Horas después de la presentación de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), que apunta a abrir canales de diálogo para destrabar el fomento de esa actividad, la comunidad que reclama contra el avance de la Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) en Catamarca fue blanco de una feroz represión policial. Así lo denunciaron vecinas y vecinos del pueblo de Choya, que hace un mes iniciaron un acampe en defensa del cerro que habitan. Durante la tarde del martes hubo balas de goma, palos, personas heridas y una militante detenida.

“Tuvimos una jornada muy violenta por parte de la policía. Hace un mes los vecinos de Choya estamos acampando y bloqueando el camino a la empresa MARA para el acceso a la mina de Capillitas. Ayer tenían que hacer el recambio de personal de la empresa, subir combustibles y demás. El fiscal (Martín) Camps de Andalgalá dio la orden de allanar el camino y la gente fue desalojada muy violentamente. Eso fue en el transcurso de la siesta”, contó a Tiempo Enzo Brizuela, de la Asamblea El Algarrobo.

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Más tarde, la represión bajó del cerro al pueblo. “A la tarde la gente en Aguas Claras, en Choya, esperaba a la policía de Catamarca para pedirles explicaciones de por qué habían desalojado a los vecinos del cerro. Cuando quisieron preguntar, la policía sin mediar palabras nos reprimió. En el lugar había mujeres, niños, abuelos que estaban esperando respuesta y saber cómo estaba su gente arriba. Todos fueron violentados con balas de goma, palos y demás. Hubo mucha gente herida, abuelos y mujeres. Por suerte ningún niño herido. Varios compañeros y vecinas golpeados”, describió Brizuela. El episodio quedó registrado en múltiples videos.

El operativo terminó con la detención de una vecina y militante, Karina Orquera. “Al no querer moverse la llevaron entre cinco y ocho agentes masculinos de infantería. La golpearon mucho y está detenida. El fiscal no dio la cara ayer, no responde el celular para que autoricen la liberación”, denunció el asambleísta. Y apuntó que esta mañana la situación en la región continuaba “muy tensa”.

El diario local El Ancasti publicó que por la noche hubo protestas en Andalgalá contra la represión, que incluyeron movilizaciones a la comisaría y a la casa de Camps, donde se produjeron “daños”. Ese medio informó que, a raíz de ese hecho, la Procuración General envió al departamento a los tres fiscales penales que subrogan actualmente la Fiscalía General, en apoyo a Camps.

El lunes, ese fiscal había imputado a cuatro personas por el bloqueo en el distrito de El Potrero. “Ese día fueron citados compañeros de la Asamblea El Algarrobo a comparecer con Camps por una supuesta desobediencia civil. Los compañeros fueron a fiscalía y nos hicieron una nueva causa armada, montada, totalmente falsa para desmovilizarnos. Estamos sufriendo persecución de la justicia, la policía y la política todos los vecinos y asambleístas de Andalgalá”, denunció Brizuela.

El reclamo contra la megaminería en Andalgalá es de larga data y se sostiene con movilizaciones permanentes. Como consignó la Agencia de Noticias Tierra Viva, el planteo central apunta a que se cumplan las existentes, como la Ordenanza Municipal 029/16, la Ley Nacional de Glaciares, el Acuerdo de Escazú, la Ley de General del Ambiente, y las resoluciones 208-209 del Ministerio de Minería de la provincia.

En Choya, la preocupación por el avance del proyecto MARA creció a mediados de abril. Por entonces, El Algarrobo denunció que la propia empresa había reconocido en su informe de impacto ambiental la pretensión de instalar “una escombrera en la cuenca alta del río Choya». El colectivo planteó que «se confirman así las sospechas de vecinas y vecinos que notaron afectada la calidad del agua del río, como consecuencia del movimiento de tierras y los deslizamientos producidos por la apertura de caminos». La consigna, antes y después de la represión, es «Bajen las máquinas del cerro. No a la megaminería».