Si bien en las cárceles locales no se registraron brotes como los de otros países, la mortalidad y la letalidad del coronavirus reflejan índices mayores entre las personas privadas de su libertad que en el afuera.
«Los sistemas penitenciarios y los más de once millones de presos que hay en el mundo se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia», dijo semanas atrás Philipp Meissner, experto en reforma penitenciaria en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En las cárceles de Argentina no hubo niveles explosivos de contagios –como se vieron, por caso, en Brasil- pero los relevamientos elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) señalan que en los espacios de encierro locales el nivel de mortalidad y la tasa de letalidad son más elevados que en el afuera. Así, mientras la letalidad en estos lugares fue en promedio en el primer año de pandemia del 3.4%, el porcentaje a nivel nacional era del 2.4%.
“El reporte dedica especialmente seguimiento a unidades penitenciarias y policiales, y en ese ámbito es importante destacar que la nueva actualización registra que el nivel de mortalidad y letalidad en unidades penitenciarias es superior a las del medio libre. El medio de contagio es inferior, pero la tasa de mortalidad y letalidad es superior”, contrastó Alan Iud, secretario ejecutivo del organismo, en diálogo con Tiempo. Atribuyó esa diferencia especialmente a que “las condiciones de acceso a la salud son peores” en esos sitios. El documento alerta que la pandemia “constituye una amenaza concreta y extrema para las personas privadas de su libertad, en un contexto signado por las precarias condiciones de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento”.
El informe, que recaba datos desde el inicio de la pandemia hasta marzo último, indica que hubo 66 fallecimientos por covid en unidades penitenciaras, donde se detectaron 1962 contagios, y otras cuatro muertes en unidades policiales, entre 574 casos. Sin embargo, se advierte sobre la existencia de un subregistro. “En perspectiva comparada regional está en niveles razonables lo de Argentina, otros países tuvieron brotes mucho más problemáticos”, comparó Iud.
El objetivo del informe apunta al “monitoreo de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y la supervisión del cumplimiento de sus derechos. Acá está en juego su derecho a la salud, pero también la pandemia implicó que algunas restricciones se potenciaran en este ámbito”, remarcó Iud, en referencia a que durante mucho tiempo permanecieron suspendidas las visitas, las actividades recreativas y laborales. En este contexto, se registraron 86 medidas de fuerza y reclamos durante la emergencia sanitaria.
En tanto, el CNPT presentó los datos desagregados de la distribución etaria de las personas presas “para poder ir haciendo un seguimiento de que se respete la vacunación en las mismas condiciones que en el medio libre”.
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