La cámara de diputados bonaerense podría transformar en ley a la brevedad un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado y que suspende por un período de seis meses toda ejecución de desalojo para aquellas cooperativas cuyos inmuebles se encuentran en proceso de expropiación y donde se desarrolle alguna actividad laboral. 

El proyecto llegará a la Cámara Baja a partir del dictamen favorable obtenido en la comisión de Asuntos Cooperativos de la legislatura bonaerense a cargo de la legisladora Karina Nazábal. 

La ley avanza en un contexto de fuerte ofensiva de la Justicia y los gobiernos nacional y provincial contra las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo. El antecedente más relevante lo constituye el veto del presidente Mauricio Macri a la ley de expropiación del Bauen lograda en el Congreso Nacional que derivó en una orden de desalojo del inmueble sito en la Av. Callao para el 19 de abril pasado y que fuera finalmente suspendido a última hora. El Hotel se encuentra gestionado por sus trabajadores desde hace más de 15 años. 

En el mismo sentido, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó el año pasado la ley de expropiación obtenida por la exautopartista Petinari que, ocupada por sus trabajadores desde 2015, se había constituido en la cooperativa Acoplados del Oeste y había logrado esa aprobación en forma unánime en la legislatura bonaerense. En este caso, mediante un operativo policial con 600 efectivos se desalojó la planta en la que se desempeñaban operarios desde hacía tres décadas.

Los vetos a leyes de expropiación por parte del ejecutivo bonaerense también alcanzaron la Cooperativa de Precisión Limitada (CDP), exRench, ubicada en Don Torcuato y la cooperativa metalúrgica Presidente Néstor Kirchner que funciona en Bernal, Quilmes. 

Mediante un comunicado, la legisladora Nazár señaló que “por sus estructuras, la mayoría se sostiene sobre la base de la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras que han decidido recuperar ese ámbito de trabajo y tienen una fragilidad que la industria tradicional no tiene”. Además, recordó que muchas fábricas atravesaron la crisis de 2001 y consideró que “no podrían sufrir nuevamente un embate sin la protección del Estado”.