Los engranajes de la justicia se han movido lentamente en Tucumán para juzgar a los asesinos del comunero Javier Chocobar. Hace nueve años, una grabación en video mostró un fragmento del ataque que efectuaron el empresario Darío Amín y sus laderos, los expolicías Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso contra miembros de la comunidad diaguita Los Chuschagasta. La filmación sólo muestra parte del forcejeo y un balazo, pero no quedó registrado el resto de la agresión a tiros que culminó con la muerte de Javier Chocobar y con graves heridas a Andrés Mamaní (actual cacique) y Emilio Mamaní, miembros de la comunidad.
A una semana de que el tribunal integrado por los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Carlos Romagno presente su dictamen, Pablo Gargiulo, abogado de Andhes y representante de Hortensia Mamaní, viuda de Javier Chocobar, le explica a Tiempo que “el juicio fue atípico, ya que no hay precedente, al menos en la provincia, en que se llegara a un juicio donde hayan participado como testigos varios miembros de una comunidad indígena y donde se hayan debatido, como en este juicio, situaciones relacionadas a su territorio o a la percepción de sí mismos como indígenas”.
A pesar de que el episodio se basa en la ambición de Amín por explotar una cantera de tierra laja que pertenece a la comunidad de Los Chuschagasta, en el juicio oral, el tema del territorio, cada vez que era planteado por los representantes de la comunidad, encontraba obstáculos por parte del tribunal. En cambio, los acusados lo plantearon desde el comienzo sin que se los interrumpiera. Gargiulo sostiene que los tribunales de justicia no se mostraron preparados para contener a los miembros de la comunidad indígena: “Hay una cantidad de factores relacionados a la interculturalidad que están fuera de lo común. No llegan a juicio oral casos en los que forman parte personas de comunidades indígenas. Eso hace que el Poder Judicial, no sólo el tribunal sino también la fiscal del Ministerio Público, no estuviera muy preparado para afrontar esta circunstancia con soltura y solvencia”.
Más adelante en la entrevista, Pablo Gargiulo se preguntara qué habría pasado con la causa si no hubiese existido el video, que además se hizo viral.
–¿En qué notaron esta falta de preparación?
–Por ejemplo, lo notamos en que no se percibía a los miembros de la comunidad como una población vulnerable o que tuvieran ciertas circunstancias de «inferioridad» respecto de la contraparte. Si bien ellos deben soportar el peso de la acusación penal y están en una situación desventajosa, al mismo tiempo cuentan con una cantidad de recursos que los ponen en una mejor situación. Las personas de la comunidad no contaban con esos mismos recursos y para ellos en un punto ha sido traumático tener que dirigirse a los tribunales y afrontar los interrogatorios. No digo que el tribunal se haya comportado mal, sino que no hay un trabajo previo de la Justicia frente a este tipo de realidades diferentes a la generalidad de los casos que pasan por los tribunales penales.
–¿Crees que solo se da en casos que puedan involucrar indígenas?
–No, otro ejemplo donde se pudo ver este problema ha sido el juicio de Marita Verón. Allí también se revelaron una serie de dificultades por parte de la Justicia para interpretar y conceptualizar apropiadamente a las víctimas de trata. En este sentido, la Justicia tiene que ampliar su mirada a estas realidades para estar a la altura de lo que se espera de ella.
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–¿Hubo diferencias entre los abogados de la querella y la fiscal respecto de los hechos?
–La diferencia más importante es que la fiscal interviniente ha sostenido un estilo de representación del Ministerio Público muy de espaldas a la gente. Todo lo contrario a una actitud abierta al diálogo, ha sido cerrada y crítica. Un proceder muy propio de un sistema judicial rancio, incluso obsoleto. La Justicia, aduciendo hacer honor a que todos los temas deben ser tratados de la misma manera, a veces no ve que esa igualación redunda en injusticia. Ese pretendido igualitarismo crea situaciones desiguales. No todos provienen de los mismos lugares ni tienen las mismas historias ni cuentan con los mismos recursos, y la fiscal se mantuvo bastante cerrada a los reclamos de la comunidad. Nosotros tratamos de trabajar de una manera mancomunada con la fiscal, pero nunca nos dio su conformidad. Incluso, desde la querella pedimos medidas de prueba a las que la fiscal se opuso y que después no sólo se hicieron sino que resultaron fundamentales para la causa.
