Con avances y retrocesos por la continua propagación del Covid-19, la situación por la pandemia en Chaco ha requerido de una tarea sanitaria mayor y diferente a la desplegada en la mayoría de las provincias. Si bien el gobierno expresa haber conseguido importantes avances en la contención, la provincia registra uno de los puntos más sensibles de contagio a nivel nacional, con más de mil diagnósticos positivos y 61 muertes. A casi cuatro meses de la llegada del virus, el contexto se fue tornando más y más complejo. Encontrarse todos los días con decenas de nuevos casos y muertes ha causado angustia, desazón y hasta una actitud de hartazgo en gran parte de los chaqueños, que si bien continúan acatando la cuarentena y las medidas dispuestas, comienzan a solicitar respuestas acordes a sus necesidades de parte del gobierno provincial.

Los primeros casos confirmados aparecieron el 9 marzo, seis días después del primero en el país, cuando una médica y su hija, tras regresar de España, ignoraron el protocolo de aislamiento por 14 días. Son los denominados casos “0” y “1”, situados como punto de origen de al menos seis contagios que se ramificaron y derivaron en el comienzo de la circulación viral.

Chaco anotó su primer deceso por Covid-19 el 13 de marzo, con el fallecimiento de César Cotichelli, profesor universitario e ingeniero. Debido al rápido avance del coronavirus, el gobernador Jorge Capitanich decretó la cuarentena obligatoria, junto al cierre de fronteras el 17 de marzo. Dos días después anunció la suspensión tanto de las clases presenciales en todos los niveles educativos, como de todo evento donde se produjera el aglomeramiento de personas.

Al igual que a nivel nacional, la pandemia dejó al desnudo el déficit de antaño del sistema sanitario chaqueño.Las primeras medidas del Ejecutivo pasaron por equipar los principales hospitales de la provincia, aunque fue necesario solicitar 1700 millones de pesos al Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, los reclamos de los sindicatos de trabajadores estatales y sanitarios comenzaron a enfatizar la falta de elementos y equipamiento en el hospital central Julio C. Perrando, en Resistencia, y en el resto de las instituciones de salud pública de la provincia. Desde fines de marzo, comenzaron a denunciar que los propios médicos y trabajadores del hospital contraían el virus, debido al contacto estrecho con los pacientes y la falta de elementos adecuados para evitar el contagio.

Junto al barrio Toba (ver recuadro), el hospital Perrando es el segundo foco de contagio de la provincia con 63 casos, aunque cabe aclarar que estos datos -brindados por el gobierno- alcanzan al 18 de mayo, por lo que el número podría ser mayor.

Tras la primera semana de abril, el jefe del Ejecutivo provincial admitió un relajamiento en el aislamiento, que se tradujo en más contagios. La zona del Gran Resistencia (conglomerado conformado por la capital chaqueña y las localidades de Vilelas, Fontana y Barranqueras) fue nombrada como la de mayor registro de contagios.

De los 962 casos del último informe otorgado por el gobierno provincial, 772 son de Resistencia, mientras que entre las tres ciudades lindantes combinadas totalizan otros 143 diagnósticos positivos. El quiebre en la contención de la tasa de contagios, determinó que, el 22 de mayo, Capitanich anunciara la vuelta a la Fase 3 de la cuarentena, lo cual implicó la renovación de todos los permisos de circulación, el endurecimiento de los controles vehiculares, la suspensión total del servicio de transporte público y la restricción del horario de apertura para los comercios habilitados.

Las nuevas medidas causaron conmoción en la comunidad, y en especial en los dueños y trabajadores de las pymes, que se manifestaron con un “bocinazo” solicitando que se los deje trabajar bajo un protocolo sanitario, ya que la gran mayoría no pudo acceder a los créditos o bonos de emergencia brindados por la Nación.

No toda la responsabilidad es, desde luego, del Estado provincial. La comunidad chaqueña tiene un grado de culpa en el desborde de contagios (prueba de ello son los más de 15.000 detenidos por violar el aislamiento obligatorio), pero ahora, rumbo a una “cuarentena inteligente” (que se implementará a partir de mañana), se espera que entre los funcionarios y los ciudadanos haya al menos sentido común.

«Estamos en tierra de nadie»

El barrio Toba, donde habita la comunidad qom, es uno de los focos de contagio de Resistencia, con más de 140 casos positivos. El gobierno provincial decidió acordonarlo al explotar un brote de contagios desde el primer caso reportado a fines de abril. «Nos conmocionó y llenó de temor la infección por el desconocimiento que había sobre el coronavirus. Aquí los lazos intrafamiliares son muy fuertes y sabíamos que era muy difícil que se corte ese contacto entre parientes que viven en zonas lindantes», dice Laura Pérez, titular de la comisión vecinal de este barrio de la periferia.

Pérez cuestionó el cordón sanitario impuesto por el gobierno. «Nosotros lo habíamos avalado, pero debían garantizarnos la seguridad interna y esto no se cumple. Nos cercaron y, en lugar de protegernos, nos expusieron. Nos sentimos señalados y expuestos por todos. Incluso los guardias que cuidan la entrada no ingresan si pasa algo aquí. Estamos en tierra de nadie» afirmó.

Además, Peréz consideró que hay más casos de los anunciados. «Creo que hay ocultamiento de datos, sino no se entiende como aún no se saben los de la última semana de mayo». Y denunció que faltan insumos claves como alcohol en gel y barbijos.