“Integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares”. Ese es el nombre del proyecto de ley que impulsa el bloque oficialista de Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña, que hoy fue aprobado en comisión y que la semana que viene se aprobaría en el recinto. Pero ese título de agenda aparentemente positiva trajo aparejada críticas y rechazos de la oposición porque, según denunciaron, favorecerá «a las grandes empresas», «tampoco crea trabajo» y «podría llevar a la quiebra» a los emprendimientos barriales.

La iniciativa crea el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares de la Ciudad. Establece que formarán parte aquellos barrios donde se estén realizando procesos de reurbanización: «serán identificados y delimitados oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat».

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Las empresas que decidan invertir en este nuevo distrito deberán cumplir con ciertos requisitos (como no registrar deuda ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), y tendrán que inscribirse en un registro. A cambio, las que inviertan en un «proyecto de desarrollo» en los barrios populares «podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) un porcentaje del monto invertido».

El Frente de Todos presentó hoy su propio dictamen en rechazo al proyecto del Ejecutivo porteño y criticó los beneficios que le genera a grandes empresas en detrimento de los comercios barriales: “Acá no hay integración productiva ni apoyo al trabajo, sino beneficios del Estado para la instalación de cadenas comerciales sin tener en cuenta a los emprendimientos que ya existen en los barrios, a los que podrían llevar a la quiebra. Tampoco crea trabajo, plantea un piso muy bajo de empleabilidad en los barrios, de un 30%, pero ni siquiera lo garantiza, es discrecional”, aseguró la legisladora del FdT y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Laura Velasco.

“No le encontramos ningún beneficio para los barrios populares. Es una ley que favorece condonando impuestos desde el Gobierno de la Ciudad a grandes empresas, cadenas y multinacionales, que no van a invertir, en lugar de apoyar a quienes están en desventaja, a través de la implementación de la Ley de la Economía Social y Popular aprobada hace un año y medio. La mayoría de los emprendimientos barriales no acceden a financiamiento y no se promueven los polos productivos ni las ferias de la economía popular» agregó.

El legislador del FdT, Javier Andrade, acotó que «se trata de beneficios impositivos con descuentos del pago de IIBB para distintas actividades comerciales. O sea, grandes empresas podrían dejar de pagar hasta un 80% de lo que tributan de IIBB en la Ciudad si ese importe lo invierten en barrios populares».

El dictamen presentado por el bloque opositor señala que “la gran mayoría de las actividades promovidas son ya ejercidas por comerciantes, trabajadores y unidades económicas que no son reconocidas por este proyecto (el oficial) como emprendimientos gastronómicos, panaderías, verdulerías, carnicerías y tiendas textiles. La incorporación de actores externos, con mayor capital y beneficios impositivos genera una competencia desleal para las economías barriales”.

El oficialismo defendió el proyecto al afirmar que «es parte de los procesos de urbanización» ya iniciados y que es su «objetivo de generar trabajo», y desde la oposición se lo criticó haciendo hincapié en que beneficia a «grandes empresas» que competirán de manera «desleal» contra los pequeños comercios. «Se permitirá que grandes cadenas, con beneficios siderales, destruyan a las pequeñas unidades productivas», enfatizó la legisladora Claudia Neira (FdT).

Durante el plenario, varios vecinos levantaron carteles con la frase «No a la ley Farmacity». Hacían referencia a que ayer salió publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad la preadjudicación de una licitación a esa cadena y otras dos empresas para instalarse en Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita. Farmacity, que supo tener al frente a Mario Quintana, integrante del gabinete de Mauricio Macri, también busca ingresar en Provincia, algo que hoy se encuentra judicializado por el Colegio Farmacéutico que denuncia competencia desleal.

Volviendo a CABA, las leyes de reurbanización de los cuatro barrios afectados por esta iniciativa (Padre Mugica,  Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20) establecen la obligatoriedad de realizar consultas populares con las vecinas y vecinos. Pero este no fue el caso. Incluso, según expresó Velasco, está previsto que el proyecto se discuta en la mesa de gestión participativa del barrio Padre Mugica la semana siguiente a que la ley sea votada en el recinto: «Parece una burla”. Y completó: «Mientras tanto en la Ciudad tenemos 20 mil empleos menos que antes de la pandemia y se siguen proponiendo políticas públicas para beneficiar a las empresas amigas con fondos públicos».