El proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para rezonificar Costa Salguero y Punta Carrasco generó un rechazo masivo y una participación inédita en la audiencia pública que exige el artículo 89 y 90 Constitución porteña para la disposición de inmuebles de dominio público. Se recibieron más de 7000 solicitudes para exponer, que van desde organizaciones sociales, ambientales y profesionales hasta personas adultas mayores y jóvenes. Las objeciones a la ley impulsada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta tienen varias aristas: constitucionales, ambientales, arquitectónicas, paisajísticas y sociales. Tiempo Argentino habló con especialistas sobre el impacto de privatizar la ribera.

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El Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público está integrado por más de 300 mujeres y se creó a partir del rechazo al proyecto que busca vender 32 hectáreas sobre la ribera del Río de la Plata. Liliana Carbajal es arquitecta, expuso en la audiencia del miércoles 30 y reclamó por el “derecho al horizonte” y por la creación de un parque público, libre, verde y popular. “La cuestión urgente es recuperar tierras públicas y el borde costero es una pieza integral, es metropolitano. No se está discutiendo un terreno, se está discutiendo la posibilidad de tener un borde costero como tienen tantas ciudades. Ellos dicen que se recuperan esos terrenos y no es así, siempre fueron nuestros pero estaban concesionados. Ellos lo ponen en un emprendimiento privado y con eso lo que hacen es bloquear e interrumpir una costa pública. La urgencia es que la venta de la tierra cancela la oportunidad para siempre”, afirmó Carbajal en diálogo con Tiempo Argentino. 

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La arquitecta indicó que con la construcción de diez edificios de entre 18 y 29 metros de altura, se anula el espacio público. “Lo hacés privado y armas un paisaje de ostentación y consumo. Eso es imponer una impronta a un espacio público que es clasista y excluyente. En Montevideo o Colonia Sacramento la gente va a tomar mate, no hay negocio. Lo que se hace en el espacio público se define en el momento, no está predefinido por un inmobiliario o por esa arquitectura hostil que pone baldositas de cemento. La ciudad no es solamente necesidades, son también deseos, el goce y el disfrute de lo público, lo que sintetizamos como el derecho al horizonte que es el horizonte físico pero también social y cultural”, agregó Carbajal.

Por su parte, el licenciado en Diseño del Paisaje y especialista en biodiversidad urbana, planificación y patrimonio de paisaje, Fabio Márquez, destacó que el fin de la concesión del predio, que será en el 2021, es una oportunidad para lograr un parque público ribereño. “Según la Constitución de la Ciudad debiera recuperarse absolutamente como espacio público. Para eso no requiere ningún marco legal específico porque ya existe”, sostuvo en diálogo con este diario. Además, detalló los errores que tiene el «Concurso Nacional de Ideas Parque Salguero-Distrito Joven».  “Tiene un pecado original y es que las propias bases obligan a hacer un proyecto de urbanización de edificios construidos. Lo que está claro es que hay pobreza de criterio, de concepto y de interés porque en la parte que argumentan que va a ser parque público en el proyecto no hay nada que lo describa correctamente. No interpreta el espacio de un borde del Río de La Plata como debería estar: vegetado. Ni las bases eran muy exigentes, ni el jurado estaba capacitado para evaluar eso y quiénes ganaron ni siquiera tenían un asesor o paisajista para que pudiera decir eso. El argumento del gobierno de que va a haber espacio verde donde ahora no existe es bastante falaz porque hoy no existe pero podría existir en la medida en que se cumpla con la norma. Hablan mucho de ese espacio verde pero no pueden describir nada con precisión porque el concurso no lo planteaba, quiénes ganaron no sabían del tema y son solo dibujitos, son renders en los cuáles no te explican nada”, definió el especialista. Según explicó, en todas las ciudades del mundo proyectos de este tipo están atados a la sostenibilidad ambiental. “Tiene que tener cierto marco ecológico. Tenés que incluir flora nativa para que convoque fauna silvestre porque es la que requiere menos mantenimiento y porque aporta a recuperar la biodiversidad perdida en la ciudad. Lo contemporáneo no es hacer edificios de 29 metros, cuánto más verde sea, es más amigable para que la población vaya. Se necesitan construcciones de bajo impacto como baños públicos o kiosquitos, no grandes torres. Más en una ciudad que tiene emergencia ambiental vinculada al espacio verde”, describió.

Silvia Agostinis es socióloga, magíster en políticas sociales y especialista en sociología urbana y explicó que la población que habita la Capital Federal se mantiene amesetada desde hace 70 años. Sin embargo, los permisos de construcción no dejan de crecer por lo que se acentúa la construcción de viviendas caras para inversión, como un refugio de valor, potenciando la desigualdad. “Desde 1947 no hemos superado los tres millones de habitantes. Los que dormimos en ella somos siempre la misma cantidad, después durante el día hay registros que llegan a entre cuatro y seis millones. Sin embargo, los permisos de construcción no han cesado de crecer. Realizamos una investigación en la que detectamos que se construye en los corredores más caros, sobretodo en el Corredor Norte, como se llama en el mercado de desarrolladores inmobiliarios. Es todo ese sector que va para la zona norte del Gran Buenos Aires, todo lo que es la costa, Costa Salguero y Punta Carrasco. Ahí se construye lo que se llama ‘premium’. Y la construcción es de uno y dos ambientes, no responde a una demanda de la familia. Es claro que es solamente para invertir, como un refugio de valor de la propiedad inmueble”, le dijo a este medio.

En ese sentido también se pronunció el arquitecto Rodolfo Macera, planificador urbano y profesor de la Facultad de Arquitectura de la UBA y director de posgrado en las universidades de Avellaneda y Quilmes, quien señaló que en la Capital Federal se da un fenómeno de “financiarización”. “Uno ve que se construyen departamentos de dimensiones que no tienen sentido a un valor que es absolutamente inaccesible para el 90% de la población. Sin embargo, es lo que más se construye y lo que está más vacío. ¿Cómo es? La ciudadanía no está demandando esto y no hay políticas públicas e institucionalización de acceso al derecho a la vivienda. Mientras tanto el mercado construye, como si apilara lingotes de oro, es casi una inversión financiera”, indicó el especialista a Tiempo Argentino. Según explicó, en la Ciudad hay entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas, un 24% del total. Eso se corresponde con las zonas donde más se construyó en las últimas décadas: sólo 10 comunas concentran el 90% de permisos de obra. “En la Ciudad, el mercado construye donde la población decrece. Que el mercado lo haga puede ser malo, ahora que el Estado se asocie al mercado para que con la tierra pública el mercado reproduzca y acentúe más esa tendencia es un gran desacierto. La tierra pública es de todos y el Estado en vez de ponerlo al servicio de las necesidades de la población, la pone al servicio de grupos de inversión a los que no les importa nadie”, detalló.