Alrededor de las ocho de la noche de este domingo, el vicepresidente del Centro de Estudiantes Universitarios “Azucena Villaflor” denunció haber sufrido amenazas por parte de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Sucedió mientras se realizaba el cierre de los pabellones y el recuento de detenidos en la unidad 48 de José León Suárez donde funciona el dispositivo académico de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Esto ocurre a dos semanas de que esta Casa de Altos Estudios firmara un convenio marco con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura del SPB para la reconstrucción de la sede educativa, vandalizada el pasado 1° de noviembre tras desatarse una serie de reclamos expansivos en las cárceles bonaerenses.   

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“Ponete una remera y salí”, así le dijeron los guardias del penal cuando llegaron a su celda. “En ese momento pensé que me llamaban para decirme algo sobre la visita de este lunes o por el tema de la limpieza del lugar, porque soy el referente. Pero no fue por eso. Me llevaron a la entrada del pabellón y me apretaron de un modo mafioso”, denuncia ante Tiempo Argentino Abel Díaz, estudiante de sociología y delegado estudiantil.

El hombre, de 43 años, continúa su relato: “Los penitenciarios me dijeron ‘qué onda con vos, sos policía que denuncias. Te conviene que retires la denuncia. Te vamos a llevar ante los que trabajan en sanidad, porque ellos no se robaron nada de la sede universitaria’. Me empujaron e intentaron pegarme”.

“Después pararon un poco y les dije que con ellos no tengo nada que hablar y que voy a declarar nuevamente. Porque no me cabe el apriete. Tengo todo el pabellón de testigo”, aseguró.

“Mis compañeros de encierro se pusieron como locos y patearon las puertas para que me suelten. Yo no soy una persona conflictiva, lo único que hice fue denunciar el ataque a nuestro espacio de educación y trabajo. Estoy sufriendo represalias y no pienso callarme”, explicó Díaz y señaló que en su denuncia involucra al jefe de penal cuando incendiaron el espacio académico. 

El estudiante recibió un llamado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a las pocas horas de sufrir el apriete. Además, las máximas autoridades del Complejo Carcelario intervinieron en el asunto para sancionar a quienes protagonizaron las amenazas. 

Saqueo e incendio

El mediodía del sábado 31 de octubre distintos penales bonaerenses iniciaron una serie de reclamos por las visitas de familiares y los retrasos de las causas judiciales. Durante la tarde, se desató una brutal represión con escopetazos y palazos. Hubo víctimas fatales y muchos heridos en todas las unidades que se sumaron a la protesta.

La primera toma empezó en Florencia Varela y se expandió a Campana, Melchor Romero, Lomas de Zamora y San Martín. En este último establecimiento, durante la mañana del domingo 1° de noviembre y, tras haber controlado la situación, con todos los detenidos en los pabellones y encerrados en sus celdas, se vandalizó toda la sede universitaria Cusam.

Robaron electrodomésticos, destrozaron todo lo que había e incendiaron el lugar. La causa que investiga los hechos transita en la Fiscalía N°1 de San Martín, a cargo de Gabriela López.  

Convenio marco

Desde la comunidad educativa consideran que el acuerdo implica la reafirmación del compromiso mutuo entre las instituciones que iniciaron en 2008. En el pacto se reconoce el trabajo y crecimiento de la sede universitaria a lo largo de los años.

El convenio se firmó hace dos semanas en el Campus Miguelete entre el rector de la UNSAM, Carlos Greco; el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak; y el jefe del SPB Xavier Areses.

“Surge la conciliación tras el ataque que sufrió nuestra unidad académica. De esta manera se ratificó el compromiso entre las instituciones y se reconoció el trabajo y los aportes que este dispositivo hizo en los últimos 12 años”, aseguró a Tiempo Argentino Marcos Perearnau, director de la sede Cusam, y agregó: “Las autoridades exaltaron la tarea que esta sede educativa realiza en todo el Complejo Carcelario de José León Suárez”.

Durante el evento se remarcó la importancia de la formación conjunta de personas detenidas con quienes trabajan en el servicio penitenciario, como una herramienta para la transformación. “La mirada social que aportamos de la cárcel implica su necesaria apertura con el afuera, su articulación con la comunidad, el barrio, cooperativas y más actores”, aseveró Perearnau, y contó que el espacio educativo será el doble de lo que estaba construido.

 “Quedó plasmada la importancia de promover el estudio a las personas que trabajan en el SPB. Para nosotros esto es central al momento de pensar la transformación de la cárcel. El cambio se produce con la formación universitaria de sus trabajadores”, concluyó.