–¿Por ejemplo?
–Ni más ni menos que la reconstrucción del hecho. Una medida fundamental, que cuando presentamos el pedido para realizarla, la fiscal nos puso un montón de reparos. Y es la fiscal, no la defensa.
–¿La filmación de parte del ataque de Amín tuvo peso entre las pruebas?
–El video tuvo una importancia grande en cómo se desenvolvió la causa. Para constatar lo que venimos diciendo, basta con hacer el esfuerzo imaginativo de suprimir la existencia del video y ver qué habría pasado si no hubiese existido. En qué condiciones hubiesen quedado los acusados o las víctimas. Todo habría sido mucho más nebuloso y embarrable. El video puso claridad sobre las cuestiones que discutimos en el juicio. Pero por sí solo no alcanzaba, hizo falta aportar mucha prueba que acreditara todo lo que en el video no se ve, que es mucho. El video está muy lejos de mostrarlo todo. Solo se ve el primer disparo que hace Gómez, pero después hay más tiros y una cantidad de cosas que suceden muy rápidamente, en un minuto, uno y medio aproximadamente. Todo lo que queda fuera del registro de la cámara había que acreditarlo, de ahí la importancia de la prueba testimonial y la reconstrucción del hecho que solicitamos y que afortunadamente se llevó a cabo.
–¿El tema del reclamo territorial cumple un rol importante en este juicio?
–El tema de los territorios no hace al tema penal puntual, pero sí a su contexto, forma parte de las cuestiones que están relacionadas, pero no es el hecho puntual en sí. El tribunal, por ejemplo, se mostró siempre un poco renuente a que nosotros, desde la querella, planteemos la cuestión del territorio. Sin embargo, cada vez que el tema era planteado por las defensas privadas (de los tres imputados, uno tenía defensa pública), me refiero a Amín y Gómez, ellos lo plantearon desde el día uno. Afirmaban que habían sido usurpados, que eran los dueños del territorio, que la comunidad no existía y el tribunal siempre los dejó hablar. En cambio a nosotros nos cortaba todo el tiempo. Hubiésemos querido una escucha más atenta el tribunal a lo que tenía que decir la comunidad respecto del tema territorial.
–¿Crees que eso indica una tendencia del tribunal?
–Esta causa no tiene los clientes habituales. Con esto me refiero al ladrón, al homicida u otros marginales que son los que suelen pasar por el sistema penal. En este caso los acusados son personas «más respetables», de clase media, y entonces el sistema acciona ciertos resortes… pero no vamos a ser nosotros quienes neguemos los derechos inalienables de cualquier imputado a la defensa en juicio con todas las garantías del debido proceso. Sí puede tener un correlato en que el tribunal no nos dé lugar al pedido de máxima que hemos hecho las querellas (prisión perpetua). Entendemos que nuestro pedido es extremo y que el tribunal tiene otras opciones, como el pedido de la fiscal que involucra penas altas, aunque bastante inferiores a las que hemos solicitado las querellas. Pero sí hay que decir que no hay lugar para la absolución, porque las pruebas que se han presentado respecto de las responsabilidades de los imputados es mucha. En este sentido, la posibilidad de absolver como han pedido las defensas son bajas.
–¿Cómo espera la comunidad el veredicto del miércoles 24?
–La comunidad está muy ansiosa esperando el veredicto. Tienen necesidad de ponerle fin a esta larga espera. A pesar de las diferencias que tienen con el tribunal y con la fiscal, confían en la Justicia y esperan que haya una condena.
