Más de 40 organizaciones presentaron ante la Justicia un amparo ambiental colectivo para impedir la liberación del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires con el argumento del nulo control que existe en el país sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), base del actual modelo agroindustrial. “Es una fábrica generadora de daños, muchas veces irreversibles o irreparables”, dice el planteo judicial.

Esta semana, comunidades indígenas, asambleas de Pueblos Fumigados, movimientos ecofeministas y emprendimientos de la agricultura familiar, entre otros, ingresaron un escrito en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, pidiendo que se suspenda la liberación del trigo transgénico HB4 en todo el territorio bonaerense. También cuestionaron la omisión de las autoridades de actuar sobre “la grave problemática de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ignorando leyes provinciales y la propia Constitución”, y propusieron “la defensa y protección de quienes forman parte del sistema agroalimentario (…) respetando los ciclos de la naturaleza y en armonía con la diversidad biológica y sin comprometer los bienes ambientales de las generaciones futuras”.

La acción judicial, que, según sus promotores, es inédita por “su representatividad pluricultural”, lleva como título “Un Trigo de Libertad” y plantea que “los OGM, junto a los agrotóxicos, son la base de un modelo agroindustrial absolutamente agotado que ha hecho mucho daño, y lo sigue haciendo, al ambiente, la biodiversidad y la salud humana”.

El escrito argumenta la inconstitucionalidad de la aprobación del trigo transgénico por “omisión del gobierno provincial en cumplir con la conformación y el funcionamiento de una comisión creada por la Ley 12.822 para evaluar y emitir un informe interdisciplinario con participación social y de las universidades públicas en relación a los impactos de los OGM (…) daños que, aunque observables empíricamente, se siguen ignorando por las autoridades y ocultando por las corporaciones del agronegocio”.

A comienzos de octubre, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 41/2020, que autorizó el cultivo de trigo HB4, desarrollado por la empresa biotecnológica Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, capaz de tolerar situaciones de sequía y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.

La Argentina se convirtió así en el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico. Sin embargo, el “logro” no dejó de acumular rechazos, no solo de los referentes y organizaciones ambientales, sino también desde el campo de la ciencia, que ya había alertado sobre las consecuencias del actual modelo agroindustrial (ver recuadro).

En otro de los tramos de la presentación judicial se advierte que “en este contexto pandémico y de colapso ambiental, la liberación del trigo HB4 en la Provincia de Buenos Aires, como parte de un modelo que pretende consolidarse en la pospandemia, se convierte en un despropósito inaceptable”.

Un debate necesario

Lucas Landívar, referente de la organización Generaciones Futuras y a cargo de la causa junto con Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, espera que la presentación genere “un debate social absolutamente necesario, una gran oportunidad para profundizar la construcción de un sistema agrícola sustentable”, y justifica que “la agricultura industrial a base de transgénicos y agroquímicos, con sus prácticas empresariales asociadas, es una sucesión de errores tecnológicos y una fábrica generadora de daños, muchas veces irreversibles o irreparables”.

El amparo interpuesto incluye “el reclamo del derecho a la salud, a una alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria” de todos los bonaerenses, quienes “con la liberación del trigo transgénico –fundamento de la dieta diaria–, se enfrentan a una situación de irreparabilidad que proyecta sus consecuencias hacia adelante de modo transgeneracional”.

Por último, atento a “la situación de riesgo de daño grave e irreparable que representa esta aprobación comercial”, el escrito pide “una medida cautelar innovativa prohibiendo el uso y liberación a cielo abierto del trigo transgénico HB4”, y al mismo tiempo exige “la destrucción de todas las semillas que se encuentran acopiadas en el territorio bonaerense”.  «

“Quince veces más tóxico”

En noviembre, la “Carta Abierta de científicos/as argentinos/as al gobierno nacional sobre el trigo transgénico” advirtió que la incorporación del HB4 “incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año” y precisó que “el glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa”.

Con más de 1400 firmas, el texto explicó que “hasta el momento, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites. El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario”.