Hay 9 millones de personas que desde hace décadas viven en una fragilidad cotidiana, al desamparo legal: a pesar de su masividad, recién en los últimos tiempos los inquilinos han podido avanzar en algunas iniciativas que los contemplen, como la ley de Ciudad, que tiene poco cumplimiento por la falta de control oficial. El 2020 los encuentra expectantes por la norma que lograron aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado, pero con la inquietud de desconocer si se atreverá a agarrarla el Senado, ante las presiones de los colegios inmobiliarios y el silencio de los diferentes bloques políticos.

Entre los principales puntos, plantea la regulación del precio de los alquileres, con un promedio entre la inflación y el salario; extiende el plazo mínimo de los contratos de dos a tres años; propone el registro de todas las operaciones en la AFIP, teniendo en cuenta que hoy la gran mayoría se realiza en negro, con evasiones millonarias al fisco. Además regula fuertemente las expensas, que actualmente recaen sobre los inquilinos, igual que los impuestos que gravan la propiedad. A su vez, insta a la apertura de oficinas en favor de los inquilinos, en todas las provincias.

«La Ley de Alquileres tiene una particularidad bastante extraña: se votó en las dos Cámaras por unanimidad. Primero en el Senado en 2016, pero perdió estado parlamentario. Hace pocas semanas se volvió a votar en Diputados y ahora tiene que volver al Senado, y aún no hay noticias si se incluye en Extraordinarias, y tampoco hubo declaraciones públicas del gobierno nacional sobre el proyecto y sobre la situación dramática de los que alquilan vivienda en la Argentina», enfatiza Gervasio Muñoz, titular de la agrupación Inquilinos Agrupados. Y acota: «Se trata de una de las políticas estructurales que hay que tener para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Nuestra experiencia nos demuestra que cuando esta ley no se trata de forma rápida, las presiones del mercado inmobiliario son cada vez más grandes. Entonces hay riesgo que sigamos en esa lógica: que se vote en una Cámara, se caiga, se vuelva a presentar y votar, y se vuelva a caer. Por eso pedimos que se incluya en las Extraordinarias».

-¿Tuvieron contacto con el flamante Ministerio de la Vivienda?

-Hemos tenido conversaciones telefónicas con la ministra María Eugenia Bielsa, donde le planteamos que necesitamos una respuesta del gobierno por sí o por no, y después un plan de trabajo y colaboración para que se tomen medidas con respecto a los que alquilamos vivienda. Desde el ’84 que no se discute este tema. Fundamentalmente suceden dos cuestiones: falta una regulación, pero también falta muchísimo control. El mercado inmobiliario es un mercado completamente impune. Como toda la  vivienda en Argentina está privatizada, para acceder a un alquiler uno tiene relación con el privado, nunca con el Estado. Es la inmobiliaria quien elige y decide qué requisitos tenés que cumplir para acceder, en una relación completamente desigual con el propietario. Si tratás que se te cumpla un derecho tenés la primera barrera de contención que es la inmobiliaria, y después el propietario que te dice “si no te gusta, no te renuevo, andate”. Por eso es fundamental que el Estado empiece a intervenir en la mediación con el mercado inmobiliario, hay muchísimo por hacer. Para alguien que no alquila es muy difícil entender lo que significa dejar la mitad de los ingresos del hogar en el alquiler, y vivir de mudanza permanente.

-¿Hoy cuánto representa el alquiler en los gastos mensuales?

-El 42% de los ingresos totales del hogar se destinan sólo al pago del alquiler, y su incidencia está subiendo permanentemente, porque los alquileres aumentan de manera semestral. Nosotros en la ley planteamos que sean anuales. Y por supuesto que los salarios no siguieron el ritmo de la inflación. Pero inclusive si hubiese una recuperación salarial, el mercado respondería con aumentos mucho más grande en los alquileres, como marca la historia de las últimas décadas. Hasta que no se regule la rentabilidad del mercado inmobiliario no alcanzará con la recuperación. Por eso para nosotros es esencial que se trate la ley de forma urgente.

-¿La degradación social y la falta de créditos hipotecarios genera nuevos inquilinos?

-La cantidad de inquilinos crece sostenidamente, alrededor de un punto por año. En CABA el 38% de los ciudadanos alquilan, cuando en 2001 era un 21%. La población de Capital no crece desde 1947, siguen siendo tres millones de habitantes, sin embargo hubo un boom de la construcción entre el 2006 y el 2015 como nunca antes. Hoy hay una vivienda cada dos años, por lo tanto el discurso de la oferta y la demanda en materia de vivienda no existe. Y una vez más se demuestra que cuanto más se construye mas aumenta el valor del suelo y de las viviendas. Un monoambiente que en 2015 estaba en 500 mil pesos, hoy vale más de 3.000.000. Sólo en cuatro años.

