Así lo reveló un estudio preliminar del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Además, por primera vez se utilizó el consumo eléctrico para elaborar información sobre las viviendas ociosas.
El IVC registró que la Ciudad tiene 138.328 viviendas ociosas, es decir, el 9,2% del total de los inmuebles residenciales. La cifra surgió a partir del consumo de electricidad domiciliaria aportado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) durante 2017. Una segunda fase del estudio analizará la evolución del consumo eléctrico durante la última década.
La necesidad de trabajar sobre las viviendas vacías surgió como resultado de una serie de recomendaciones realizadas por la Mesa de Alquileres conformada por organizaciones sociales, organismos públicos de defensa, organizaciones de inquilinos, legisladores porteños y sectores del mercado inmobiliario, luego de la aprobación de la ley de alquileres.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esa ociosidad es el resultado de que las viviendas que se construyen y las necesidades habitacionales de la ciudad van por caminos separados”.
En ese sentido, el análisis de los datos oficiales arroja que la construcción de inmuebles no está apuntada a la solución del amplio déficit habitacional porteño. Entre los años 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas, según datos que surgen de la Dirección General de Estadísticas y Censos.
Para ACIJ, “esta dinámica de la construcción no mantiene relación con el problema habitacional porteño donde más del 35% de los hogares alquila su vivienda en condiciones libradas al libre mercado y pagan de alquiler una importante porción de su salario”.
Mientras Buenos Aires permite que el acceso a la vivienda lo determine el mercado inmobiliario, en otras ciudades del mundo implementan medidas de regulación para proteger los derechos de la población. En Montevideo, sin ir tan lejos, los inmuebles que registran bajos consumos de agua y luz son considerados ociosos y tributan un adicional al impuesto inmobiliario.
Finalmente, la organización destaca que “la producción de datos permite detectar la creciente inversión en inmuebles con fines especulativos, que terminan elevando el precio e imposibilitando que la mayoría de los habitantes accedan a una vivienda, ya sea por la vía de la compra o el arrendamiento. Regular la ociosidad de los inmuebles debe ser parte de una política integral de hábitat que proteja los derechos de los habitantes de la ciudad”.
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