Columna de opinión de Roberto Gargarella, abogado constitucionalista.
De lo contrario, ese argumento llevaría a que se mantuvieran aislados a los gitanos, o a los considerados indeseables de alguna clase, por una cuestión de incomodidad del resto de las personas.
Y en esas ocasiones, insisto, lo que el Estado tiene que hacer es probar con otras formas de integración, que en casos extremos pueden incluir otras formas de control si es que aunque tampoco contamos con datos generales nos encontramos con algún individuo que presenta una compulsión a cometer daños a terceros.
En cualquier caso, la cuestión no se puede decidir a partir de datos que se proclaman y asumen como empíricos, pero que nunca se respaldan.
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