remitida por Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, registros y reportes de organismos estatales y casos de público conocimiento. Con lo cual, el organismo advierte que debe haber una cifra negra de datos muy elevada.