Como si la Ciudad de Buenos Aires fuera un ser viviente, un organismo en constante movimiento que desafía el paso del tiempo, muchos de sus edificios históricos, que deberían estar protegidos, se están convirtiendo en el huésped predilecto de la llamada “arquitectura parasitaria”, por la cual el real estate (los desarrolladores inmobiliarios) maximiza sus ganancias en desmedro de la identidad de los barrios, con el aval del gobierno porteño.

Un reciente ejemplo de esta tendencia que desdibuja la traza urbana es la situación que atraviesa el Hotel Plaza, la majestuosa estructura de Retiro, frente a la Plaza San Martín, que está compuesta de dos inmuebles: el hotel original, que llegó a ser el más lujoso de Sudamérica cuando fue inaugurado allá por 1909; y, por otro lado, una ampliación construida entre 1942 y 1948, cuya demolición ya está en marcha.

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Según reconstruyó en su página web la ONG Basta de Demoler, “el edificio original del arquitecto Alfred Zucker está protegido y catalogado por la Ley 4610, pero su anexo no, a pesar de formar parte del conjunto y estar localizado en la misma parcela”. Este anexo tampoco quedó contemplado en la Ley 3056, que debería proteger preventivamente todos los inmuebles construidos antes de 1941.

Sobre sus ruinas, el estudio Bodas Miani Anger prevé construir 14 pisos y cinco subsuelos. “Visto desde Plaza San Martín, opacaría el conjunto patrimonial que protagoniza el Kavanagh, siendo que fue declarado Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Mundial de la Arquitectura de la Modernidad por la Unesco”, explica a Tiempo Mauro Sbarbati, referente de Basta de Demoler.

Los casos abundan en la Ciudad. “Lo del Plaza es muy similar a lo que ocurrió en Villa Roccatagliata, en Coghlan, un espacio suburbano italianizante de principios del siglo pasado, que ya estaba protegido. Sin embargo, para hacer rentable el negocio, el gobierno porteño autorizó la construcción de 12 pisos de un lado y 27 del otro”, explica Sbartati, quien considera que “ante la diferencia de criterios entre la autoridad de aplicación, la Legislatura y el Ejecutivo, siempre termina beneficiado el desarrollador inmobiliario por sobre los intereses de los vecinos”.

Las torres que rodearon el palacio Roccatagliatta habían sido frenadas por un amparo, que señalaba el permiso de obra irregular otorgado por el gobierno porteño, incumpliendo todos los requisitos de preservación. Pero la obra se reanudó. “Luego de seis sentencias en contra del empredimiento, el Tribunal Superior de Justicia habilitó la obra, con argumentos increíbles, como que el Ejecutivo puede dictar excepciones al Código de Planeamiento”, explica el abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

“El gobierno porteño ha tenido como política urbana una agresión constante al patrimonio histórico –continúa Baldiviezo–, no solamente no ha finalizado el catálogo definitivo de inmuebles protegidos en toda la jurisdicción, tal como ordenó la Justicia y una ley de emergencia hace más de diez años, sino que también modificó los códigos de Edificación y Planeamiento, para permitir obras que antes no estaban contempladas. Una de esas restricciones tenía que ver con la imposibilidad de construir volúmenes sobre edificios protegidos. Es decir, metros cuadrados que se pudieran ver desde la vía pública. Esa protección fue eliminada para permitir construir volúmenes en inmuebles donde la altura de la zonificación permite más altura, pero por ser inmuebles protegidos no se permite demoler y construir nuevamente”.

La arquitectura parasitaria se multiplica. En Pasaje José Terry 240, en Caballito, está el Palazzo Terry, una casa también de estilo “italianizante” sobre la que pretenden erigir una mole vidriada de seis pisos, en una zona de casas bajas. “Claro, en el render muestran el frente con enredaderas como si todo lo verde fuera bueno per se. Todo muy greenwashing”, indica Sbarbati, quien con ese término se refiere a las prácticas de algunas empresas que intentan lavar su imagen presentando productos presuntamente ecológicos.

El caso paradigmático que indignó a las organizaciones vecinales que defienden el patrimonio arquitectónico es el petit hotel que se encuentra en Jerónimo Salguero y Charcas, frente a la Plaza Guadalupe. El gobierno porteño le dio el visto bueno a su demolición, pero los desarrolladores prefirieron mantener la fachada, con sus tres plantas, y sumarle un gigante de cristal de nueve pisos más. “Queda espantoso. No se entiende cómo se puede arruinar así una casona estilo francés. Lo más loco es que el privado nos da la razón, porque mantenerla en pie le da un valor agregado a lo que quiere hacer”, ironiza Sbarbati.

La lista de estos parásitos de hierro y hormigón es interminable y todos los días los vecinos descubren alguna nueva maniobra. A la casona de Vidal 3532, en Belgrano, le sumaron tres pisos en el fondo. La de Luis María Campos 1126 quedó literalmente escondida detrás las columnas de un edificio, en la parte delantera del predio, que simula estar suspendido en el aire. Y a la de Carlos Calvo 901 le construyeron otra estructura vidriada encima. No son situaciones aisladas, más bien parecen responder a un mismo modus operandi: “Adquirir estos inmuebles con estas restricciones tiene un precio más bajo en el mercado. Los desarrolladores inmobiliarios los compran sabiendo que, si consiguen una autorización que les otorgue mayor capacidad constructiva a la original, obtienen una ganancia automática sin hacer una gran inversión”, analiza Baldiviezo.

Tanto él como Sbarbati coinciden en señalar que no hay un organismo que controle y verifique si existe una armonía entre lo nuevo, lo viejo y lo que debería estar protegido. Esta tarea correría por cuenta del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que si bien está compuesto por un equipo interdisciplinario que va más allá del Ejecutivo porteño, muchas veces, a pesar de la Justicia y las propias leyes, pone sus decisiones a la vanguardia de la especulación inmobiliaria.  «