«No se puede analizar el uso personal como si la droga se vendiera en una farmacia. Entonces, el problema es que vamos a alentar a que otros vendan y el problema es el que se mata por eso, el que mata a otro para manejar el negocio», postuló la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red. «Nosotros estamos siempre abiertos a discutir, pero hay que pensar todo lo que pasa con la droga y no debatir sólo desde una perspectiva ‘cool’. Hay que pensarlo en serio, teniendo en cuenta los problemas sociales que tenemos en nuestro país», postuló.

En este sentido, remarcó que en el país no se trata «nada más que de un consumo social» sino que «detrás del negocio ilegal de la marihuana mueren chicos, hay muerte, hay violencia, hay destrucción de familias, hay soldaditos, hay muerte. Primero tenemos que arreglar este tema».

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Se refirió a un informe especial elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas -aún no difundido oficialmente- en el que, en función de una evaluación realizada en el 2016, señala aspectos positivos de la acción del gobierno y recomienda, entre otros aspectos, la modificación de la Ley 23.737 en lo que atañe a la tenencia de drogas para consumo personal.

En este marco, Bullrich sostuvo que el gobierno nacional recibió ese informe «de manera informal» y remarcó que allí se destaca que «Argentina ha dado pasos muy importantes en relación al combate del narcotráfico y a las políticas de comenzar a generar una red de protección para personas con adicciones». «Lo que dice es que hay que adaptar la ley al ‘fallo Arriola’, y ese fallo habla de mínimas cantidades en lugares privados, con lo cual no podría ser en la calle o en la puerta de una fiesta electrónica, y el tema es la definición de qué es una mínima cantidad», postuló la ministra en la entrevista que concedió esta mañana. Este fallo es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina del 25 de agosto de 2009, por el cual la corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo párrafo) de la Ley N° 23.737. Dicho pronunciamiento de la Suprema Corte reconoce la inconstitucionalidad en el castigo, a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado

«Hay jueces que al ‘fallo Arriola’ lo aplican también a lugares públicos» y entendió que, «a partir de esto, la persona puede comprar». En este contexto, Bullrich señaló nuevamente que «el problema» es que esa discusión puede llevar a alentar a que otros vendan.

Por su lado el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Roberto Moro, aseguró que en la entidad a su cargo «no está en agenda» despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal,  a pesar de la recomendación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de modificar la ley.

«No tenemos en agenda despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal a pesar de la recomendación de la JIFE», reconoció Moro a Télam y argumentó que «la necesidad es crear espacios terapéuticos y acciones en lo preventivo».

Según el funcionario, la discusión sobre la ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes para uso recreativo, no configura una «prioridad» en la actualidad ya que en los últimos años «el consumo se multiplicó por tres según estadísticas de universidades privadas, por eso el presidente declaró la Emergencia Nacional en Adicciones».

En ese sentido, aclaró que los esfuerzos de la Sedronar están direccionados a la asistencia terapéutica y en «programas preventivos, como la entrega de manuales en las escuelas desde nivel inicial, y deportivos, con el campus en el Cenard».

«Trabajamos muy fuertemente el primer año de gestión para poner en marcha el Consejo Federal de Drogas (Cofedro) y el Observatorio Argentino de Drogas con el objeto de tener datos precisos para elaborar políticas de Estado», continuó Moro.

El domingo se conoció un informe en el que la JIFE recomendó adaptar las leyes vigentes al fallo de la Corte Suprema, llamado «Caso Arriola», donde en 2009 el máximo tribunal del país resolvió la inconstitucionalidad de aplicar una pena a la tenencia de drogas para consumo personal.

El funcionario no descartó que «en un futuro» el debate llegue a la secretaría que conduce: «Todo se puede debatir, tenemos una democracia que se fortalece pero hay que entender que hay prioridades», sentenció.