Este lunes comenzó un juicio emblemático para desentrañar y describir el funcionamiento del negocio narco en Santa Fe. Se lo acusa a Esteban Lindor Alvarado como instigador de un homicidio y líder de una asociación ilícita acusada de múltiples delitos, entre ellos lavado de activos y atentado a edificios judiciales. A él se suman otros cuatro miembros de su violenta banda. En la primera jornada el implicado se presentó como “comerciante”.

Según relata El Ciudadano de Rosario, el arranque del debate oral a la banda de Alvarado, enfrentada desde hace años a la de Los Monos y cuyo encono explica una porción de los homicidios que ocurren en Rosario, provocó el despliegue de un importante operativo de seguridad en el Centro de Justicia Penal, donde se realizan las audiencias.

Tras dilaciones por una serie de pedidos y reclamos de los abogados defensores, Alvarado fue el primero en presentarse ante el tribunal y lo hizo con su nombre completo. Cuando le preguntaron por su ocupación respondió “comerciante” y dio su domicilio en una dirección inexistente –de calles paralelas– en Rosario. 

El entramado mafioso que va saliendo a la luz expone múltiples conexiones, que fueron creciendo durante una década y media al amparo del encubrimiento policial y político.

Alvarado (42), ya cumplió una condena de 6 años de prisión por robo de autos en el Gran Buenos Aires que eran desguazados en Rosario, y según los fiscales del juicio desde la cárcel “relanzó su emprendimiento criminal, ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces”.

El caso que condujo hacia el clan de “El Esteban”, como lo llaman en el mundo criminal, fue el crimen del prestamista Lucio Maldonado. Dos días después de ser secuestrado en su domicilio, apareció asesinado a 200 metros del casino en una colectora de la avenida de Circunvalación. Tenía las manos atadas a la espalda, cuatro tiros en la cabeza y un cartón con la frase “con la mafia no se jode”.

El seguimiento satelital de su automóvil, que fue llevado por los secuestradores, permitió determinar que había sido trasladado a un paraje llamado Los Muchachos, en las afueras de Rosario, donde Alvarado tenía una vivienda a nombre de sus hijos, según el requerimiento fiscal. Otro acusado en el banquillo es Mauricio Laferrara, señalado como uno de los principales sicarios de Alvarado y al que se le atribuyen al menos seis asesinatos en dos años. 

Alvarado también será juzgado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría dirigido desde la cárcel, tanto en lo “operativo y logístico” como haciéndose cargo “de la gestión y administración y disposición de bienes” mediante un entramado de sociedades legales.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada aseguran que la banda tenía una “pata policial”, que con “sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito”.

Cinco de esos policías, Javier Makhat, Cristian Ariel Di Franco, David Marcelo Rey, su hermano Martín Javier Rey y Luis Quevertoque, ya fueron condenados a través de juicios abreviados, al igual que el abogado de Alvarado, Claudio Tavella, sentenciado por disimular a su nombre la compra de un campo de 10 hectáreas que era del jefe narco.

De acuerdo a lo señalado por los fiscales del juicio, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, la asociación ilícita funcionó entre el 16 de junio de 2012 –cuando Alvarado fue detenido por un fiscal bonaerense en la causa por robo de autos– y el 18 de octubre de 2019, cuando lo detuvieron en un camping de la ciudad cordobesa de Embalse Río Tercero.

La Fiscalía pide la pena de prisión perpetua para Alvarado, como instigador del crimen de Maldonado, jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos originados en actividades criminales.

En el proceso se acumularon también las investigaciones por un atentado a balazos a los Tribunales rosarinos, otro al Centro de Justicia Penal y uno a la vivienda particular de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Fuentes judiciales afirmaron a Télam que está previsto que el juicio se extienda a la primera semana de abril, con audiencias diarias de 8 a 14 horas.

Emporio de empresas

Según los fiscales, Esteban Lindor Alvarado “construyó un emporio de empresas” que le permitió “crecer económicamente” y convertirse en “un referente del hampa local” que recibía en prisión visitas de otras personas “relacionadas con el crimen organizado”. Primero en las cárceles de Campana y luego en Urdampilleta.

“Desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”, señalaron los fiscales en el requerimiento del juicio. “Y fue así que –continuaron- privado de la libertad siguió funcionando y desarrollándose”.

Para los fiscales, desde los lugares de detención “aprovechando los contactos con que contaba, las relaciones con personal policial y los negocios realizados, relanzó su emprendimiento criminal ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces”. Desde su lugar de detención “se extendió subjetiva y objetivamente el emporio de negocios y empresas de Alvarado”.

En Campana, Alvarado fue visitado por Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el ataque a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti y acribillado en octubre de 2019 mientras cumplía prisión domiciliaria.

También por José Luis Di Marco, “quien fuera sorprendido en noviembre de 2017 en General Roca, Río Negro, transportando 493 kilos de marihuana” en un camión de un empresa de Alvarado, por lo cual el líder está procesado e irá a juicio por tráfico de estupefacientes.

Otra visita que recibió “fue la de Andrés Bracamonte, sindicado líder de la barrabrava del Club Rosario Central”, y también la de Mario Sebastián “Gringo” Viscontti, otro barra del mismo club acribillado de nueve disparos el 31 de mayo de 2016.

El diputado socialista Carlos Del Frade acompañó a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el inicio de la segunda parte del juicio contra Esteban Alvarado, “síntesis del desarrollo del negocio narco en la provincia en los últimos veinte años. En esa historia hay conexiones políticas, judiciales, policiales y empresariales que merecen ser conocidas por nuestro pueblo para entender el por qué de la continuidad de la violencia como una forma de hacer dinero fresco”.