A María D’Agostino le dijeron que la habían abandonado en una heladería de Quilmes. A Gisela Gandini, que fue encontrada en la calle, con el cordón umbilical y todo. Gisela Di Vincenzo se enteró a los 35 años, en una discusión con quien hasta entonces se decía su mamá. A Silvia Tarrio nunca le dijeron nada. Con historias distintas, están entre las más de 3000 personas que presentaron un amparo colectivo para reclamar al Estado herramientas y acompañamiento en sus búsquedas: sus identidades fueron sustituidas, quieren saber quiénes son.
Desde el Estado, en tanto, avanza la construcción de una política pública en ese sentido: esta semana fue traspasada a la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica (RETIB), hasta ahora dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. A partir de esta resolución se apunta a construir un equipo especializado para estas búsquedas. “Es una gran deuda que hay con todas las personas a las que les ha sido suprimida su identidad. Lo importante es diseñar una política de Estado para que, pase el gobierno que pase, esto siga. Estoy pidiendo una unidad especial de investigación para esta temática: sería el paso siguiente después del traspaso del programa”, anticipó Claudia Carlotto, titular de la Conadi, en diálogo con Tiempo.
Entre las y los “buscadores”, como se definen, hay nacimientos previos y posteriores a la última dictadura cívico-militar. Hay quienes llevan décadas buscando respuestas y quienes empezaron a hacerse preguntas en los últimos años, con las redes sociales como canal para socializar datos y compartir historias. El amparo –que recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10, a cargo de Walter Lara Correa– fue presentado en febrero desde la asociación civil Búsquedas Verdades Infinitas, por medio del estudio de abogados Di Vincenzo & Asociados. Además de ser la representante legal, Gisela Di Vincenzo también sufrió sustitución de identidad. Cuando se sintió sin herramientas para llegar a su verdad, estudió abogacía para encarar su propia búsqueda.
Antes, durante y después
Silvia Tarrio nació en 1958. Pero su búsqueda comenzó hace algo más de una década. Creció en Santa Cruz y nunca había visto su partida de nacimiento hasta que fallecieron quienes la criaron. Con los papeles llegaron las primeras dudas. “Ahí se me empiezan a caer las fichas, como un dominó de toda mi vida”, cuenta. La partida decía que había nacido a las 4 de la mañana en Paso del Rey, en Moreno. Pero la familia vivía en Ramos Mejía. “Ese fue mi primer llamado de atención. El segundo, que me inscriben el 15 de marzo. Conociéndolo a mi papá, que era militar y muy meticuloso, si nací el 7 no me pudo haber inscripto el 15”, repasa.
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Además, la partera firmante era Aurora Nuech de Cerino. Silvia supo que su madrina –también apropiadora– había sido el nexo con esa mujer, acusada por tráfico de niños y esposa del comisario de Paso del Rey. Pudo recabar esos datos tras reencontrarse, 40 años después y gracias a Internet, con la hija de un matrimonio cercano a sus padres, que también había recurrido a la misma partera. Esa mujer, otra «buscadora», la acercó hasta la asociación que hoy impulsa el amparo.
Gisela Di Vincenzo nació en 1973. Nunca había tenido dudas sobre su identidad. Hasta que la sustitución llegó en forma de certeza cuando tenía 35 años: “Te voy a bajar las ínfulas, nosotros a vos te compramos”, le dijo su madre de crianza durante una pelea. Tras el impacto, la mente en blanco. Después empezó a hacer preguntas en la familia, hasta obtener algunas piezas de un rompecabezas incompleto: que habían pagado “tres aguinaldos” por ella a una partera apodada “La Chilena” que vivía frente al Hospital Italiano y “vendía chicos en Capital y San Justo”. Quien crió a Gisela como si fuera su papá trabajaba en la Policía Federal, en Robos y Hurtos.
A Gisela le costó lidiar con esta historia. Hasta que decidió pasar de la depresión a la acción. Fue tras una reunión en el Congreso, con una diputada radical que le dijo que no sabía qué hacer ante casos como el suyo: “No tienen jurisprudencia doctrinaria”. Ella volvió a su casa en Villa Lugano masticando esa frase. Y decidió estudiar abogacía. Ya era mamá de tres hijas, pero logró recibirse hace tres años en la Universidad de Flores, mientras avanzaba en la construcción de la asociación que encabeza. Además de estudiar, se empezó a tatuar: mantras energéticos cubren sus brazos. “Fue una manera de hacerme marcas, ser distinta, por una necesidad de estar bien. En mi casa me decían que eso era de preso, de zurdo”.
Gisela Gandini nació en 1976. Sus dudas llegaron con la adolescencia y se tradujeron en discusiones infinitas con quienes la criaban. Hasta que, hace solo cinco años, le contaron su versión: “Que mi papá me encontró tirada con el cordón y que un médico de la familia, cuyo nombre no recuerdan, ayudó con el papelerío”. Aunque vivían en Castelar, le dijeron que la hallaron en González Catán. Y la anotaron como hija biológica.
Cuando accedió a su partida de nacimiento vio el nombre de la partera: Nilda Civale de Álvarez, condenada en 2012 a 12 años de cárcel por sustracción de bebés en otros tres casos. Gisela pasó por Abuelas de Plaza de Mayo, pero el cotejo de su ADN en el Banco de Datos Genéticos dio negativo. La ampliación de ese banco fuera del rango de fechas de la dictadura es uno de los pedidos de las y los amparistas.
