Autoridades bonaerenses y nacionales se reunieron con organizaciones sociales y de ex detenidos trabajan en torno al programa “Más trabajo, menos reincidencia”, que bridará acompañamiento y capacitación a personas en situación de encierro y que hayan recuperado la libertad.
“Es un espacio muy prometedor de trabajo, con propuestas y articulaciones que son más que necesarias. Hay una voluntad manifiesta del gobierno provincial de ayudar a las personas que están en las cárceles cuando salen en libertad”, expresó a Tiempo el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, quien participó del encuentro junto a autoridades nacionales y provinciales.
De este modo se busca disminuir el nivel de reincidencia que en la provincia de Buenos Aires es muy alto. En este sentido está comprobado por los registros existentes que la mayoría de quienes padecen el encierro punitivo en el territorio bonaerense cometieron delitos contra la propiedad privada.
“Sabemos que el 55% de las personas que pasan por el encierro vuelven a reincidir. Entonces nos juntamos entra todos, todas y todes para acompañar el proyecto trabajando codo a codo con distintos sectores de la política, las personas liberadas y con quienes recuperan la libertad”, aseguró el referente del Movimiento Evita.
La mesa de trabajo tiene por objetivo generar un espacio interjurisdiccional e intersectorial entre el gobierno nacional, provincial y los municipios. Con la participación de la Iglesia, universidades y organizaciones sociales que brindarán: formación necesaria para lograr la inclusión en el seno laboral y social de las personas detenidas.
“En primer lugar quiero destacar que estamos avanzando en unidad conceptual para la gestión de un proyecto que viene a garantizar un derecho humano fundamental que es el trabajo. Es algo inherente al desarrollo de la vida”, contó a este diario Gabriela Carpineti, directora Nacional de Acceso a la Justicia.
“También estamos trabajando en el programa “Potenciar Trabajo” que es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Colaboramos con los informes que necesitan las personas liberadas para acceder a un trabajo. Intentamos todo el tiempo que los requisitos para ingresar al proyecto no resulten un impedimento, siempre pedimos flexibilidad”, agregó la abogada Carpineti.
En el encuentro también estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la ministra de Gobierno, Teresa García; la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Producción, Augusto Costa y la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila.
Asimismo formaron parte autoridades nacionales como el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico; el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES) Mario Cafiero.
También fueron parte los intendentes de Morón, Lucas Ghi; de Moreno, Mariel Fernández; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Ezeiza, Gastón Granados, y el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.
Estuvo el senador bonaerense y jefe de bloque del partido Frente de Todos, Gervasio Bozzano; el diputado Santiago Révora; Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata; el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, y diversas organizaciones sociales y autoridades de diferentes universidades con el objetivo de que el programa sea articulado a nivel local con los intendentes.
«Nos encontramos ante el desafío de construir una agenda en común entre organizaciones sociales que venimos trabajando en la visibilización de diversas necesidades que se desprenden del mundo carcelario. Lo hacemos involucrando a personas privadas de la libertad, libertades y sus familiares”, dijo Mario Cruz, referente del Centro Cultural “Los Amigos”, creado por ex detenidos en el barrio Sarmiento del partido de San Martín.
Y finalizó subrayando la necesidad de “que se garanticen el derecho a la educación, el reconocimiento del trabajo y que se piensen políticas de seguridad desde abajo, es muy importante en el diseño de políticas públicas”.
Durante la reunión se firmó un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a cargo de Agustina Vila. Lo hicieron para garantizar la continuidad pedagógica de las personas privadas de libertad en las unidades penales y alcaidías del SPB.
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