La alianza entre el gobierno porteño y el sector inmobiliario especulativo que busca imponer el proyecto Costa Urbana sufrió un fuerte revés este viernes, durante la primera jornada de audiencias públicas en la Legislatura, donde el oficialismo cosechó duras críticas por parte de vecinos, comuneros, organizaciones sociales, civiles y de profesionales.

Solo hicieron uso de la palabra unos 45 oradores de los 2600 inscriptos, por lo que se prevé un trámite extenso. Si bien la audiencia no es vinculante, es una instancia previa al tratamiento del convenio urbanístico entre la empresa IRSA y el Ejecutivo porteño, que ya cuenta con la aprobación en primera lectura, aunque con una mayoría discutida por la oposición. Ahora, restaría que la norma sea convalidada en una segunda lectura.

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Consultado por Tiempo, el legislador Javier Andrade, del Frente de Todos, celebró “la gran participación ciudadana, clave para darle visibilidad a la problemática. Después, el Ejecutivo está obligado a responder las inquietudes de los ciudadanos por escrito. No es la primera vez que se presenta un proyecto sobre este predio y siempre se logró frenarlo, incluso cuando había menos exposición. Probablemente, dentro del bloque de Juntos por el Cambio, que cruje con este tipo de temas, estén discutiendo esto”.

Apenas un puñado de personas se mostraron a favor del proyecto, básicamente funcionarios, representantes de consultoras, estudios de arquitectos y hasta referentes del barrio Rodrigo Bueno, lindero al predio en donde proyecto construir de torres de 45 pisos de altura.

A modo de presentación, el arquitecto Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño, expuso que “se trata de un terreno en la Costanera Sur de la Ciudad, propiedad de la empresa IRSA, que tiene más de 70 hectáreas de superficie y está en desuso desde hace casi 30 años”. Resumió que “en el ’64, el Congreso de la Nación se lo cedió sin posibilidad de venta al club Boca Juniors para que construyera una ciudad deportiva en un plazo de 10 años. En caso de incumplimiento, debía volver a la ciudad”.

El funcionario no ahorró chicanas: “Durante el menemismo, una nueva ley le permitió al club vender los terrenos. Fue así que las autoridades del club, Antonio Alegre como presidente y Carlos Heller, como vicepresidente y actual integrante de la lista de Todos en la Ciudad, vendieron el predio a la empresa Solares de Santa María S.A. en el año ’92. Hoy estamos recuperando ese predio, porque con este proyecto la empresa tiene que ceder a la Ciudad 48 hectáreas que se van a convertir en un gran espacio público sobre la vera del Río de la Plata”.

Emilio Rivoira, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, planteó que “por la escala, la magnitud de los derechos constructivos y la ubicación de esta parcela, el convenio urbanístico no es la herramienta idónea para su tratamiento”, y propuso otras alternativas “con una mirada urbanística integral de la ciudad y del ambiente”.

La defensora general de la Ciudad, Marcela Laura Millán, hizo hincapié en que “el estudio de impacto ambiental todavía no fue completado” y se preguntó si, a contramano de lo que propone la Constitución de la Ciudad, “¿este tipo de proyecto tiende a disminuir las asimetrías o las termina potenciando?”.

“Nos preocupan los humedales de la Costanera Sur, incorporados al sistema federal de áreas protegidas de categoría 4 de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y reconocidos en 2005 como sitio Ramsar y sitio Aica. Son humedales críticos y esenciales no solamente para esa zona sino para toda la ciudad de Buenos Aires”, advirtió la defensora general e insistió: “¿Cuál sería el costo del deterioro o la desaparición de los humedales si este proyecto, por la magnitud que tiene, pone en juego esta fuente tan importante de salud ambiental de la ciudad?”.

De la primera jornada de audiencias participaron varios integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que aportaron una mirada multidisciplinaria del asunto. El presidente de la entidad, el abogado Jonatan Baldiviezo, uno de los referentes de la Campaña por una Costanera Verde y Pública, apuntó a los argumentos esgrimidos “para justificar este delirio urbanístico, como que para recuperar la Costanera tenemos que ampliar el concepto de espacio público para habilitar la mixtura de usos; que las torres ayudarán a integrar las zonas de la ciudad; que tenemos que reivindicar Puerto Madero; o que la historia de la ciudad justifica este proyecto. En el fondo, la aprobación de este nuevo barrio suntuoso tiene como principal objetivo garantizar al jefe de Gobierno el financiamiento de su campaña presidencial en 2023, y que IRSA cubra los 700 millones de dólares que debe en Israel”.