Las pocas ganas de cocinar se imponen y el vecino soltero de Ramos Mejía se permite el gasto extra –y cada vez más oneroso– de pedir una grande de jamón y morrones. En realidad quiere aprovechar el descuento del 60% que promete UberEats aplicado al primer envío, en una campaña de afiliación irresistible. Timbre. El servicio empieza bien: el tiempo de espera se cumple. La sorpresa de ver la mochila aparatosa de Rappi en la espalda de una joven venezolana en moto le borra al vecino con hambre la sonrisa. Ella se apura a explicar: «Estoy trabajando para las dos. Empecé con Uber porque me conviene más. Paga mucho menos que Rappi, pero es más rápido. Cuando voy al negocio a buscar el pedido ya lo tienen listo, así puedo hacer mas repartos, y a la larga es más dinero».

UberEats es el último servicio del gigante estadounidense que arruinó los nervios de los taxistas porteños y que ahora pretende imponerse en el rubro de la entrega de comidas o delivery, en donde ya existen compañías afianzadas como Rappi, Glovo y PedidosYa. La batalla por el kilo de helado a domicilio está declarada.

«Uber es el principal jugador mundial de plataformas que logró posicionarse en el mercado del transporte urbano, y ahora quiere participar del sector retail de las grandes ciudades de Latinoamérica. Parece una señal contraria a lo que venían advirtiendo muchas plataformas: que la Argentina no es un país apropiado para el desarrollo de plataformas tecnológicas. Uber, en cambio, lo ve como un mercado auspicioso», reflexiona Juan Ottaviano, abogado laborista de la Asociación de Personal de Plataforma (APP), el primer sindicato del país y de América en pedir su inscripción formal para representar a los trabajadores del sector.

Ottaviano sostiene que UberEats tiene un modelo de negocios muy similar al de otras plataformas que ya operan aquí, pero reconoce que por su dimensión «habrá que redoblar los esfuerzos para discutir qué derechos laborales les corresponden a los trabajadores de las apps, cualquiera sea el servicio que presten».

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(Foto: Diego Martínez)


«Hay un nuevo gran empleador y tenemos que ver si va a contratar trabajadores sin derechos como lo vienen haciendo las otras plataformas, lo que implicaría una mayor precarización del sector. Lo importante es que cuando aparecen estos jugadores fuertes, el Estado es el que debería prestar atención a cómo se desarrollan estos servicios, si el trabajo que se creó cumple con los derechos y requisitos mínimos estipulados por la Organización Internacional del Trabajo», advierte el especialista.

UberEats llegó a la Argentina con la reputación que le otorga funcionar en 350 ciudades en todo el mundo. La primera en ponerlo en marcha en el país fue Mendoza, en noviembre de 2018, y luego le siguieron Córdoba, a principio de este año, y Ramos Mejía y Haedo, en el oeste del Conurbano, en abril. También se anunció su inminente desembarco en partidos de la zona norte: Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero. Esta semana se puso en marcha en Avellaneda.

Los atributos que ostenta la flamante app de delivery es mostrar en tiempo real el estado del pedido, la posibilidad de mantener un chat directo con el «socio» repartidor y calificar de manera diferenciada a este, al restaurante y a cada comida o bebida. También es posible personalizar el pedido (agregar y quitar ingredientes), filtrar restaurantes y platos de acuerdo con el presupuesto y programar los pedidos para un lugar y hora determinados.

Aunque la apuesta es fuerte, la faceta más conocida de Uber sigue siendo el transporte de pasajeros con conductores particulares, en el que ha operado con diversos conflictos en la Capital desde 2016, a pesar de ser declarado ilegal por las autoridades porteñas (ver recuadro).

En la actualidad, Rappi, de origen colombiano, tiene más de 5000 repartidores en CABA y algunas localidades del GBA; Glovo, por su parte, ya llega a los 6000 trabajadores registrados en el país; y PedidosYa alcanzó los mil «riders» luego de su reciente reestructuración.

«Para el que anda en bicicleta, un viaje mínimo está alrededor de los 150 pesos; te pagan la espera, el kilometraje y el servicio en sí, y después te descuentan una comisión del 25%. Vendría a ser lo mismo que las otras apps, pero con un poco más de cuidado», cuenta Néstor Riveiro, de 39 años, trabajador de UberEats y veterano en la actividad de reparto para las plataformas digitales. «Yo soy uno de los 450 trabajadores despedidos de PedidosYa», agrega con amargura.

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(Foto: Edgardo Gómez)


Una vez que se descargan la aplicación, los repartidores en el ámbito de la Ciudad tienen 30 días para reunir toda la documentación requerida (certificado de antecedentes penales, libreta sanitaria, etc.), y una vez presentada, se les otorga un turno para concurrir al curso de Manipulación de Alimentos a cargo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño y a otro de Vialidad dictado por las policías Federal y de la Ciudad.

«El monotributo es el mismo –se queja Néstor, que además es bombero voluntario de Barracas y estudiante de Seguridad Pública–; estas empresas te dan un seguro, pero si tenés un accidente no se hacen cargo. Te cubren los remedios y alguna atención primaria, pero después, si no trabajás, no cobrás más y te cortan la aplicación». «

El litigio en la Capital

El 7 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad sostuvo que la actividad de transporte de pasajeros de Uber “no constituye ninguna contravención”, luego de que la fiscalía porteña argumentara que operaba de forma «ilegal». Además, revocó las condenas impuestas contra Uber Argentina SRL y sus directivos por el supuesto «uso lucrativo del espacio público sin autorización» y confirmó la absolución por la «violación de clausura», un hecho que se le había imputado a la compañía por haber continuado prestando servicio pese a que la Justicia había ordenado el bloqueo de la aplicación.

Se trató del último capítulo de un conflicto que comenzó en abril de 2016, cuando Uber desembarcó en la Argentina y el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°15 hizo lugar a una medida cautelar que presentó el Sindicato de Peones de Taxis porteño. El fallo ordenaba suspender la actividad de la empresa hasta tanto no exista una sentencia definitiva en el litigio.