En su paso por la principal seccional de la Ciudad de Córdoba, los comisarios mantuvieron la vieja tradición policial de cobrarle a los prostíbulos de la zona para que puedan operar con tranquilidad, pero lo hicieron de manera institucional, formalizando los pagos a través de la denominada “Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra de Córdoba”. El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 comenzó este lunes el juicio oral y público contra 8 ex comisarios y 5 civiles que conformaban estaba banda que cobraba periódicamente por brindarle seguridad tanto a negocios legales como ilegales.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro y el fiscal federal Enrique Senestrari fueron quienes instruyeron la causa. La investigación comenzó a partir de un sumario por presunta Infracción a la ley 26364 en donde se acreditó que desde 2009 hasta 2011, Aldo Oscar Ceballos dispuso, sostuvo y administró de manera encubierta el prostíbulo denominado “Majas”, en Tucumán 462. En ese expediente, se advertía que el sospechoso había captado y explotado sexualmente al menos a una mujer.

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La cuestión es que de uno de los allanamientos realizados en Majas, se secuestraron recibos a nombre de la “Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra. ex Precinto 1 de la Policía de Córdoba”, que daban cuenta de entregas de dinero a esa entidad realizados con periodicidad por parte de Ceballos. Era la punta del ovillo para descubrir las maniobras de la policía cordobesa en pleno centro comercial de la capital.

Se pudo establecer que la banda –conformada por jefes policiales, sus subalternos y personal civil- con roles acordados y bien distribuidos, desde 2008 hasta 2013 cobraron con frecuencia dinero de los locales comerciales de la zona como bares, restaurantes, bancos y aseguradoras; aunque, sin dudas, las actividades ilegales, como el prostíbulo Majas, eran los que dejaban las mejores tajadas.

En el mejor de los casos, el dinero aportado por los comerciantes fue a financiar los recursos de la fuerza y se utilizó para reparar los móviles, las vacaciones del personal, la adquisición de artículos de librería, provisiones para la dependencia, o para tareas de mantenimiento y limpieza.

Como no podía ser de otra manera, la cooperadora bajo la cual la banda operaba era trucha. Si bien en la investigación se pudo acreditar que “fue creada en el año 1987 como una asociación integrada por civiles, que tenía por finalidad recibir aportes de dinero de entidades lícitas de esta ciudad (comercios, sindicatos, universidades, colegios, vecinos, etc.) y destinarlos en insumos de la Comisaría Seccional 1ra”, lo cierto es que “en el año 2002, dicha asociación se constituyó técnicamente como una simple asociación o sociedad de tipo irregular, por encontrarse inhabilitada para funcionar, al poseer el mandato de sus autoridades vencido […], y que a partir de ese año operó sin control alguno de parte del organismo provincial competente”.

Todos los sospechosos llegaron en libertad a la sala de audiencias y se declararon inocentes. Se trata de los excomisarios Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Carlos Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez. Están acusados de cohecho pasivo y exacciones ilegales. A su vez, Arias y Cejas, tienen sobre sus espaldas las imputaciones más pesadas como presuntos autores de trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena. Por otro lado, hay otras cinco personas en el banquillo de los acusados por haber formado parte de la cooperadora policial.