Debieron pasar nueve años para que la justicia reconozca la responsabilidad criminal de un productor hortícola en la muerte de Nicolás Arévalo, de cuatro años, que cayó en una zanja llena de pesticidas en Corrientes, sin embargo, el culpable no irá ni un solo día a la cárcel. “Quedó claro que un tomate vale más que la vida de un niño”, se lamenta el abogado de la familia.

El Tribunal Oral de Goya condenó a tres años de prisión condicional al “tomatero” Ricardo Prieto por el “homicidio culposo” de Nicolás, quien murió el 4 de abril de 2011, luego del traslado a varios hospitales y de agonizar cinco días.

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Tanto la familia como Herminio González, el abogado que los representa, coincidieron en que el veredicto les dejó un sabor “agridulce” porque, por un lado, el acusado evitó la cárcel bajo la condición de realizar un curso sobre manejo de fumigaciones, y, por otro, sienta un precedente histórico: la justicia, aún con una pena exigua, reconoció que la exposición a los agrotóxicos mata.

“Son dos sentencias –explica González–; una que se celebra porque es el primer fallo condenatorio a un productor de la región por las pulverizaciones y su relación con la muerte de un niño y con las lesiones gravísimas de una niña. La otra lectura es que una pena de tres años en suspenso no deja satisfecho a nadie. Pese a que quedó acreditada la conducta inapropiada y desinteresada del productor, no va a estar ni diez minutos detenidos. Estamos ante un sistema irresponsable de fumigaciones con productos químicos al que no le interesa la vida de los vecinos ni de los pobladores. Quedó claro que un tomate vale más que la vida de un niño”.

Por su parte, Josefina Arévalo, tía de la víctima, opinó que “con o sin condena a nosotros nadie nos devuelve a Nicolás” y destacó que “lo importante es que por fin salió a la luz la verdad”.

El 30 de marzo de 2011, en el Paraje Puerto Viejo, una zona de producción intensiva de tomates y pimientos a través de carpas plásticas conocidas como “tendaleros”, Nicolás y su prima Celeste Estévez, de entonces cinco años, pisaron una zanja usada como desagüe de la chacra de Prieto, quien ese día, más temprano, había estado fumigando sus cultivos a “cortinas levantadas”, propagando el efecto tóxico.

Nicolás comenzó a experimentar un fuerte malestar con vómitos que lo llevó sucesivamente del Hospital de Santa Lucía al de Goya y por último al Hospital Escuela de Corrientes, donde murió el 4 de abril. La autopsia confirmó la presencia de endosulfán en sangre e hígado, un insecticida extremadamente peligroso y que está prohibido en la Argentina desde 2013.

En 2016, Prieto fue llevado a juicio, pero los jueces lo sobreseyeron. En 2018, el Supremo Tribunal de Corrientes hizo lugar a la apelación de la fiscalía y la querella y ordenó la realización de otro debate oral con un tribunal de distinta conformación. “Hace nueve años –continuó Josefina–que venimos luchando, día tras día, para tener justicia y lo conseguimos gracias a no bajar los brazos”. 

Durante todo ese tiempo, la familia de Nicolás soportó humillaciones, presiones y hasta despidos de parte de productores de la zona, acusándolos de querer perjudicarlos a través de mentiras.

“De alguna manera –concluye González– el fallo los redimió y también provocó satisfacción en toda la comunidad. Pero el sistema frutihortícola de la región sigue igual. Prieto no dejó de hacer lo que hacía, lo único que cambió es que corrió su tendalero 30 metros. La pregunta que nos hacemos, a partir de la ausencia de políticas públicas, es quién va a controlar que realmente se capacite y no vuelva a fumigar como antes”.