María Nani D’Agostino nació en 1990. Cuando tenía cinco años, le dijeron que era adoptada. Fue antes de la llegada de una hermanita, también apropiada. El relato fue que la habían abandonado en una heladería de Quilmes y que quienes la encontraron la entregaron a su familia de crianza, que la anotó en Tafí Viejo, Tucumán. María decidió empezar su búsqueda a los 20 años, cuando quedó embarazada y su criadora quiso anotar a su beba como propia. Ella se negó y se fue de la casa. De su conflictivo vínculo con sus apropiadores recuerda especialmente una frase: “Cuando se enojaba, ella me decía que hubiese adoptado un perro, que era mejor que criarme a mí”.
Sin más datos en su familia, María se zambulló en las redes y se topó con Búsquedas Verdades Infinitas. “No tenemos otro modo que las redes, apelamos a que la gente comparta, que nos ayude. Por ahí, alguien que se vea parecida a mí”, dice y explica que el amparo es para que haya “políticas públicas y concientización en lugares de educación, en medios, que también nos den asistencia psicológica. Si uno de nosotros, en las redes, encuentra a su familia, tiene que ir a golpear la puerta, no hay nadie que nos ayude”.
Prácticas de apropiación
No solo hay hijas que buscan su historia. También hijos, hermanos y hermanas. Incluso madres que intentan rastrear a bebés ya adultos. “Cuando hablo de entrar en la agenda pública, hablo de poder concientizar a esas mamás a las que les da miedo acercarse por el qué dirán, miedo a ser juzgadas. Y empezaron a aparecer hijos cuyas mamás murieron y les dejaron el legado de buscar hermanos”, detalla Di Vincenzo.
Aunque diversas, entre todas estas historias hay puntos en común. Pactos de silencio en las familias apropiadoras, parteras y médicos que traficaban bebés, miembros de fuerzas de seguridad involucrados, partidas falsificadas y un largo etcétera.
“La apropiación criminal de niños es diferente a otras, pero estas otras sirvieron de anclaje para la apropiación por razones políticas durante la dictadura. Y lo que posibilita el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y el movimiento de Derechos Humanos es correr el velo sobre prácticas preexistentes y que sucedieron también durante y después de la dictadura”, explica Carla Villalta, parte del consejo asesor del programa Ciencia y Justicia del Conicet, y al frente del equipo de investigación “Burocracias, derechos, parentesco e infancia”, del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
“La gente se pregunta sobre su identidad y concurre a Abuelas a hacerse análisis pero también pasa a la inversa: Abuelas, siguiendo el rastro de posibles apropiados, se encuentra con redes de tráfico, médicos que no solo firmaban certificados apócrifos en partos en cautiverio sino que también se dedicaban a la venta lisa y llana de chicos”, señala Villalta. Y plantea que había prácticas de apropiación que “estaban de algún modo legitimadas socialmente, había algún modo de aceptación. Construidas sobre lugares comunes, como una forma de ‘salvación’, como tránsito de un hogar sumido en la miseria a uno de clase media. Con ese tipo de argumentos se encuentran los buscadores cuando intentan conocer su identidad”.
“El acontecimiento político que construye Abuelas a partir de la denuncia de la apropiación es que el señalamiento ético que realiza desborda su propio reclamo y se extiende a otros grupos con demandas de ampliación de derechos. Plantean: ‘Nosotros también queremos que el Estado actúe ante la vulneración del derecho a nuestra identidad’. Y en ese tipo de prácticas, las inscripciones falsas en el Registro Civil, por ejemplo, el responsable es el Estado porque posibilitó la falsificación de documentos públicos”, advierte Villalta. Además, “en ese tipo de situaciones se borra todo el rastro para la búsqueda. Esto es lo difícil: una búsqueda que tiene características diferenciales con las que emprendieron las Abuelas. No hay nada construido al respecto. Abuelas pudo construirlo a partir de su propia experiencia, y esto les toca ahora a estos buscadores. Frente a mucho pacto de silencio”.
Recuadro
Derecho a la identidad biológica, política de Estado
Mediante una resolución firmada el 8 de marzo por la todavía ministra de Justicia, Marcela Losardo, se oficializó el traspaso del Programa Nacional Sobre el Derecho a la Identidad Biológica a la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
“Creo que la resolución es la mejor respuesta (para quienes piden herramientas al Estado)”, define Claudia Carlotto, titular de la Conadi. “Desde la gestión de (Claudio) Avruj solicité que el tema estuviera dentro de Conadi. Él no quiso, me excluyó abruptamente. Creó esa red, que hizo una tarea de recolección de información más que nada. Cuando subió esta gestión pedí que el programa pasara a Conadi porque se trata de la única comisión nacional por el derecho a la identidad. Luego, vino la pandemia y todo eso se demoró. Pero ya estoy organizando un equipo de trabajo, con todas las dificultades que hay en este momento”.
Carlotto plantea la necesidad de que ese trabajo se lleve adelante en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de buscadores y buscadoras. “Así como para trabajar el tema de las víctimas de la dictadura es indispensable que se haga con Abuelas, HIJOS, Familiares, para esta temática también. La experiencia de lucha que tienen es la que más puede ayudar a diseñar estrategias de políticas de Estado. Hasta ahora se han hecho muchas cosas individuales, insuficientes, algunas con buenos resultados, diversas. Pero la idea es diseñar una política de Estado como ya existe para el caso de la búsqueda de hijos de desaparecidos”, propone.
En principio, la funcionaria señala la necesidad de conocer las dimensiones concretas del fenómeno. “Se barajan cifras muy dispares. La Red de Trabajo sobre Identidad Biológica (RETIB) tiene alrededor de dos mil y pico de presentaciones, en cuatro años de trabajo. Otros hablan de tres millones. Va a llevar mucho tiempo poder hacer una medición más o menos exacta. De hecho, no tenemos una cifra cerrada de niños desaparecidos, que es un universo más pequeño. Va a ser difícil mensurar esto”.
