Ingrid Quispe, de Villa Celina, en el partido de La Matanza, tenía 17 años cuando la vieron por última vez. Sandra Lucero, de 16, es de Tunuyán, en Mendoza, y desde febrero la buscan sin resultados. Más conocido y remoto es el caso de Sofía Herrera, que desapareció con tres años en un camping de Río Grande, en Tierra del Fuego, en septiembre de 2008. Su búsqueda, que continúa vigente, sensibilizó a la sociedad argentina e inspiró el “Alerta Sofía”, el programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro y que se activó con la niña M, el último drama nacional que terminó bien, si eso fuera posible cuando hay una nena de siete años viviendo en la calle. Hay muchas más, sin embargo, que ni siquiera tienen esa suerte porque las investigaciones judiciales y las agencias del Estado no las buscan y, mucho menos, las encuentran.

Según el documento “Búsquedas de personas en democracia. Identificaciones de NN, trayectorias de vidas y cursos burocráticos”, elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), en la Argentina, al año 2015, había 6040 personas buscadas, de las cuales 3231 son niñas, adolescentes y mujeres adultas, es decir, más de la mitad (53%) del total. Según los responsables del informe, de esa población que falta, la búsqueda de niñas y adolescentes está relegada.

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“Es una violencia menos visible debido al adultocentrismo que caracteriza las investigaciones, pero además en una forma específica de violencia basada en el género”, explica la antropóloga forense Celeste Perosino, integrante de CIAV.

Del informe se desprende que en el país existe un pico de desapariciones entre las mujeres que se da en niñas y adolescentes, mientras que en los varones ese porcentaje es continuo, es decir, se mantiene rígido independientemente de las edades.

En ese sentido, la trata de personas en tanto instancia de reclutamiento es un proceso compatible con la desaparición (alejamiento, ocultamiento, etc.) de una persona respecto de su entorno familiar y personal. Sin embargo, Perosino se apura a aclarar que sería un error atribuir las desapariciones de niñas y adolescentes sólo a las organizaciones criminales.

“Hay que salir de los estereotipos estancos a la hora de pensar las violencias que atraviesan las niñas y adolescentes. La desaparición en sí misma hay que pensarla atada a un continuo de violencia previa, como el caso de la niña M. Esa serie de violencias previas, que pueden ser sexuales y físicas, quedan invisibilizadas. El Estado lo único que capta burocráticamente es la desaparición o el femicidio, el desenlace”.

El otro gran problema que evidenció el trabajo de la PROTEX y CIAV es que los casos de desapariciones se terminan resolviendo porque alguien se topa por casualidad con la persona o, en el peor de los casos, con el cadáver. “Siempre aparece la figura del vecino, el baqueano, el lugareño, pero nunca el hallazgo es producto de una hipótesis planteada por la justicia, siempre es gracias a un ciudadano de a pie. Es lo mismo que pasó en el caso de la niña M, que la encontraron una runner y el conductor de un camión. Queda muy claro que faltan formaciones en búsqueda de personas. Se necesita poner un poco más de imaginación a la hora de tramitar estas búsquedas y no dar respuestas automáticas”.

Por último, Perosino destaca que aún en los casos en que las niñas o adolescentes aparezcan en buen estado, la investigación debe continuar porque es el único modo de entender el fenómeno. “La desaparición pudo ser la fuga de una situación de violencia, por eso la importancia de monitorear esas experiencias previas. Cuando una chica aparece, enseguida se cierra la causa y nunca nos enteramos qué pasó antes y qué deudas de cuidado atravesó. Hay un sinnúmero de violencias de las cuales no podemos dar cuenta”. «

Un caso visibilizado por la voluntad de los vecinos

Las organizaciones que trabajan la problemática de las personas en situación de calle están convencidas de que el caso de M se hizo público –y gracias a ello pudo resolverse exitosa y prontamente– por una razón que desencadenó el rápido despliegue de las fuerzas de seguridad: la nena no tenía documentos y por esa razón la policía no quiso tomarle la denuncia a la madre.

“La historia comenzó ahí, porque lo que pasó fue muy a la vista de todos. Su secuestro y la bronca de por qué no le quisieron tomar la denuncia adquirió repercusión muy rápidamente entre los vecinos, familiares y organizaciones sociales, que comenzaron a reclamar de inmediato en las redes sociales, pero también en la calle”, cuenta Claudia Enrich, del Colectivo Sin Techo.

Se sabe que la nena fue secuestrada poco antes de las 9 de la mañana del lunes 15 de marzo. Unas horas después, a las 19 de ese mismo día, los habitantes del Barrio Cildáñez cortaron la intersección de la colectora de la Autopista Dellepiane y Mozart, en Parque Avellaneda. A esa altura, la Policía de la Ciudad hacía unos minutos había comenzado a intervenir. En tanto, la investigación quedó a cargo de la fiscal porteña Laura Belloqui, quien comenzó a ordenar las primeras diligencias.

El martes, la Autopista Dellepiane amaneció cortada ante la férrea decisión de los vecinos, que argumentaban que no iban a levantar el piquete hasta que la criatura no apareciera.

“A partir de allí todo empezó a tomar otra dimensión, se disparó el Alerta Sofía y todas las fuerzas del orden comenzaron a buscar a la niña. La principal diferencia entre este caso y los de otros nenes que desaparecen en la calle es que la madre tuvo el valor de animarse y entrar a una comisaría. Y a pesar de que no la quisieron escuchar, todo el barrio se levantó exigiendo respuestas”, resume Enrich.