El dato reciente sobre once bebés recién nacidos separados de sus familias en menos de 20 días en Santa Fe para ponerlos a resguardo de distintas situaciones de riesgo causó conmoción. Pero si bien sorprendió la cantidad de casos en tan pocos días, la cifra se da en el marco de una tendencia que preocupa. En esa provincia, en los últimos seis años, casi se triplicó el número de niños y niñas separados de sus hogares.

En 2013 había 467 niñas, niños y adolescentes en las distintas modalidades de acogimiento alternativo, institucional y familiar de Santa Fe. En 2019, eran 1351. Así se desprende del Tercer Informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, presentado esta semana, con el apoyo de UNICEF.

El informe advierte que “la modalidad de acogimiento alternativo predominante es la de dispositivos institucionales, generándose un crecimiento exponencial de los mismos en número”. Así, mientras que en 2016 y 2017 se contabilizaron 41 centros residenciales, en el relevamiento de 2020 se identificaron 90 espacios de acogimiento. “El Programa de acogimiento familiar no es valorado en la agenda gubernamental como la modalidad de acogimiento alternativo prioritaria. Si bien la normativa internacional y nacional vigente indican que ante la toma de una MPE (Medidas de Protección Excepcional) debe preferirse la modalidad de acogimiento familiar antes que institucional”, plantea el documento. En julio de 2019 había 926 niñas, niños y adolescentes en espacios institucionales y menos de la mitad (425) en acogimiento familiar.

Aunque sin datos cuantificables, el informe alerta que “un alto porcentaje de niñas y niños devienen adolescentes en el sistema de protección excepcional, ingresando al programa de autonomía progresiva (…) ya sea porque se han agotado las instancias de revinculación con las familias de origen y no quieren ser adoptados, o por situaciones de procesos adoptivos ‘fallidos’”. Es decir, chicos y chicas que crecen sin entornos familiares.

En el caso de los once bebés separados de sus familias, que se difundió días atrás también en Santa Fe, las situaciones incluían problemas de adicciones en los hogares –en algunos casos, incluso, los recién nacidos tenían cocaína en su organismo (por la lactancia)-, maltrato y madres víctimas de trata o abuso sin posibilidad de maternar.

Además de las problemáticas de larga data que quedaron expuestas en el nuevo relevamiento, se analizó la situación de infancias y adolescencias institucionalizadas en el marco de la pandemia de coronavirus. “El acceso a la salud y salud mental durante la pandemia por parte de las chicas y chicos institucionalizados se vio restringido frente al colapso del sistema de salud que se vivenció fundamentalmente en la primera etapa de la pandemia. No obstante, dichas dificultades de garantías en el acceso a la salud y salud mental ya se daban con anterioridad y se vieron agravadas en ese contexto”, advirtió el documento. Y agregó que la continuidad educativa dentro de esas instituciones quedó supeditada durante la pandemia a las capacidades operativas y de formación del personal. “No se relevaron lineamientos ni refuerzos por parte de la SDNAyF (Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia) ni del Ministerio de Educación para garantizar el acceso a la educación de la población focalizada de niñas, niños y adolescentes que está dentro del sistema de protección”.

La presentación del tercer informe del Observatorio se enmarcó en los diez años del organismo encargado de proteger, monitorear y promover los derechos de las infancias y juventudes dentro del Sistema Provincial de Protección Integral de Santa Fe y en el tramo final del segundo mandato de la Defensora, Analía Colombo.