Estaba previsto que los ocho imputados por el femicidio de Araceli Fuelles llegaran al juicio en libertad, a pesar de la larga condena que les pesaría en caso de ser encontrados culpables. Sin embargo, a dos días del comienzo del debate dos de los acusados ya fueron detenidos: uno por amenazar a la madre de la víctima, Mónica; y otro por que intentó entrar a la audiencia con un arma blanca. 

“Espero que logremos el objetivo de acompañar de la mejor manera a Mónica en esta instancia y poder participar del debate oral. Esperamos que el juicio se desarrolle con perspectiva de género y con respeto hacia toda la familia de Araceli, que son víctimas indirectas de este femicidio, y que se respete la memoria de ella”, explica a Tiempo Natalia Chinetti, directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

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Desde el Ministerio destacaron que si bien el municipio de San Martín venía acompañando a la familia, contactaron a Mónica hace unos meses atrás luego de que le escribiera una carta al presidente Alberto Fernández en la que le pedía que la acompañen en el juicio oral que finalmente comenzó este lunes y por el que se prevé que desfilen entre 150 y 300 testigos hasta principios de octubre. 

“Le propusimos un acompañamiento pensando que iba a ser un momento tanto para ella como para el resto de su familia muy movilizador y de hecho lo está siendo. Ayer declaró como testigo y luego va a seguir todo el debate porque se constituyó como particular damnificada. Estos días van a ser muy duros, angustiantes, porque va a revivir situaciones que tienen que ver con los últimos momentos de Araceli”, precisó Chinetti, quien es abogada y aclara que si bien la estrategia jurídica la lleva el abogado de la familia, Diego Szpigiel, “desde mi equipo acompañamos a la familia en lo que requieran, desde una contención hasta explicarles lo que implica cada instancia de un debate oral que para quienes somos abogados es algo más conocido, pero para el resto de la población puede resultar un lenguaje y un escenario hostil”.

La funcionaria recordó que la familia lleva más de 4 años años pidiendo justicia y estuvo unos 25 días buscando a la joven. “Este caso es particular y ocurrió cuando no existía el ministerio. La Dirección que tengo a cargo aborda sobre todo casos recientes con una estrategia y un equipo interdisciplinario integrado por psicólogues, trabajadoras y trabajadores sociales, abogados y abogadas”, añadió.

Chinetti describió que “a partir de julio del año pasado, se creó el Programa para Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata para casos de violencias extremas que está destinado a familiares y allegades de vícitmas de femicidios, transfemicidios y trasvesticidios. Se brindan cuatro prestaciones: orientación jurídica a la familia; contención psicológica primaria y articulación en el territorio con las áreas locales de Género; una apreciación económica única de cuatro salarios mínimos, que es un poco más de 100 mil pesos; y la articulación si existe la necesidad de algún traslado de familiares”.

El juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Martín comenzó este lunes el juicio contra Carlos Casalz, Hugo Cabañas, Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Los dos primeros son los únicos que están presos. Cabañas intentó ingresar un elemento cortante a la audiencia del martes, mientras que Casalz cayó el domingo cuando fue a votar acusado de intimidar a los testigos.

“Al que detuvieron ayer (por el domingo) es el que asesina realmente a Araceli, en conjunto con los otros imputados. Él fue quien enroscó el precinto en el cuello para terminar matándola”, dijo tras la primera jornada del debate Ricardo Fulles, padre de Araceli, en diálogo con los medios en la puerta de los tribunales de San Martín.

Los ocho sospechosos están acusados del delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”, que prevé la pena de prisión perpetua.

El caso

Araceli fue encontrada muerta el 27 de abril de aquel año debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez. La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: “Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa”.

Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. La autopsia determinó que la joven murió por “asfixia mecánica” por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos.