“Que paguen los que tienen que pagar por la tortura y la muerte de mi hijo”, pidió Ramón Casco instantes antes del inicio del juicio por la desaparición y muerte de su hijo Franco, de 20 años, en octubre de 2014. Viajó desde Florencio Varela hasta Rosario, donde este lunes comenzó el juicio a 19 policías acusados de haber estado involucrados en el crimen del joven, tras ser detenido en la Comisaría Séptima el 6 de octubre de ese año. Tres semanas después, su cuerpo fue encontrado en el río Paraná.

Franco había viajado a Rosario para visitar a familiares. Cuando fue detenido, había iniciado su regreso a Buenos Aires. Eso fue lo último que le dijo a su mamá, Elsa. La audiencia se inició en los Tribunales Federales de Oroño, a las 8.30. Una manifestación de familiares, amigos y militantes reclamó justicia, convocados por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Cuando el juez Carlos Vera Barros procesó a los policías consideró que Casco “habría sido objeto de tormentos y otros tratos inhumanos y degradantes, posiblemente propiciados por funcionarios policiales de la citada dependencia, y a partir de los cuales pudo haberse producido el deceso”. Según consignó el diario La Capital, de Rosario, de acuerdo a la acusación fiscal el joven fue “brutalmente golpeado por funcionarios policiales”, algo que se basa especialmente en testigos que entre la 1 y las 3 de la madrugada del 7 de octubre escucharon golpes y gritos de auxilio. Algunos de los detenidos incluso oyeron su apellido. Hasta que los gritos se interrumpieron, y no volvieron a ver a Franco.

“Los hechos perpetrados en el caso en concreto respecto de Casco, no eran sino más que la continuación de prácticas específicas que el personal de la mentada seccional vendría realizando en el marco de un contexto de violencia institucional sobre las personas que allí se encontraban privadas de su libertad, en clara vulneración de sus derechos”, analizó el magistrado.

Tras las torturas, muerte y desaparición se puso en marcha un operativo de ocultamiento y complicidades. Durante este mes se realizarán tres jornadas de audiencia y el debate retomará en febrero, tras la feria judicial, cuando comenzará la producción de la prueba. Hay más de 200 testimonios previstos.

El tribunal está integrado por Otmar Paulucci, Osvaldo Facciano y Beatriz Caballero. La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Arrigo y cuatro querellas: los abogados Guillermo Campana y Salvador Vera en representación de una de las hermanas de Franco y de su hijo, que tenía 3 años en 2014; la Defensoría General de la Nación, que representa a Ramón Casco, el padre del joven; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y el abogado Gabriel Ganón, exdefensor provincial, en representación de otro de los hermanos de Franco.

El entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, encabeza la lista de los 19 policías acusados, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales. Las imputaciones tienen que ver con diferentes responsabilidades del delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima; encubrimiento y participaciones secundarias. En la elevación de la causa a juicio, Fiscalía consideró “que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona».