La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de dos padres acusados de suministrar cocaína y tranquilizantes a sus hijos, una niña de un año y siete meses de edad, y un bebé de apenas dos meses.

“Es razonable presumir con altos grados de probabilidad que los procesados conocieron y controlaron la secuencia causal de los hechos –no aislados sino repetidos- y que consumaron las conductas endilgadas, sea por acción u omisión deliberada, con al menos un elevado nivel de temeridad y desinterés por el resultado”, dijeron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

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Según documentación a la que accedió Tiempo, la niña ingresó por guardia del hospital Ricardo Gutiérrez el 2 de julio de 2018 con un cuadro de gastroenteritis aguda, con deshidratación leve a moderada, temblor fino, debilidad muscular generalizada, marcha inestable y somnolencia.

De los exámenes médicos durante los varios días que estuvo internada surgió que su cuerpo estaba contaminado con lamotrigina (un fármaco utilizado para el tratamiento de la epilepsia y el trastorno bipolar) y clorhidrato de cocaína en orina.

Una semana antes, la niña había sido ingresada al mismo nosocomio y el análisis arrojó positivo de benzodiacepinas (tranquilizantes) “lo que se asumió como accidental, aunque llamó la atención que el blíster del medicamento estuviera ‘como que fue manipulado solo por adultos’”.

Alertados por la situación, los médicos invocaron “motivos de riesgo social” y resolvieron pedir a los padres de la niña contaminada que llevaran a su otro hijo, de sólo dos meses de vida.

“El menor ingresó a la guardia el 4 de julio con un cuadro de irritabilidad. Se le realizó un dosaje multidrogas cualitativo, que arrojó resultado positivo para cocaína”.

Ambos padres fueron procesados por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo” que de momento no pueden proyectarse a futuro por la corta edad de los niños, pero que en caso de causar un daño permanente podrían conllevar penas de  hasta 15 años de cárcel.

En este contexto, consta en el expediente un  informe efectuado por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que da cuenta de una “situación de riesgo en el vínculo entre los padres y los niños”.

Ambos procesados negaron su responsabilidad, aunque tácitamente reconocieron su condición de consumidores o ex consumidores de estupefacientes. Pero negaron el suministro y manifestaron ignorar “cómo pudieron los niños haber ingerido dichas sustancias”.