Al igual que durante la persecución y hostigamiento contra estudiantes, docentes y familias de escuelas porteñas, ocurrida el año pasado, nuevamente la comunidad educativa recibió un apoyo masivo. Y no es para menos. La vulneración de derechos en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, abrió la puerta para que un amplio sector de la sociedad repudie la instalación de cámaras en escuelas que llevará adelante la administración de Rodríguez Larreta. Este miércoles, Tiempo sacó a la luz la decisión de la cartera educativa comandada por Soledad Acuña, de instalar varios dispositivos de filmación en aulas de una escuela de Palermo. Tras la publicación de la nota, varios sectores involucrados con las niñeces, la política y los derechos humanos, realizaron un contundente rechazo a esta medida.

“La instalación de las cámaras en el interior de la escuela, viola claramente el principio de confidencialidad y de intimidad de las y los estudiantes de cualquier nivel. Muy distinto es cuando colocan las cámaras frente a las aulas de tecnología donde están las computadoras”, señala a Tiempo, Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA). La titular del gremio docente mayoritario de la Ciudad, afirma que, en este caso, se ve con toda claridad, “que en el momento que habían planteado la instalación de cámaras en las escuelas, los frenó un amparo, y ahora seguramente tienen este convenio o negocio ya acordado y arremeten otra vez contra el trabajo pedagógico porque no hay posibilidades de desarrollar ninguna tarea pedagógica cuando el concepto de un gobierno es vigilar y castigar” y termina: “Todos los organismos de protección de derechos y también la defensora de niñas y niños junto a la defensoría del Pueblo, deberían una vez expedirse respecto de la protección a la intimidad de estudiantes en las escuelas”.

Inmediatamente después de que esta noticia se expandiera rápidamente. Desde la propia cartera educativa aseguraron a este medio que, la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.

Al rechazo a esta medida se sumaron, además, organismos de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la defensa de las niñeces. “Siempre cuestionamos esta iniciativa del gobierno de Cambiemos, de Macri primero y de Rodríguez Larreta después por querer instalar estos dispositivos en el interior de las escuelas”, manifestó a este medio María Elena Naddeo, vicepresidenta la de Asamblea por los Derechos humanos CABA e integrante de APIABA, Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, que cuenta con más de 40 organizaciones, instituciones, referentes territoriales, del campo académico y profesionales de la interdisciplina, comprometidos con los derechos de las infancias y adolescencias. La referente en derechos humanos recuerda que la instalación de cámaras en las escuelas generó muchos debates en la legislatura porteña y, junto a centros de estudiantes y gremios docentes, hasta se llegó a firmar un acta planteando que solo se podían instalar cámaras en la calle, en las inmediaciones de las escuelas, para que puedan controlar si existe una intrusión de personas desconocidas ajenas a la comunidad educativa. “Pero esta decisión de la Ciudad cambia totalmente los criterios que ya se habían establecido, porque en las escuelas hay menores de edad y por lo tanto es necesario preservar la confidencialidad y la privacidad. Esto hay que consultarlo con la comunidad porque son medidas que no pueden tomarse sin debatirlas con los centros de estudiantes, cooperadoras y los docentes”, agrega Naddeo.

En el mismo sentido, desde la asociación docente Ademys, destacan que si se trata de cuidar el mobiliario o material educativo se pueden tomar otras medidas. “Detrás de esta intención de poner cámaras seguro hay un negocio y un acto de potencial persecución. Recordemos las denuncias de la justicia del 2022 sobre el uso de datos biométricos de las cámaras de vigilancia de CABA que fueron utilizadas contra dirigentes políticos y sociales”, analiza en comunicación con Tiempo, Amanda Martin, secretaria adjunta del sindicato. La líder sindical asegura que hay escuelas que han rechazado este mecanismo “por constituir un acto de violación al derecho de intimidad de los menores. Y desde ese punto de vista también hay que rechazar este intento de colocar cámaras”, adhiere.

La lista de rechazo a esta medida, crece con el correr de las horas, y va más allá de las declaraciones de referentes vinculados con la educación y las infancias. “Vemos con preocupación que se instale la costumbre de una vida filmada, con la excusa que sea. Más en un ámbito de tanto valor simbólico como la escuela, más aún involucrando la intimidad de las infancias”, cuenta a Tiempo Diego Pietrafesa, secretario de DDHH del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). El trabajador de la comunicación y e integrante de la comisión directiva del sindicato, advirtió que “cualquier decisión que se tome, además, debiera tener el consenso de los trabajadores y trabajadoras de la educación a través de su representación gremial”.

El repudio de referentes políticos

El amplio abanico de espacios políticos que conviven en la Ciudad de Buenos Aires, también se solidarizó con la comunidad educativa y repudió fuertemente la instalación de cámaras en escuelas porteñas. “El gobierno de Larreta, Acuña y Juntos por el Cambio, en lugar de resolver los problemas para garantizar condiciones dignas, entregaron botellas de agua insuficientes para combatir los efectos de la ola de calor, como única solución, y ahora quieren avanzar con la instalación de cámaras. No les importa ni la educación pública ni quienes la hacemos todos los días”, lanzó a este medio Cele Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad y precandidata a presidenta. Pa Fierro, lo de las cámaras no solo viola los derechos a la intimidad de niñes y adolescentes y avasalla los derechos laborales de la docencia. “También vuelve a garantizar un importante negociado, como hace con todas las cosas, donde prioriza las empresas privadas amigas, utilizando los recursos públicos. Ya Acuña quiso instalar cámaras en las Escuelas Medias luego de las tomas en los colegios. Cada vez que la comunidad se organiza el gobierno responde poniendo el dinero que dice no tener, en espiar a la docencia y estudiantes”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad y  legisladora porteña Frente de Todos, Claudia Neira, advirtió que “frente a los reiterados robos de las escuelas, lo que nosotros venimos proponiendo es un plan integral de seguridad que contemple las particularidades edilicias de cada establecimiento”. Entre esas particularidades destaca un sistema de alarmas, las reformas que sean necesarias para reforzar la infraestructura, la presencia de caseros o personal de seguridad privada. Esto “hay que analizarlo caso por caso. Y coordinar estas acciones con la seguridad de los entornos escolares”, destaca la diputada y agrega: “La instalación de las cámaras en los lugares donde se guardan las computadoras no evita el ingreso al colegio de quienes tienen la voluntad de robar, con el peligro que ello conlleva para toda la comunidad educativa. Y si la instalación se lleva adelante en las aulas se trata directamente de una medida ilegal”.