-Y en ese contexto, lograr ser propietario está complicado.

-Es que el acceso a la vivienda en la Argentina nunca tuvo que ver con los salarios. Cuando se forjó la cultura del propietario en la Argentina no fue porque había buenos salarios, sino porque se reguló el acceso a la vivienda. En los primeros diez años de peronismo hubo 700% de inflación, entonces ahí lo que hace Perón es congelar el precio de los alquileres, pero además lanza un crédito a través del Banco Hipotecario, que en ese momento era estatal, y financiaba el 100% de la vivienda. Ibas al banco y te daba toda la plata para comprar. Lo que generó esa medida es que a nadie más de los que tenían decenas de viviendas en alquiler les convenía tenerlas en alquiler, entonces salieron a vender. Y bajaron los precios. Y además cualquiera podía comprarla. Hoy eso no se podría hacer, porque el Banco Hipotecario es de Eduardo Elsztain, porque el crédito hipotecario sin control de precio del suelo y de las viviendas te genera aumentos (como pasó con los UVA y con Procrear) y porque acá planteamos una ley que dice que hay que regular el precio de los alquileres por promedio entre la inflación y el salario, y nos acusan de comunistas, cuando Berlín acaba de congelar el precio de los alquileres por cinco años.

CABA: Hecha la ley, hecha la trampa

En 2017, la Ciudad de Buenos Aires fue pionera respecto a la regulación de los alquileres. Dos años y medio después, la sospecha de que fue una maniobra proselitista del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en año de elecciones, se confirma: «Hay un nivel de incumplimiento del 23% de las inmobiliarias, es muy alto; y tiene que ver con que el Gobierno de la Ciudad no las controla, y tampoco a las administraciones de consorcios, que tienen una impunidad absoluta. Lo que se acata de la ley tiene que ver exclusivamente con los inquilinos, que están mucho más informados que antes». Actualmente la norma, que establece como ítem principal que la comisión la debe pagar el propietario, permanece vigente, aunque el Tribunal Superior de Justicia debe decidir un pedido de inconstitucionalidad de los corredores inmobiliarios. En los próximos días las agrupaciones planean presentar un proyecto similar en Provincia de Buenos Aires.

-¿Cuál es la realidad de los inquilinos en CABA?

-Hoy la canasta básica son 37 mil pesos para familia de 4, si a eso le agregás 25 mil pesos de alquiler (como para un tres ambientes), para no ser pobre tenés que tener ingresos de 60 mil pesos. Más del 60% de la Ciudad tiene ingresos por debajo. En todo este proceso de Macri y Larreta la Ciudad se está empobreciendo, que se vendan tierras públicas para construir grandes torres lo que genera es una Ciudad elitista, donde los que no pueden pagar se tienen que ir. Y se produce un recambio de elite. Y donde las organizaciones de vivienda tenemos que hacer una autocritica bastante importante, porque ya son muchos años donde el macrismo viene avanzando de una forma feroz, no solo sobre la vivienda. No puede ser que no tengamos unidad de acción, dos o tres puntos en común y que esas sean nuestra reivindicaciones, porque al fin y al cabo todos entendemos que la política de vivienda es una política integral.

Sin reglas para el turismo

La uberización de la economía también llegó al mundo de los alquileres, especialmente con la plataforma Airbnb, que se propone como canal de alquileres directos, donde el propietario hace de «anfitrión». «Hace poco el macrismo votó muy rápidamente una ley para generarle las condiciones a Airbnb para que caiga fuerte en la Ciudad. Una ley que, cuando no gobierne más Larreta, habrá que investigar toda la corrupción y los negociados que hicieron. La norma se redactó en muy pocas semanas, se hizo una sola reunión donde juntaron las tres comisiones que intervenían, y a la semana se votó», afirma Muñoz. Y resalta que la ley permite que el 75% de un edificio pueda ser alquilado para turismo, con la posibilidad de hacerlo permanentemente, sin límites, incluso a la misma persona: «Podés estar todo el año ahí diciendo que sos turista. Con esto se habilita que Airbnb siga construyendo edificios nada más que para la plataforma. Vienen por la industria hotelera, buscan que alquilen para turismo sin las reglas de un hotel, y sin empleados. Y además elevan muchísimo el valor de las viviendas, porque obviamente es todo en dólares».