En el último mes, la Ciudad de Buenos Aires profundizó el ajuste sobre estudiantes con discapacidad, desde lo presupuestario, el abandono de edificios, la falta de envíos de materiales, y acciones como las de fines de febrero, cuando el Ministerio de Educación, conducido por Soledad Acuña, arremetió contra la comunidad sorda de la Escuela N° 28 de Devoto, al quitarles el Palacio Ceci para transformarlo en parte del Distrito del Vino.

El proceso se hizo visible en el recorte realizado sobre las escuelas especiales de formación laboral e integral, que Tiempo sacó a la luz el 6 de diciembre pasado, cuando Acuña decidió recortar más del 50% de carga horaria y los días de cursada, y les quitó el comedor a los estudiantes mayores de 22 años.

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En la Ciudad hay apenas 56 instituciones de educación especial, insuficientes frente a la alta demanda de vacantes todos los años. Pero no se crean más lugares. Durante su primer mandato, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mantuvo prácticamente congelado el presupuesto para el área, e incluso bajó su incidencia sobre el presupuesto total de Educación del 3,7% al 3,6% en su segunda gestión. Desde hace 8 años dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales didácticos que recibían estudiantes de inicial y primario. Lo mismo con los materiales específicos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de señas Argentina español, máquinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales.

“Ese es un signo de desigualdad que requiere presupuesto para la accesibilidad y la elaboración con personal idóneo, situación que no logramos que suceda”, explica a Tiempo Lorena Carracedo, supervisora escolar de Educación Especial en CABA. En los últimos diez años, la modalidad de Educación Especial porteña tuvo cinco directoras, y la mayoría no provenía de éste ámbito educativo.  “Esto genera que las políticas educativas para el sector hayan sido escasas o nulas, y la sensación desde nuestra gestión es siempre un ‘volver a empezar’. Tenemos que explicar una y otra vez a funcionarios y asesores qué es lo que hacemos en nuestras escuelas. Esta lógica impacta en la tarea diaria y en el fortalecimiento de la modalidad”, agrega Carracedo. Y subraya: “otro punto a reflexionar es el desconocimiento general del Ministerio de la existencia de Educación Especial. Hemos escuchado cosas como ‘no sabíamos que existían’”.

En 2019, la comunidad educativa de estudiantes con discapacidad se movilizó para frenar la fusión de escuelas que quiso realizar Larreta. Pero la idea del Ejecutivo porteño de agrupar a la Escuela N°14 «Constancio Vigil» con la Interdisciplinaria Nº 3 se mantiene. “Es un claro ejemplo de ajuste encubierto. En esa oportunidad logramos frenarla, con movilización y organización, pero estos últimos días quieren volver a fusionar estas escuelas. No lo vamos a permitir”, advierte Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE. El docente retrató la situación de abandono y desidia con dos ejemplos: “la Escuela N° 18 de Formación Integral tiene un gimnasio que hace 10 años está inhabilitado, bajo la excusa de ‘peligro de derrumbe’. Acuña argumenta que no hay espacios para los más chicos que necesitan escuelas especiales, pero los espacios que hay no los ponen en condiciones. También sacaron todos los micros intermedios que llevan a los chicos de la escuela convencional a la escuela especial”. Y agrega: «otro ejemplo es la Escuela N° 14 del Distrito Escolar 13, un edificio histórico que nunca fue adaptado a personas con discapacidad motriz, tiene 64 escalones y a los chicos los suben a upa. Hace años que venimos reclamando para que lo adapten y lo único que nos ofrecieron como salida fue fusionar esa escuela con la N° 3”.

Persecución judicial

Un ícono del ataque macrista a la educación especial es la idea de sacarle el Palacio Ceci a la comunidad sorda y destinarlo al marketinero Distrito del Vino. Ante el rechazo, el oficialismo busca culpabilizar a la comunidad educativa. El legislador porteño de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso, denunció penalmente a la cooperadora de la Escuela Especial Nº 28 por supuestos usos privados del Palacio. Argumenta que «a través de conversaciones con vecinos del barrio Villa Devoto” tomó conocimiento de que en el inmueble “desarrollan actividades que nada tienen que ver con la educación pública y menos aún con la educación especializada en sordomudos”. Menciona la filmación de películas, visitas guiadas, realización de comidas, talleres de fotografía, y hasta un festival en defensa del patrimonio en beneficio de la cooperadora. La comunidad educativa asegura que cuenta con toda la documentación que desmiente al diputado del JxC: “El legislador no tuvo en cuenta que los usos realizados por productoras para filmar películas contaron con el permiso del Ministerio de Educación, y que otros recursos que recibió la cooperadora fueron donaciones para el mantenimiento del Palacio Ceci que, a pesar de ser un edificio patrimonialmente protegido, fue abandonado por años por el GCBA”.

El antecedente de Macri

El ajuste en Educación Especial parece ser una marca del PRO. Cuando era presidente, Mauricio Macri quitó los fondos destinados a las prestaciones privadas, donde asisten unas 30 mil personas con discapacidad. Se desentendió del manejo del programa Incluir Salud y descentralizó su presupuesto en las provincias. La inversión mensual en el área de institutos privados era de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Pero las prestaciones corrientes y complementarias se dejaron de abonar en 2017 y 2018. En su momento, Carlos Alberto Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales, aseguró que no podían “afrontar las obligaciones elementales: la educación inclusiva solo tiene éxito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta población tan vulnerable.”